Nueva Ley General de Contrataciones Públicas: un sistema reformulado | Un especial de eBIZ Noticias

Cuando el Congreso realiza cambios normativos, las empresas suelen esperar solo modificaciones en la aplicación de tal o cual proceso. En esta ocasión, sin embargo, estamos ante un nuevo enfoque, un cambio en el criterio con el que se ejecutarán las compras públicas. Este especial busca dar a conocer mejor cuáles son esos cambios, qué se espera lograr con su aplicación y cuáles son los aspectos por mejorar.
Nueva Ley General de Contrataciones Públicas: un sistema reformulado | Un especial de eBIZ Noticias

Desde el cierre de junio del 2024, el país tiene una nueva Ley General de Contrataciones Públicas [Ley N.º 32069]. Un texto compuesto por 100 artículos y 29 disposiciones complementarias que entrará en vigor por completo para marzo del 2025. La norma busca acelerar la ejecución de obras públicas y reducir la corrupción imperante. Para lograrlo se ha propuesto que los funcionarios apliquen nuevos enfoques. 

La nueva ley busca la estandarización de contratos, la implementación de una metodología de trabajo colaborativa para la creación y gestión de un proyecto de construcción o Building Information Modeling (BIM), la gestión de riesgos y la promoción del valor por dinero, resumió Jorge E. Huaripata, ingeniero civil que elabora contenido para Konstruedu.com.

El concepto de ‘valor por dinero’, es uno de los cambios más relevantes, porque se trata de un enfoque que busca no elegir lo más barato, como sucede hasta ahora, sino comprar lo más idóneo, aquello que ofrece más beneficios a largo plazo, coinciden los expertos de los distintos estudios de abogados en sus múltiples intervenciones públicas. 

Este principio implica una evaluación integral de las ofertas, valorando tanto el costo inicial como los costos de operación, el mantenimiento y los beneficios a largo plazo. En el reglamento, que debería salir a fin de mes, se deberán concretar los nuevos criterios a aplicar en la selección de un proveedor, con énfasis en la gestión por resultados, la gestión de riesgos, la gobernanza efectiva, y la profesionalización de los compradores públicos.

Huaripata destacó el uso del BIM en los expedientes técnicos de proyectos de construcción como una de las innovaciones más importantes de la nueva ley. “El Plan BIM Perú 2023 estableció la meta de actualizar las normas para el 2025, y la nueva ley sigue esta dirección. Esta ley también marca una base para la sólida transición a proyectos que se elaboren con BIM de forma obligatoria”, remarcó. El objetivo es reducir errores y omisiones en los diseños, mejorar la coordinación y optimizar la gestión de recursos, lo que implica tener una mayor previsibilidad de los plazos y unos costos más realistas a lo largo del tiempo.  

También destacó la introducción de los contratos estandarizados, utilizando modelos internacionales como NEC y FIDIC, lo que se espera ayude a reducir la corrupción en las contrataciones públicas y facilita la solución de controversias por la cantidad de herramientas que incluye. “Estos contratos estandarizados aseguran claridad y consistencia en los términos y condiciones, facilitando la gestión y ejecución de proyectos. La experiencia de los Juegos Panamericanos y la intervención de gobiernos extranjeros han demostrado la eficacia de estos contratos”, puntualizó.

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Nuevos conceptos

Desde el Estudio Echecopar comentaron en su portal que existen variedad de modificaciones adicionales, como la introducción de una nueva terminología para los procedimientos de selección y la definición como “contratos menores”, que no requieren concurso de selección, a los que son menores o iguales a 8 UIT (S/41 200). De igual forma, se incluye la modalidad de “Compra Pública de Innovación” (CPI), para cuando se requiera soluciones innovadoras, que impliquen investigación y desarrollo para su implementación.

Las entidades públicas deberán elaborar una “estrategia de contratación”, es decir un análisis integral de las variables que influyen al momento de elegir proveedor, explicaron. En el caso de las consultorías para obras públicas, la estrategia debe contener el análisis comparativo para elegir el sistema de entrega de la obra y qué incentivos se dan para reducir costos, mejorar plazos de entrega y diversos factores que eviten dejar paralizadas las obras.

Las licitaciones públicas o concursos públicos podrán estar a cargo de “jurados”, añadieron, y se establecieron nuevos supuestos para la contratación directa, además de cuando se declare una situación de “emergencia” que ponga en riesgo inminente la vida o integridad de las personas, el medio ambiente o el patrimonio cultural de la Nación. También se establecen nuevos métodos de pago para hacerlos más rápidos y eficientes.

Herramientas digitales

A nivel de nomenclatura también hay cambios. El Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) pasará a llamarse Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) y tendrá una función formativa más desafiante en la supervisión de los contratos y el rol formativo, porque se busca profesionalizar al personal que se encarga de la compra pública. Además, se deberán implementar nuevas plataformas y metodologías.  

La Central de Compras Públicas “Perú Compras” tendrá una modernización para agilizar los procesos de adquisición de bienes y servicios. Ahora se incorporará la nueva Plataforma Digital para las Contrataciones Públicas (Pladicop) un sistema electrónico que integrará la contratación y el registro de proveedores de las distintas entidades para lograr un seguimiento más detallado. El Pladicop incluirá la información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace) y el Registro Nacional de Proveedores (RNP), la plataforma para contratos menores y otros sistemas complementarios. Esto se implementará de forma progresiva. 

Valga recordar que, según declaró Francis Allison, alcalde del distrito de Magdalena del Mar en un informe del diario El Comercio, Perú Compras ha sido un dolor de cabeza desde su creación, sobre todo para los alcaldes, y requiere una completa reformulación, lo cual podría darse ahora. Las adquisiciones a través de dicha plataforma, dijo, representan aproximadamente la tercera parte del gasto total del Estado en la compra de productos y son limitantes para el funcionario, lo que resta en eficiencia. El trámite de registro se engorroso, añadió, dejando fuera a muchos proveedores. Esta nueva etapa deberá ser la oportunidad para replantear su funcionamiento y darle todas las mejoras que requiere, señaló.   

En el siguiente especial queremos ahondar un poco en los cambios introducidos con la nueva ley, conocer los reparos que algunos gremios tienen para algunos artículos de la norma y ayudar a entender mejor que toca hacer para contratar con el Estado cuando entre en vigor.

Conoce las opiniones de diversos especialistas, gremios e instituciones sobre el tema haciendo clic en los siguientes botones:

La norma busca maximizar el uso de los recursos públicos en las contrataciones de bienes, servicios y obras de organismos y divisiones del Estado y acelerar la ejecución de las obras públicas.

“La nueva norma, introduce el ‘valor por dinero’ como principio transversal al procedimiento de compra. Este principio dispone que se contrate considerando la calidad, la sostenibilidad de la oferta y la evaluación de los costos y plazos entre otros aspectos vinculados, y que no solo considerar el precio”. 

Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE)

Un aspecto negativo es que se podría limitar la capacidad del contratista para cuestionar las decisiones del Estado el contar con una exigencia de una contra cautela a favor de la entidad, como condición para presentar una medida cautelar ante el Poder Judicial si se decide resolver el contrato.

Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú)

“Se ha incluido la presentación de contra cautela para resolver un contrato, que es una norma inconstitucional. Esto genera un gran perjuicio porque no se presentarán empresas al estar en indefensión ante el Estado”.

Dr. Raúl Barrios Fernández-Concha, Cámara de Comercio de Lima

“La transparencia no solo es darte la información, sino trasladártela en un formato al que puedas acceder, que puedas utilizar, que te puedas ser útil para los fines que consideres convenientes”.

Carlos González Prada, Hernández & Cía

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Carlos González Prada tiene 15 años de experiencia en sectores regulados como telecomunicaciones, medios de comunicación, educación, salud y transporte. Trabajó diez años en el estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU) para la oficina de Perú y cuatro años en Nextel. Desde junio del 2023 lidera el equipo de las áreas de Derecho Público, Regulatorio y Telecomunicaciones, Medios y Tecnología del estudio Hernández & Cía.

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