La Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) es una organización industrial con más de 40 años de historia, que incluye a empresas públicas y privadas ligadas al sector telecomunicaciones del continente americano. Son miembros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y cooperan con instituciones internacionales como CEPAL, el Pacto Global de Naciones Unidas y la CAF, entre otras.
¿Por qué es importante que un país como el Perú tenga una PNTD de cara al 2030?
La transformación digital puede contribuir con el crecimiento económico y social de los distintos actores de nuestra sociedad y para ello resulta necesario que el servidor o funcionario público interiorice su rol central en el proceso de creación de valor público. Dichos actores deben incorporar de manera responsable, continua y sistematizada las distintas herramientas que nos viene ofreciendo el ecosistema digital.
En este sentido, saludamos al Gobierno Peruano por la aprobación de la PNTD así como de otras iniciativas emitidas recientemente relacionadas con el cierre de la brecha digital en el país, las cuales podrán generar de manera transversal un mayor desarrollo económico y crecimiento social. Asimismo, llamamos a la reflexión a todas las instituciones del Estado para lograr un alineamiento e interacción efectiva con este objetivo común incentivando propuestas normativas que vayan acorde con las tendencias en materia digital.
A manera de ejemplo, podamos mencionar la tendencia mundial de utilizar inteligencia artificial en procedimientos de atención al cliente logrando un mayor aprovechamiento de la tecnología. En este caso, y, sin la necesidad de establecer mayores espacios físicos, se puede lograr un mayor aprendizaje automático para brindar experiencias personalizadas y predictivas, la integración de canales en línea y fuera de línea para brindar un recorrido del cliente fluido y el uso de comentarios y datos de los clientes para impulsar la mejora continua.
Por lo tanto, resulta importante incidir en la uniformidad de políticas en materia digital en todos los sectores del Gobierno y poderes del Estado con el objetivo de promover la conectividad a través de proyectos que generen incentivos para los habilitadores de redes.
¿Coincide con el plan propuesto o qué sugeriría a la Secretaría encargada de la supervisión del mismo? ¿Qué no debería suceder?
El papel de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD) es crítico para lograr la sensibilización y articulación entre los distintos actores y conseguir los objetivos planteados en la política. Para impulsar el plan serán necesarios nuevos planteamientos en materia de políticas, inversiones complementarias y fortaleza institucional.
La labor de articulación eficaz constituye uno de los principales ejes de desarrollo de la política. Caso contrario, cada institución del gobierno simplemente digitalizaría sus trámites e implementaría políticas sin coordinación alguna, lo que podría generar procesos engorrosos para la ciudadanía sin ningún tipo de incorporación de procesos digitales y sin un marco legal que brinde seguridad jurídica a los distintos actores.
¿Qué tiene que hacer la Secretaría y el sector privado para que esto no se quede en buenas intenciones?
Es muy relevante la organización de espacios en los que se promueva la discusión temprana entre el sector público y privado para la implementación de proyectos que contribuyan con los objetivos de la PNTD. Todo esto en conjunción con el incentivo de inversión de los operadores de telecomunicaciones para aumentar el despliegue de redes, la cobertura, la prestación de servicios y la mejora en tecnología para el desarrollo digital del país. Las políticas públicas deben acompañar este camino promoviendo escenarios de innovación, mejora regulatoria y colaboración entre los sectores públicos y privado bajo esquemas de transparencia, certidumbre y seguridad jurídica.
Cabe agregar que la OCDE señala que el gobierno digital (a diferencia del gobierno electrónico), se basa en un ecosistema compuesto por agentes de la administración, organizaciones no gubernamentales, empresas, asociaciones y particulares que facilitan la producción de datos, servicios y contenido, y el acceso a estos, mediante interacciones con los organismos públicos.
Es muy relevante tener en consideración que las redes de telecomunicaciones son la base de la transformación digital y que, de acuerdo con información provista por el BID, en promedio el 75% de la inversión en telecomunicaciones es privada, por tanto, el rol de la industria es central y fundamental para la efectiva transformación digital inclusiva que persigue el Estado.
“Resulta importante incidir en la uniformidad de políticas en materia digital en todos los sectores del Gobierno y poderes del Estado con el objetivo de promover la conectividad“.
¿Considera que es posible concretar los objetivos de la PNTD sin un presupuesto adicional? ¿Qué recomienda? ¿Cómo ha sido la implementación de políticas en otros países de la región?
Para concretar los objetivos de la PNTD se requiere de una planificación estratégica entre los marcos generales establecidos en los planes nacionales de desarrollo y las agendas digitales más específicas de las instituciones.
La entidad a cargo de dicha administración debería contar con las facultades suficientes que le generen fortaleza e independencia institucional para proponer y articular dichos cambios estructurales establecidos en la política con las distintas entidades del gobierno, en donde el papel de los gobiernos municipales o regionales es muy importante. En este sentido, para que pueda generarse un buen modelo de gobernanza deben considerarse un conjunto de factores (beneficiarios, focos estratégicos, resultados, etc.) y encontrarse en capacidad de dirigir una interacción eficiente para el cumplimiento de los objetivos.
El BID elaboró una Guía de Transformación Digital de Gobierno en la que se establece que la gobernanza e institucionalidad de la transformación digital debe estar a cargo de una fuerte institución rectora cuyo cometido es general -no atado a ningún sector- y debe tener mandato, poderes, el talento humano y el presupuesto para responder al gran desafío de impulsar la transformación digital. Debe contar con un presupuesto suficiente para financiar toda su agenda, contratar el personal y los servicios necesarios, y financiar o ejecutar proyectos TIC en otras entidades.
La crisis económica de América Latina y el Caribe en 2020, mayormente causada por el impacto del Covid-19, dio pie a que algunos países apuesten en mayor grado por la generación de políticas o proyectos de transformación digital con la finalidad de fomentar la creatividad y el crecimiento sostenible. Por un lado, podemos destacar a Chile que tiene intenciones de convertirse en el hub digital de América Latina con el impulso del despliegue de la tecnología 5G, mientras que Colombia presenta esquemas muy novedosos de soluciones de nube en el sector público y emisión de lineamientos con criterios de uso de inteligencia artificial, protocolos de ciberseguridad y gestión de datos.
¿El problema de deficiente infraestructura para reducir la brecha digital se resuelve con una política impresa? ¿Cómo ha sido en otros países? ¿Qué buenas prácticas podemos seguir como ejemplo?
Si bien en los últimos años se han desplegado significativos avances en el despliegue de fibra óptica e instalación de nuevas estaciones base, el Perú aún debe enfrentar una brecha de infraestructura relevante sobre todo en zonas rurales donde persisten otros retos como la provisión de energía eléctrica y el acceso de carreteras. De acuerdo con el MTC para el IVT del 2022 había en el Perú de 29 millones de líneas con conexión a internet móvil y 87 abonados por cada 100 habitantes en promedio a nivel nacional. Con porcentajes de 96% en Lima y 115,5% en Madre De Dios. Este número baja a 59,9% en Amazonas. La dificultad geográfica y la baja densidad poblacional requiere políticas públicas efectivas. En este sentido la OCDE señala que “El fomento de la inversión para reducir cuellos de botella en las infraestructuras, a través de políticas sólidas e incentivos normativos, debe constituir una prioridad de los gobiernos”. En este sentido, se requieren de incentivos y criterios para los habilitadores de redes, por ejemplo, el establecimiento de regímenes diferenciados en zonas rurales y urbanas para el despliegue de infraestructura.
Adicionalmente existe un volumen importante de obligaciones regulatorias para los operadores de telecomunicaciones (cuyo incumplimiento acarrea sanciones) y esto no guarda relación con el crecimiento de la intensidad competitiva en el mercado. Esto puede ralentizar la implementación de proyectos de despliegue de infraestructura en telecomunicaciones. En esta línea, se hace necesaria la revisión de la actual carga regulatoria y continuar con los procesos de simplificación y mejora regulatoria en sentido amplio para hacer más eficientes los desarrollos de expansión de redes.
Saludamos la propuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de diseñar e implementar una “burbuja regulatoria”, de carácter temporal y similar a la figura de sandbox regulatorio, que se aplique a casos particulares que eximan a los operadores de algunas obligaciones. Estas iniciativas deberían replicarse en el cumplimiento de la PNTD. Debemos resaltar los impactos positivos que ha tenido la implementación de este tipo de medidas en la región.
Específicamente, en Colombia, se implementaron los sandboxes regulatorios como mecanismos exploratorios de regulación que permitieron a las empresas implementar proyectos, sin incurrir inmediatamente en todas las consecuencias regulatorias normales de participar en la actividad correspondiente.
¿Qué debería pasar en el Congreso, que dicta las leyes, para que no se vaya en contra de esta PNTD?
Tal como mencionamos, resulta fundamental un trabajo de sensibilización y alineamiento en las distintas entidades y poderes del Estado. Para esto, la entidad a cargo de la gobernanza de la PNTD debe poseer una fortaleza institucional que la faculte a organizar actividades con la Administración Pública, las empresas, sociedad civil y la academia, transmitiendo de manera eficiente los pilares estratégicos incluidos en la PNTD: conectividad, educación, gobierno y economía digital. Dichas actividades deben estar enfocadas en hacer frente al problema público de bajo ejercicio de la ciudadanía digital identificado en la PNTD, así como el impulso a la conectividad, la cultura ciudadana para la innovación y la gestión ética e inteligente de los datos, las tecnologías digitales y la inteligencia artificial.
