Marushka Chocobar, consultora internacional en transformación digital e inteligencia artificial (IA) con enfoque en el diseño de políticas públicas, marcos regulatorios y servicios. Fue secretaria de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) durante cinco años (2018-2023), en donde lideró la formulación de la Política Nacional de Transformación Digital, la promulgación de la Ley de Transformación Digital, el Marco de Confianza Digital y la Ley de Inteligencia Artificial en el Perú.
Actualmente, es Directora Independiente en Perú Sostenible, Shift y Foro Innovación, presido el Comité de Economía de ICC Perú, consejera en ética en inteligencia artificial y consultora senior en organizaciones internacionales como el Banco Mundial y la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en GovStack, una iniciativa que busca ayudar a los gobiernos a diseñar, construir y escalar servicios públicos digitales de manera más eficiente, segura e interoperable en todo el mundo, con especial presencia en África. En esta entrevista hace un balance de su gestión y una mirada a qué se debe hacer en los próximos años.
¿Cómo ha evolucionado la conectividad en los últimos 25 años ? ¿Cuáles son los principales cambios que ha observado en los consumidores?
En los últimos 25 años, el Perú ha transitado de una brecha de acceso a un desafío más complejo: calidad, confianza y capacidad digital para personas, empresas y el Estado. Si bien, no hemos resuelto aún el acceso universal, según reportes del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), hemos logrado pasar de menos de 1.000 conexiones de Internet fijo y menos de 50 mil líneas móviles a bordear 4 millones de conexiones de internet fijo y 42 millones de líneas móviles al cierre de 2024.
Este cambio ha modificado profundamente la relación de las personas con el mercado, con el Estado y con los servicios en general. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el primer trimestre de 2025, el 58,9% de los hogares tenía internet en casa, el 79,0% de la población de 6 años a más usó internet y el 89,5% de los hogares dependió únicamente del celular evidenciándose aún la fuerte brecha entre las zonas urbanas y rurales.
Por otro lado, ese cambio también se notó en la calidad. Osiptel reveló que, en 2025, el desempeño promedio de internet móvil 4G llegó a 77,88%, con 12,10 Mbps de descarga y mejor latencia. Es decir, que las personas hoy evalúan velocidad, cobertura, seguridad, continuidad y experiencia de uso. Más aún con la expansión de la inteligencia artificial, esa exigencia crecerá, porque el estándar ya no se definirá por acceso, sino por capacidad de respuesta y confianza en el entorno digital.
Ello significa que la conectividad ya funciona como infraestructura crítica para la economía, los servicios públicos y el día a día de las personas y que estará cada vez mayor valorada en los espacios económicos y sociales tal como lo establece la ciudadanía digital en la Política Nacional de Transformación Digital.
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¿Cómo ha evolucionado el sector? ¿Qué cambios hubo en las políticas públicas?
El sector evolucionó de forma estructural: dejó de girar alrededor de telecomunicaciones y equipamiento y pasó a organizarse como un ecosistema digital donde convergen identidad digital, interoperabilidad, datos, servicios, pagos, confianza digital e inteligencia artificial.
La política pública también cambió de escala: antes se hablaba de proyectos dispersos y aislados y hoy se habla de gobernanza, infraestructura pública digital, arquitectura institucional y competitividad. Esa evolución se reflejó en la Ley de Gobierno Digital y luego en las Leyes de Transformación Digital y Confianza Digital. Esta regulación creó el Sistema Nacional de Transformación Digital con participación del Estado, las empresas, la academia y la sociedad civil y habilitó la promulgación de la Política Nacional de Transformación Digital.
¿Qué se hizo desde la SGTD mientras estuvo ahí?
Durante mi gestión en la PCM, mi prioridad fue ordenar esa evolución sobre tres planos: estratégico, rector y ejecutor, para que la transformación digital dejara de ser una suma de iniciativas y se convirtiera en una política de Estado.
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En el plano estratégico, la prioridad fue alinear la agenda digital con la ruta de desarrollo del país. En el plano rector, consolidar un marco regulatorio sólido que garantizara la sostenibilidad de las reformas. En el plano ejecutor, construir capacidades institucionales, plataformas nacionales y una infraestructura pública digital que permitiera al Estado y al sector privado desplegar servicios de mayor valor.
Para mí, ese proceso siempre tuvo un sentido de desarrollo: que la transformación digital sirva para cerrar brechas, ampliar oportunidades y construir un entorno digital más seguro, inclusivo y útil para las personas, con especial atención a mujeres, población rural, personas con discapacidad y hogares en situación de vulnerabilidad.
Cuando hoy puedo comparar al Perú con otros países de América Latina y con experiencias fuera de la región, encuentro una diferencia importante: el país construyó una arquitectura pública relativamente consistente, que aún con las brechas y retos territoriales, es una referencia útil para procesos que aún están en etapa de maduración. Esa base permitió que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ubique al país entre los cinco mejores desempeños de América Latina en gobierno digital, con resultados destacados en Digital by Design, Data-driven public sector y en la dimensión User-driven. Esa base también se refleja en los indicadores globales: en 2024, Naciones Unidas ubicó al Perú en el puesto 58 del mundo y en el grupo de muy alto desarrollo digital, con un Índice de desarrollo en E-Gobierno (EGDI) de 0,8070.
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Entonces el siguiente desafío ya no está tanto en crear más regulación, sino en llevar esa arquitectura con mayor intensidad a gobiernos regionales y locales, acelerar la adopción empresarial y asegurar que el avance de la inteligencia artificial se incorpore con productividad, ética y protección de derechos.
¿Qué avances se han dado en despliegue de infraestructura y que puede estar faltando para sacarle provecho?
Creo que Perú ya ingresó a una etapa más madura de infraestructura digital, aunque aún con fuertes retos. Según informes del Osiptel, al cierre de 2025, el país alcanzó 4,38 millones de conexiones de internet fijo y la fibra óptica representó 82,47% del mercado; fuera de Lima y Callao, la fibra llegó a 1,73 millones de conexiones. Además, en 2023 se abrieron espacio para financiamiento de escala con el Proyecto de Transformación Digital con Equidad del BID por más de US$70 millones y con el Programa de Transformación Digital con KfW, hasta por 300 millones de euros, ambos para escalamiento de plataformas digitales nacionales transversales como Gob.pe, la Plataforma Nacional de Gobierno Digital, el Centro Nacional de Seguridad Digital y bloques de interoperabilidad como Firma Perú e ID Gobpe que a su vez abren espacio para una infraestructura pública digital.
Si comparamos este proceso con otros países de América Latina, encontramos que varios aún buscan articular infraestructura, financiamiento y política pública. Perú ya cuenta con esa base. El reto actual está en convertir esa inversión en productividad, servicios públicos de mayor calidad e inclusión territorial con atención prioritaria a poblaciones vulnerables, en línea con la Política Nacional de Transformación Digital
¿Cuál es su evaluación de la situación actual del consumo TI en el sector corporativo y el ciudadano? ¿Qué necesitan, qué les falta y cómo conseguirlo?
Para hacer esta evaluación debemos tener una mirada integral: conectividad, pagos digitales, nube, datos, seguridad digital, automatización e inteligencia artificial. Del lado de las personas, según el BCRP, Perú muestra una adopción importante: en 2025 alcanzó 665 pagos digitales por adulto, con un aumento de 45,8% respecto de 2024, impulsado sobre todo por billeteras digitales.
Según Osiptel y el EY Peru FinTech Index 2024, en el lado empresarial, también se observa mayor sofisticación del ecosistema digital: al cierre de 2025, el segmento de internet comercial sumó 214.856 conexiones, equivalentes al 4,91% del total nacional; y, a diciembre de 2024, el Perú registraba 237 fintech, de las cuales 25% operaba en pagos y transferencias y 23% en préstamos.
Del lado corporativo, la evaluación debe concentrarse en el avance del comercio electrónico, seguridad digital, computación en la nube, capacidad de procesamiento de datos, aplicaciones concretas, upskilling y reskilling para las personas ante el avance de la inteligencia artificial. Estas son dimensiones que, según INEI, ya forman parte de sus estadísticas empresariales. En Sudamérica, el Perú aparece como un caso destacado en interoperabilidad de pagos y uso cotidiano de soluciones digitales.
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Mi evaluación es que en el Perú, la ciudadanía digital ha avanzado con más rapidez que la madurez digital de muchas organizaciones públicas e incluso privadas; por eso la brecha principal ya no está en acceso, sino en mayor valor en el uso. El siguiente paso exige elevar esa madurez digital comenzando por fortalecer la identidad digital y la seguridad en Internet, con una agenda activa para mujeres en tecnología, protección de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores de los riesgos digitales y para grupos que enfrentan mayores barreras de acceso.
¿Qué opina sobre la evolución de la Red Dorsal en el tiempo y cuál es la salida a los problemas que la aquejan? ¿Qué debería hacerse con ella?
La Red Dorsal nació con un sentido estratégico, pero el problema ha radicado en el modelo de gestión y en la baja utilización efectiva. Aunque el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que la capacidad contratada creció 195% desde enero de 2022 y que ya existían 51 clientes con contrato, el Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) reportó que a marzo de 2025 la red tenía alrededor de 106 Gbps contratados y apenas 25 Gbps de uso promedio, es decir, cerca de 24% de utilización.
Por eso, mi recomendación es una decisión de Estado: o se corrige de inmediato el modelo de gestión con metas de uso, calidad y sostenibilidad que sean exigibles, o se concesiona o reemplaza el esquema actual en función de lo que genere mayor valor para el país.
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En esa línea se podría primero: mejorar la gestión con un operador altamente especializado y con exigencia de metas de tráfico, calidad y sostenibilidad; segundo, si esa vía no resulta en un plazo corto, concesionarla mediante un proceso competitivo; y tercero, no descartaría una transferencia más amplia del modelo si la evaluación económica revela que esa opción genera mayor valor público.
Mi posición es que el Estado no debe seguir administrando indefinidamente una infraestructura subutilizada; debe elegir el esquema que asegure uso efectivo, sostenibilidad y servicio para educación, salud, seguridad y territorios con mayores brechas, que es para lo que fue implementada.
¿Cómo se podría optimizar el uso de nuevas tecnologías en las empresas? ¿Cómo vislumbra el futuro en términos de conectividad, industria 4.0, IA y computación cuántica en nuestro país?
En las empresas, la optimización empieza cuando la transformación digital, más que la tecnología en sí, pasa a formar parte de la estrategia de negocio, de la productividad, de la trazabilidad y de la gestión del riesgo. Perú ya dio señales institucionales importantes: alcanzó el puesto 59 de 195 en el Government AI Readiness Index 2025, y el país ha anunciado una línea de trabajo pública en tecnologías cuánticas alineada con la Política Nacional de Transformación Digital. Habría que observar los resultados de dicho proceso.
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Además, el Banco Mundial plantea que los ecosistemas de IA inclusivos requieren cuatro bases: conectividad, capacidad de cómputo, datos de contexto y competencias; y recuerda que, incluso en economías OCDE, la adopción empresarial de IA sigue en fase temprana frente a tecnologías más difundidas como la nube.
¿Qué necesitamos hacer como país para estar en un nivel competitivo y cumplir con las metas que diseñaron en la Secretaría en 2023 para el 2030?
Frente a buena parte de América Latina, el país tiene una base de gobernanza más robusta; frente a Europa y Asia, la distancia todavía aparece en talento avanzado, infraestructura de datos y escala empresarial.
Para llegar en una posición competitiva al 2030, el país necesita fortalecer su participación en los espacios de discusión sobre el avance de la inteligencia artificial y su aplicación en nuestros contextos; potenciar la industria tecnológica, facilitar las condiciones tributarias para atraer implementaciones de centros de datos internacionales, fortalecer las acciones de seguridad digital, impulsar el talento digital en el Estado y para las personas y aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial en salud, educación, justicia, seguridad ciudadana y servicios públicos que impacten en la vida de las personas. Esa ruta debe incorporar más mujeres en sectores STEAM y mejores protecciones para niñas, niños, adolescentes y adultos mayores en el entorno digital.
¿Qué necesitamos hacer para seguir creciendo y conquistando otras realidades?
El Perú ya tiene una base institucional importante. La Política Nacional de Transformación Digital al 2030 ordenó una agenda país para conectividad, economía digital, gobierno digital, talento, confianza e innovación y además se aplica al Estado, al sector privado, a la academia, a la sociedad civil y a la ciudadanía. A ello se suma que, según la Ley 31878 que incorporó el artículo 14-A de la Constitución, el Estado garantiza, a través de inversión pública o privada, el acceso a internet libre en todo el territorio nacional, con especial énfasis en zonas rurales, comunidades campesinas y nativas.
Hoy, en mi trabajo con países que aún consolidan su gobernanza digital, observo que la experiencia peruana tiene valor como referencia regulatoria, institucional, de implementación transversal y de diseño de servicios para las personas. En varios países de África que hoy maduran sus procesos digitales, la experiencia peruana sirve como referencia para pensar en sistemas de gobernanza y servicios centrados en las personas, muchas veces con apoyo de fondos multilaterales de desarrollo.
Por eso, el próximo gobierno debe asumir esta agenda como una prioridad de Estado desde el inicio, con presupuesto, liderazgo político y capacidad de ejecución territorial. Según INEI, la urgencia sigue siendo alta: en el primer trimestre de 2025, el acceso a internet en el hogar alcanzó 80,3% en Lima Metropolitana, pero apenas 20,5% en el área rural. Por ello, el nuevo gobierno debe priorizar conectividad en todo el territorio nacional, servicios públicos digitales proactivos y ojalá predictivos para las necesidades de las personas, empleo impulsado con conocimientos aplicados de inteligencia artificial, protección de poblaciones vulnerables, mayor participación de mujeres en tecnología y entornos digitales más seguros para niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.
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Considero que solo conquistaremos otras realidades si logramos convertir la visión de la Política Nacional de Transformación Digital en decisiones de Estado que finalmente tengan resultados para las personas.
¿Cómo se imagina que será el panorama en los próximos 25 años? ¿Para qué tenemos que estar preparados?
Para los próximos 25 años, la conectividad, nube, identidad, pagos, seguridad e inteligencia artificial operarán como una sola capa de infraestructura digital. En Perú debemos avanzar hacia conectar esas condiciones en las capas económicas y sociales de forma que generen progreso sostenido para las familias a nivel nacional.
En otras regiones esto ya viene ocurriendo: Europa lidera en madurez de gobierno digital y las economías más avanzadas analizan capacidad de cómputo para responder a las demandas y avances tecnológicos, resiliencia y soberanía digital; aún cuando el Banco Mundial advierte que la adopción de inteligencia artificial sigue baja incluso en la OCDE y revela que el principal problema está en datos, nube y capacidades institucionales y humanas.
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Según Naciones Unidas, esa comparación ya se puede medir: en 2024, el Perú registró un EGDI de 0,8070 y el puesto 58 global; Europa promedió 0,8493 y las Américas 0,6701, lo que muestra que el país está bien posicionado en la región, aunque todavía con distancia frente a los entornos de mayor madurez digital
Para Perú, este panorama y está visión de futuro implica acelerar su preparación para competir en otros niveles con confianza, garantía de interoperabilidad público y privada, seguridad y talento digital y uso productivo y ético de la inteligencia artificial.
Desde mi perspectiva, generará mayor valor aquel país que logre convertir la potencia de las tecnologías y la transformación digital integral en bienestar, en productividad y en crecimiento para su población. El Perú tiene condiciones para estar en ese grupo, pero ello exige decisión política, respaldo presupuestal y garantía de sostenibilidad en favor de la ciudadanía.
