Los grandes ideales no siempre son fáciles de concretar. En el caso del sueño de tener a todo el continente conectado a Internet ha sucedido, en buena medida, se ha quedado muchas veces en buenas intenciones con una ejecución limitada.
Según un estudio elaborado por la asociación de operadores de telecomunicaciones GSMA, antes de la pandemia se tenía que la ejecución de los Fondos de Servicio Universal (FSU) de la región, creados con el fin de eliminar la brecha digital, se habían ejecutado solo en un 43%, es decir más de la mitad (57%) no se habían ejecutado. La cifra era superior al 49% no ejecutado del 2017, lo que evidenciaba un retroceso en la capacidad de poner en marcha los proyectos.
La solución a esta problemática es compleja y no existe una receta perfecta con resultados al 100% de eficiencia y aplicables a todos por igual, advirtió Felipe Otero, exvicepresidente para América Latina y el Caribe de 5G Americas, quien considera que es esencial reducir la pobreza para poder incrementar la conectividad. «La cobertura sin iniciativas para reducir la pobreza y educar sobre los beneficios de la tecnología sirve muy poco para acabar con la brecha digital», remarcó.
De hecho, GSMA ha advertido en su reporte «Brechas de conectividad en América Latina. Una hoja de ruta para Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y Ecuador», que el problema principal en la actualidad no es la brecha de oferta (o de cobertura) de internet en la mayoría de los países, sino la demanda. La brecha de cobertura está en 7% en promedio en la región, mientras que el 31% de los desconectados viven en zonas urbanas o rurales con cobertura de internet. Ellos no se conectan porque carecen de habilidades digitales o no poder comprar un smartphone. En Perú, la brecha de uso de internet móvil es del 40%.
Avances en conectividad han existido en América Latina, sin duda. Entre 2014 y 2021, el número de ciudadanos de la región con acceso a internet móvil prácticamente se duplicó, pasando de 220 millones a casi 400 millones, respectivamente. Sin embargo, pese a la existencia de los FSU, todavía existen unos 230 millones de personas que no acceden a internet móvil y 190 millones de esos ciudadanos están en zonas con cobertura. Lograr conectarlos será cada vez más complejo.
Cuando recién se crearon los FSU en la región, la prioridad era llevar la señal a la mayor cantidad del territorio. Pero ahora la brecha de cobertura ya no es el gran desafío y los esfuerzos se deben focalizar a zonas remotas o de geografía muy compleja, que son la minoría, y reducir la brecha de demanda o uso entre los ya conectados, señalaron desde la GSMA.
Desafíos y barreras
Los proyectos de Fitel, en una primera etapa, ya evidenciaban numerosos problemas tanto en el diseño de estos como en la implementación, según los informes elaborados por Osiptel. Muchos de los proyectos se diseñaron sin indicadores de impacto de los servicios suministrados, se carecía de datos sobre los usos dados a los servicios en zonas rurales y no se tenían estudios de factibilidad previos que aseguraran su sostenibilidad. Ya desde entonces existían controversias sobre la sostenibilidad de la estrategia de acceso universal en las áreas rurales.
Posteriormente se dejó de lado la instalación de teléfonos públicos y se pasó al montado de redes de fibra óptica, pero la controversia no cesó. El diseño de los contratos era muy rígido o con vacíos y muchos de los proyectos se llenaron de adendas (más de 270 hasta 2023) agregando colegios por conectar, cambiando rutas o detalles técnicos, además de pedir ampliaciones de plazos que implicaron un retraso, en promedio, de tres años por proyecto.
«Se deben estudiar las necesidades de cada localidad para determinar cuál es la alternativa tecnológica, más costo eficiente, para ofrecer servicios y llevar cobertura a zonas remotas y rurales».
Felipe Otero, exvicepresidente para América Latina y el Caribe de 5G Americas
En la región también se han presentado muchos inconvenientes y desafíos. El estudio de GSMA establece que los FSU han tenido un deficiente uso de los fondos recaudados, con una ejecución de proyectos sin completarse, dejando buena parte de los fondos inactivos. Hay varios modelos que buscan lograr la conectividad, pero en la mayoría de las iniciativas el financiamiento es con el dinero aportado por los operadores móviles, no por el Estado.
En Estados Unidos, sin embargo, ya se está discutiendo la posibilidad de ampliar la base de contribuyentes e incluir a los otros actores del ecosistema, como los servicios Over The Top (OTT) Netflix, Uber, entre otros. No se puede ignorar, advirtieron, que los ingresos de los operadores telecom se han reducido, mientras que los ingresos de los proveedores de servicios digitales han aumentado.
Maryleana Méndez, secretaria general de ASIET, comentó que los citados fondos adolecen de numerosas dificultades y deficiencias que es preciso superar. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), indicó, ha identificado que el 75% de los FSU del continente americano registra un nivel de utilización relativamente bajo. «También predomina una falta de información y transparencia respecto a la eficiencia en la ejecución de los recursos, lo cual, impide saber exactamente qué tanto del dinero gastado se traduce en mejoras de la conectividad», comentó.
GSMA citó en su estudio un análisis econométrico de la ONU en donde se estableció que los efectos agregados de los FSU sobre la conectividad a Internet eran nulos o incluso contraproducentes, por lo que requieren ser reformados tanto en su modelo de financiación, como en la ejecución de inversiones y la evaluación de resultados. Tradicionalmente, la principal herramienta de política pública para cerrar la brecha de conectividad han sido los FSU. Sin embargo, es evidente que no han sido un mecanismo efectivo para cerrar la brecha, concluyeron.
| Año | Ejecutados | No ejecutados |
|---|---|---|
| 2017 | 51% | 49% |
| 2018 | 54% | 46% |
| 2019 | 43% | 57% |
El camino de solución
Según el estudio de GSMA sobre las brechas de conectividad en América Latina, para cerrar completamente la brecha es necesario impulsar la oferta y la demanda de internet. En términos de infraestructura calcularon que para alcanzar un 99% de cobertura poblacional con redes 4G se requería entre US$1,200 y US$3,500 de financiación adicional por persona cubierta.
Además, para alcanzar una conectividad universal sería necesario impulsar la demanda a través de programas de capacitación digital y cubrir total o parcialmente el costo de los dispositivos y del servicio para ciudadanos de bajos ingresos, con un costo estimado promedio de entre US$50 y US$360 por persona adicional conectada.
Tal como vienen operando los fondos no se lograrán los objetivos de la UIT (100% de conectados al 2030). Según GSMA se necesitan reformas urgentes en su modelo de financiación y ejecución, por eso proponen variar la gestión de espectro, buscando la colaboración entre actores del ecosistema digital, tal como se hace con «Internet para Todos» en Perú y el Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones en Chile, que incluye financiamiento estatal.
Lo recomendable, dijeron, es impulsar la demanda eliminando impuestos a la conectividad, considerar soluciones alternativas para ampliar la cobertura, ampliar la base de contribución de los FSU incluyendo a otros agentes del ecosistema digital de Internet y maximizar la efectividad de las inversiones.
La Hoja de Ruta para lograr la conectividad universal incluye cuatro pasos, según GSMA, que cubren desde la oferta hasta la demanda. Parten por proponer considerar la eliminación del impuesto general a las ventas a los dispositivos y planes para personas de bajos ingresos. Además, proponen mejorar las tasas de desembolso, seleccionar proyectos basándose en evaluaciones de inversión sistemáticas (por ejemplo, personas conectadas por dinero invertido) y medir la eficiencia de los programas para incorporar herramientas adicionales de decisión.
Otro ejemplo para considerar es el trabajo en Costa Rica, que como empezó después (2009), aprendió de los fallos evidenciados en los fondos que nacieron en la década de los ochenta e incluyó el subsidio de entre el 40% y el 80% de la factura de internet en hogares con situación de pobreza, explicó Maryleana Méndez. A su entender, es vital tener una acción público-privada que emplee de forma inteligente las tecnologías, un Estado que fomente los mecanismos que faciliten el despliegue de infraestructura con reglas claras y simples, eliminando cargas regulatorias excesivas y eliminación algunas tasas o impuestos.
Pero eso no es todo. «Se deben estudiar las necesidades de cada localidad para determinar cuál es la alternativa tecnológica, más costo eficiente, para ofrecer servicios y llevar cobertura a zonas remotas y rurales. Una vez que se concluye esta fase, la más fácil, se debe educar a las personas sobre los beneficios de estar conectado. Asimismo, se tienen que desarrollar políticas que busquen reducir la pobreza y viabilicen que las personas de menor poder adquisitivo puedan costear los servicios de telecomunicaciones», remarcó Otero. Sin presupuesto familiar para el equipo y el servicio por encontrarse sin cubrir las otras necesidades básicas, como la alimentación, la brecha no se cerrará.
| País | Contribución | Detalles adicionales |
|---|---|---|
| Argentina | 1% de los ingresos netos de los licenciatarios TIC. | Hasta un 30% posible de pagar en proyectos previa aprobación y sujeta a condiciones. |
| Brasil | 1% de los ingresos brutos de operación provenientes de la prestación de servicios de telecomunicaciones en regímenes públicos y privados. | • 50% del Fondo de Inspección de Telecomunicaciones, FISTEL (con límite máx. de 700M Reales). • Ingreso por transferencia de concesión, permiso o autorización de servicio de telecoms o uso de radiofrecuencias, a pagar por el cesionario. |
| Colombia | 1.9% de ingresos brutos de todos los proveedores de redes y servicios de Telecomunicaciones. | • Contraprestación económica por la utilización del espectro radioeléctrico, de la cual el 60% podría ser pagada en obligaciones. • Multas y sanciones pecuniarias que MinTIC, CRC y ANE impongan a proveedor de redes y servicios de comunicaciones. • Posible asignación de partida de presupuesto nacional. • Derechos, tasas y tarifas recibidas por concepto de concesión, uso de frecuencias y contraprestación, que realicen los operadores del servicio de televisión. |
| Costa Rica | Contribución parafiscal de entre el 1.5 y el 3% de ingresos brutos de los operadores de redes públicas de telecomunicaciones y los proveedores de servicios de telecomunicaciones disponibles al público. | • Recursos provenientes de otorgamiento de concesiones. • Multas en favor de SUTEL. • Transferencias y donaciones que instituciones públicas o privadas realicen a FONATEL. |
| Ecuador | 1% de los ingresos de los prestadores de servicios de telecomunicaciones. |
Para profundizar más en el tema los invitamos a revisar las siguientes entrevistas:
