Iriarte admite que se ha avanzado en ciberseguridad en los últimos años, sobre todo en el sector financiero, pero a nivel Estado hay varios pendientes, especialmente a nivel normativo y estratégico.
Si bien se ha fortalecido la seguridad en el sector financiero con mecanismos de cifrado, políticas de zero trust, aplicación de múltiples factores de autenticación y monitoreo constante, ahora se tienen que preparar con ayuda de la IA para las nuevas amenazas sigilosas que incluyen ataques más sofisticados con algoritmos matemáticos avanzados.
Honores detalló que, además de revisar las sugerencias al Reglamento de la norma de confianza digital a fin de presentar una propuesta pulida al ejecutivo, la Secretaría está revisando el contenido de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, la cual busca salvaguardar al Estado peruano, el sector privado, la sociedad civil y la academia.
La Fiscalía de Delitos Informáticos informó que entre enero y abril del 2025 se presentaron un total de 12.809 denuncias de delitos informáticos, lo cual es 696 denuncias adicionales a lo reportado en el mismo periodo del 2024.
El cibercrimen se está volviendo más sofisticado, lo que está elevando exponencialmente la cantidad de ataques y demanda modernizar los sistemas de defensa, a nivel empresas, y mejorar las estrategias y normativas, a nivel del Estado.
La experta consideró que la acción público-privada con una combinación inteligente de tecnologías es clave para la reducción de la brecha digital en la región y el país. La brecha de uso sigue siendo amplia y por supuesto crece el reto de mejorar también el tipo de tecnología disponible para la población en situación de vulnerabilidad geográfica, de ingresos y de falta de habilidades digitales. Esto debería ser considerado en el rediseño de los fondos de servicio universal.
Advirtió que las tasas de desembolso de los Fondos de Servicio Universales para reducir la brecha digital en la región han sido deficientes, con proyectos sub-ejecutados y fondos inactivos. Además, los fondos siguen siendo financiados a través de aportes de los operadores de telecomunicaciones, mientras que empresas digitales, cuyos servicios y rentabilidad se basan en la ampliación de la conectividad, no participan del financiamiento. Todo ello invita a debatir la forma en que esto debería cambiar para adaptarse a los enormes cambios del ecosistema digital de la última década.
Consideró que Fitel, un fondo administrado por Pronatel, no ha tenido buenos resultados ni una adecuada ejecución del presupuesto de los proyectos a su cargo, por lo que no se debería pensar en aumentar el aporte por este concepto, como propuso el MTC el año pasado. Si se hace una evaluación de las inversiones que han realizado, se verá que no han tenido los resultados esperados, por concentrarse en la infraestructura y no tomar en cuenta los servicios en esas zonas, comentó.
Desde su perspectiva, Pronatel ya no podía seguir operando como hasta ahora, ya que ha demostrado ser un organismo ineficiente, burocrático y falto de liderazgo técnico adecuado. Para cumplir el propósito de cerrar la brecha digital en el Perú, es necesario un cambio estructural profundo, tanto en su gobernanza como en su modelo de gestión de proyectos y poner en su dirección a ingenieros o economistas, y no abogados.
En toda América Latina y el Caribe existen programas orientados a reducir la brecha digital, pero su nivel de ejecución ha sido bajo y en muchos casos, por problemas burocráticos. Esto sugiere la necesidad de replantear los modelos aplicados.