Las plataformas digitales como Cornershop, Rappi, Uber, Pedidos Ya, entre otras, son alternativas flexibles de trabajo que han ganado dinamismo en los últimos dos años y se han vuelto un tema recurrente entre los legisladores, quienes buscan normarlas. El gerente de asuntos legales de Comex, Jaime Dupuy, nos brinda en esta entrevista su perspectiva sobre las últimas propuestas de debate en el Congreso.
Si hubiera que definir al trabajador promedio de las plataformas digitales, ¿Cuál sería para usted la descripción apropiada? ¿Cómo son?
Son independientes, mayoritariamente hombres, que valoran mucho la flexibilidad e independencia que les dan las plataformas digitales. Mientras que los conductores de los aplicativos de movilidad tienen una edad promedio de 41 años, los repartidores de los aplicativos de delivery tienen un promedio de 30 años. En el caso de estos últimos, son mayoritariamente de nacionalidad venezolana.
¿Cuál es, a su criterio, el principal hallazgo o conclusión del último estudio del IPE sobre estas plataformas?
Los conductores y repartidores valoran mucho la independencia y flexibilidad, cosa que perderían en una relación laboral. Lo anterior motiva que usen las plataformas para obtener ganancias, que además son superiores a los ingresos obtenidos en la forma tradicional. El problema que se presenta es uno de seguridad social, pero que afecta a los trabajadores independientes en general. Las plataformas representan una mínima parte de ese sector.
¿Cuánto pueden llegar a aportar a la economía estas plataformas digitales? ¿Cómo contribuyeron durante la pandemia y cúal cree que será su rol el próximo año?
Las plataformas contribuyen a un 0,25% del PBI. Primero, generan oportunidades de ganancias en los repartidores y conductores independientes, en un contexto de alta informalidad y desempleo. Generan posibilidades de ganancias para migrantes venezolanos. Han contribuido a la subsistencia de muchos locales comerciales, como restaurantes y bodegas (la gran mayoría pymes), así como a la creación de nuevos negocios (cocinas y tiendas ocultas).
Si bien, durante la pandemia, los servicios de movilidad se redujeron (por las restricciones de movilidad), los de delivery crecieron exponencialmente, y la tendencia es creciente.
¿Está nuestra legislación, el país y las empresas preparados para esta modalidad de trabajo? ¿Qué nos falta?
No se puede determinar per se que todas las relaciones que se dan a través de las plataformas son laborales. Así lo dice también el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, expertos laborales y muchas organizaciones internacionales. Se tiene que ver caso por caso. Poner a todas las empresas bajo la etiqueta de “plataformas digitales”, cuando entre ellas hay muchas diferencias, es un error.
Nuestro marco legal laboral es muy comprehensivo y dispone un principio que se denomina “primacía de la realidad”. Si es que una persona piensa que está en un vínculo laboral, puede acudir al Poder Judicial en donde se analiza si se dan los tres elementos de laboralidad (prestación personal de un servicio, remuneración y subordinación). Si se dan, se establece el vínculo. Esto no se ha dado en el Perú.
En principio, yo creería que no hay vínculo laboral, por no existir remuneración. Las plataformas no le pagan a nadie, son los consumidores quienes le pagan a los conductores o repartidores. La plataforma solo pone a disposición del sistema una pasarela de pagos para facilitar los pagos con tarjeta. [Tampoco] hay subordinación, porque los conductores y repartidores independientes se conectan cuando quieren, no hay horarios, no hay exclusividad, usan sus instrumentos de trabajo, pueden usar más de una plataforma, etc.
¿Qué opina sobre los proyectos ligados a los derechos laborales que se están trabajando en el Congreso?
Por lo mismo [explicado en la pregunta anterior], consideramos que no deberían aprobarse. Son el tipo de proyecto que al final terminan perjudicando a quien supuestamente buscan ayudar.
¿Está de acuerdo con la forma en que se está manejando el tema? ¿Han considerado los legisladores en su elaboración los estudios que manejan ustedes?
No, la Comisión de Trabajo, que es donde se viene viendo el proyecto, no ha ponderado las mayoritarias opiniones en contra que se han presentado y no ha querido invitar a expertos laborales y en temas digitales para que sustenten su posición. Es más, la misma presidenta declaró en la última sesión que “no correspondía invitarlos”. Esto va en contra de todos los estándares de mejora regulatoria y de buenas prácticas que existen.
Fue la congresista Tudela la que tuvo que pedir una cuestión previa para permitir que se inviten a los expertos. Esperemos que eso pase, y que el proyecto sea debatido con transparencia, seriedad y rigurosidad.
Es un proyecto que no solo tiene impacto en los independientes, sino en el ecosistema digital también.
¿Se podría afirmar que el espíritu independiente de quienes trabajan en estas plataformas se afecta cambiando la modalidad de contratación? ¿O es completamente un tema aparte que no afecta independencia?
Se podría afirmar, claro que sí. Forzar el vínculo laboral quiebra los elementos de independencia y flexibilidad que sustentan el uso mayoritario de las plataformas por pare de los conductores y repartidores independientes.
