Mercenarios Digitales es una investigación periodística coordinada entre varios países de Latinoamérica en donde se develan acciones planificadas de desinformación, con noticias falsas para manipular a la población. El objetivo es entender cómo funciona la propaganda política en la región, nos explica Pablo Medina en la siguiente entrevista.
Se dice que el sonado caso de Cambridge Analytica, que saltó a la fama en 2018, es sólo la punta del iceberg. Fue el escándalo que nos mostró cómo se podía manipular datos obtenidos en las redes sociales con fines políticos. “¿Sucederá lo mismo en América Latina?” -nos preguntamos todos en aquel entonces. Este año, una investigación periodística ha demostrado que estamos bastante inmersos en ese mundo de falsedades y manipulación.
El Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), junto a 15 aliados entre organizaciones y medios de comunicación de 20 países – incluido el Perú – han realizado una extensa y completa investigación en donde se puede entender cómo operan estas fábricas de noticias falsas y cuáles son sus estrategias de manipulación. Bajo el título “Mercenarios Digitales” se reúnen una serie de historias que podrían calificarse como terroríficas, por lo que implican.
En dicha publicación se develan muchas de las técnicas, tácticas y procedimientos que usan las compañías de marketing político en nuestra región. Los mercenarios digitales son todos aquellos a los que les pagan por difundir información falsa a través de cuentas anónimas o medios de comunicación ficticios, con el fin de manipular o influenciar en las opiniones políticas, ya sean de derecha o de izquierda.
En México, por ejemplo, se detectó que existe una agencia de comunicación política llamada Neurona Consulting, que tuvo como clientes a gobiernos y candidatos de izquierda en América Latina y España. Se encontraron 116 dominios registrados por César Hernández, su socio Gustavo Aguado, y Mario Bustos, trabajador de la consultora, entre 2015 y 2019. Al menos 31 de esos dominios simulaban ser medios digitales en los que se difundían contenidos retomados de otras publicaciones con información falsa o tergiversada. El proyecto también reveló los nexos de la consultora mexicana Euzen con el gobierno de Honduras para difundir mensajes para desprestigiar a sus opositores en redes sociales.
El aporte de Perú es a través de Ojo Público, en un reportaje que analiza los gastos en publicidad política digital de Meta (Facebook, WhatsApp e Instagram). Según detallaron, los gastos de miembros de Podemos Perú, incluido José Luna Gálvez, desde 2019 a mayo del 2023 representan el 44% de toda la pauta publicitaria en más de 13 mil cuentas y no cuadra con los gastos declarados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Pero, el país también está implicado en otras historias, como la que exhibió las alianzas del partido de ultraderecha español Vox en toda América Latina. Se estableció que personajes políticos de Chile, Perú y Colombia que forman parte de este colectivo político difundieron mensajes para deslegitimar resultados electorales que no les favorecieron bajo el grito de “fraude” en sus mensajes.
En la siguiente entrevista Pablo Medina, editor de CLIP – un periodista experto en desinformación – nos explica cómo surgió esta iniciativa y los alcances logrados por la misma a nivel regional.
Los mercenarios digitales son todos aquellos a los que les pagan por difundir información falsa a través de cuentas anónimas o medios de comunicación ficticios, con el fin de manipular o influenciar en las opiniones políticas, ya sean de derecha o de izquierda.
¿Cómo surge esta iniciativa y bajo que «teoría» o «tesis» se trabajó? ¿Cuál era el objetivo?
La idea surgió en un taller que varios miembros de CLIP dictamos en San José, Costa Rica, el año pasado a varios periodistas centroamericanos. Allí periodistas ticos, salvadoreños, nicaragüenses y guatemaltecos se dieron cuenta de que en sus países se usaban hashtags similares para atacar a la prensa y a miembros de la oposición (por ejemplo, el hashtag #PrensaCanalla era común en varios de estos países) y comenzó a surgir la idea de investigar quién estaba detrás de esos ataques. Pronto la idea mutó en intentar averiguar quiénes eran los asesores políticos que habían trabajado con los presidentes de esos países e intentar ver si vendían servicios de desinformación, es decir si les ofrecían a sus clientes crear granjas de trolls, o crear páginas con contenido falso para apoyar sus candidaturas o gobiernos. Fuimos contándoles esta idea a varios medios latinoamericanos y pronto teníamos a 27 aliados en 17 países, todos trabajando con el objetivo de entender cómo funciona el mundo de la asesoría política en América Latina, España y Estados Unidos en relación a la creación de contenidos desinformantes.
Hemos visto que hay contrataciones de agencias para difundir ciertas ideologías tanto de movimientos de derecha como de izquierda. ¿Se puede afirmar que estamos ante un «modus operandi» en la región que va más allá de un movimiento o corriente política?
Sí, por supuesto. En el especial «Mercenarios Digitales» mencionamos tanto a grupos de derecha, como de izquierda, en varios países, que buscan avanzar sus agendas a través de contenidos digitales que no siempre dicen la verdad. Por ejemplo, detallamos como el partido de derecha VOX se está aliando con partidos de derecha latinoamericanos para impulsar narrativas similares a lo largo de la región. Pero también contamos cómo una empresa llamada Neurona creaba contenidos engañosos a favor de gobiernos de izquierda en Ecuador, México , España y Bolivia. También hablamos de cómo los gobiernos de izquierda de Venezuela y Nicaragua crean propaganda para promocionarse entre sus ciudadanos y cómo los Bolsonaro, la familia de derecha en Brasil, recurren a la mentira para buscar perpetuarse en el poder.
¿Dónde está el límite entre el uso legítimo de las redes para campañas políticas y la manipulación? ¿En todas las regiones han cruzado ese límite?
Yo creo que hay un límite ético y un límite legal. El límite legal es diferente en cada país, pues las leyes son diferentes, y si alguna campaña lo ha cruzado es algo que determinan las autoridades. Aquí en Colombia, por ejemplo, rara vez mentir es un delito. Hay algunos casos, como la calumnia o el pánico económico, en los que se podría argumentar que mentir se configura como un delito. Pero en la mayoría de casos publicar posts mentirosos no sería un delito. En otros países puede ser diferente. Por ejemplo, en Brasil el Tribunal Superior Electoral (TSE) puede tomar acciones legales frente a publicaciones que mintieron sobre las elecciones. Como le sucedió a Fernando Cerimedo, cuya historia contamos en uno de los artículos de «Mercenarios Digitales». Según el TSE, Cerimedo mintió sobre un supuesto fraude en las más recientes elecciones presidenciales brasileñas y por lo tanto sus cuentas de redes sociales fueron suspendidas en Brasil. El límite ético, en mi opinión, está en no usar información personal o privada para atacar a un contrincante, sea esa información falsa o verdadera. Creo que todos conocemos casos de elecciones recientes en los que esos límites han sido cruzados.
¿Entre los testimonios y reportajes realizados se ven indicios similares a lo que sucedió y significo el sonado caso reportado en Gran Bretaña con Cambridge Analítica? ¿Por qué lo de Cambridge fue tan sonado y acá parece que las autoridades no se inmutan pese a la evidencia de manipulación de la opinión pública llegando a niveles de alta violencia en las protestas?
Creo que es muy difícil legislar desde América Latina para contener estos fenómenos. Las plataformas de redes sociales están basadas en Estados Unidos y es difícil ver qué se puede hacer desde una ley o regulación en un país latinoamericano para contener los fenómenos que vienen en esas redes. Creo que no sería imposible regular esas plataformas, pero también creo que se necesitaría más coordinación regional. Algo como lo que la Unión Europea logró con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) que rige en territorio europeo.
En su opinión, ¿qué responsabilidad tienen las redes sociales sobre esta materia? ¿Es sancionable en algunos países de la región?
En este momento, bajo las leyes actuales, no conozco ningún caso en América Latina en el que las redes sociales puedan ser sancionadas por difundir desinformación, o propaganda proselitista. Personalmente creo que sí deberíamos regular más fuertemente a las plataformas de redes sociales para que tengan que responsabilizarse más por contenidos que puedan atentar para la democracia, pero soy consciente de que esta es una discusión larga y sensible. Larga porque la manera de ejecutar estas regulaciones es complicada, pasa por la ley de donde están basadas estas plataformas (usualmente Estados Unidos), así como por la ley internacional y por dinámicas comerciales de un mundo globalizado. Sensible porque, de no legislar con cuidado, se corre el riesgo de que se les dé el poder a los gobiernos de decidir qué es verdadero y qué es falso, lo cual muy fácil puede derivar en censura y persecución a la prensa o a la oposición de cada país. Sin embargo, creo que sí es importante que cualquier regulación se centre en presionar a las plataformas y no en culpar a los usuarios o en darles más poder a los gobiernos.
¿Van a realizar más de este tipo de investigaciones?
Sí, investigar quiénes están detrás de la desinformación es uno de los ejes de trabajo de CLIP, así que ya estamos preparando más investigaciones parecidas en las que esperamos encontrar quiénes financian y quiénes se benefician de la desinformación.
