En Conversatorio organizado por el Colegio de Ingenieros del Perú, el ex viceministro de comunicaciones Carlos Sotelo señaló que la conectividad rural, usando la fibra tendida por el mismo Estado(redes regionales y la Red Dorsal), es mucho más cara y de menor calidad de la que poseen los limeños. Nuevo diseño de contrato de la Red Dorsal debe resolver este desequilibrio, dijo.
El acceso a Internet en Lima, dentro del área urbana, tiene una calidad superior a un precio mucho más económico que en las zonas rurales a donde llegan los proyectos financiados por el Estado, destacó Carlos Sotelo, ex viceministro de comunicaciones durante su presentación en el conversatorio “Red Dorsal, Rednace y su Impacto en el Desarrollo del País”, organizado por el Colegio de Ingenieros del Perú.
Sotelo comentó que, gracias a la intensa competencia, en Lima se tienen varios planes que ofrecen 100 Mbps por S/100, con un cumplimiento del 40%, pero también hay planes para el hogar que brindan 1 Gbps por S/654 con un cumplimiento del 70%, es decir un servicio de 700Mbps. Eso permite afirmar que en la capital se consigue 1 Mbps por US$0,24. Mientras tanto, en un poblado rural cobran hasta S/450 por 2 Mbps con un cumplimiento del 40%. En zonas donde hay proyectos que fueron financiados por el Estado (las redes regionales) un colegio público paga, por ejemplo, S/85 por 2Mbps. Eso quiere decir que se tendría que pagar hastaUS$100 por 1 Mbps, calculó. “Algo no funciona. Allí donde el Estado ha invertido para reducir la brecha digital se tiene un costo mucho más alto de conectividad, no se ha solucionado el problema. Y esta brecha tremenda entre Lima y provincias se va a ampliar mucho más cuando llegue 5G”, lamentó.
En la actualidad el Estado gasta alrededor de S/480 millones por contratar servicios de telecomunicaciones para sus distintas dependencias a nivel nacional, además de gastar en el mantenimiento de la Red Dorsal unos US$22 millones al año y asumir el costo de la construcción de las 21 redes regionales (más de US$1700 millones en total), dijo. “Es un gasto excesivo que puede reducirse”, aseguró.
Nuevos modelos
Abel Salazar, ingeniero especialista en supervisión de obras, coincidió en su presentación con Carlos Sotelo. Ambos señalaron que el proyecto de la Red Dorsal se ha visto desde una perspectiva empresarial y no como una iniciativa social. La obligatoriedad de rentabilidad a largo plazo es imperante en ambas alternativas, aclararon, y no excluye la figura de una APP(Asociación Público-Privada), sino que implica un cambio en el modelo de negocio para que no dependa de la demanda del sector privado.
Salazar consideró que en el nuevo contrato y normas se deben corregir varias deficiencias, como el destinar solo el 9% de la Red Dorsal para atender las instituciones públicas que conecte la Rednace (red destinada para el sector público), la cual fue contemplada pero no desarrollada. “Es muy poco”, dijo.
El Estado, aclaró, gasta cientos de millones (más de US$100 millones) para brindar acceso de internet a las entidades públicas. Además, debe mantener y operar la Red Dorsal (unos US$22millones anuales adicionales al presupuesto nacional). Ahora que se ha decretado que el transporte será a costo cero para las instituciones públicas, se tiene que dar forma a la Rednace y convertirla pronto en una realidad, dijo.
La Red Dorsal necesita cambiar su modelo de negocio, ser vista como una necesidad social y establecer un nuevo marco tarifario, señaló. Hoy solo se usa, máximo, el 5% de la capacidad instalada con 20 clientes, quienes contratan 28.178 mbps, mientras el Estado requiere mucho más que eso y lo está contratando a otros operadores en vez de usar la Red Dorsal, lamentó Salazar.
Buena parte del problema está en el alto precio fijo de transporte de datos que cobraba la Red Dorsal. Cuando fue armado el proyecto se propuso US$27 por mega porque en aquel entonces los operadores privados cobraban US$500 por mega, detalló Sotelo, quien participó en el diseño de la red entre 2011 y 2013. Pero esa tarifa no debió ser fija, tal como ellos recomendaron desde el Fitel.
La consecuencia es que la Red Dorsal resultó mucho más cara que la oferta privada, que llega a menos de US$5. En la actualidad, explicó Sotelo, un operador privado que atiende un colegio en una determinada provincia asume el costo de recibir el internet en Lima (US$0,20) y paga el traslado en la Red Dorsal hasta provincia (US$27) y luego al distrito (US$27) y luego el costo de conexión hasta el local educativo (US$5). Son US$60 que se trasladan al cliente si contrata la red construida por el Estado.
La normativa que dispone el costo cero, dijo, es una parte de la solución, porque permite ahorrar al operador privado que contrata al Estado los US$27 o US$54, dependiendo de la región. El Estado sigue pagando el mantenimiento, pero ya no le cobrarán US$80, por ejemplo, por conectar a un colegio con 2Mbps, sino que le podrán dar más megas a un mejor precio, lo cual permite lograr una mejor conectividad en el ámbito público.
Además, señaló Sotelo, al no tener que seguir cumpliendo el contrato con Azteca, se puede lograr reducir el gasto por mantenimiento asumido hasta el 2021. Pronatel, dijo, podría contratar a un operador con concesión a nivel nacional, quien a su vez subcontrata a empresas pequeñas que se encargan del mantenimiento. Esta contratación deberá hacerse con la total transparencia y es recomendable eliminen requisitos que solo puede cumplir un postor, como experiencia en diez regiones.
Como se recordará, Pronatel hizo un estudio de mercado el año pasado y si bien tres postores se mostraron interesados, solo uno (Gilat junto a Optical Network) cumplían con los requisitos, pero cobraba más de US$33 millones, cifra muy superior a lo que se gastaba con Azteca. Ayer Pronatel informó que se acelerará la toma de decisión y se realizará un nuevo estudio del mercado para encontrar al postor temporal a quien encargar el mantenimiento.
En declaraciones recientes para Gestión, el anterior director de Pronatel, Jorge Luis Tupac Yupanqui, reveló que había un interés expreso en el MTC de sacar la licitación lo más pronto posible y otorgarla al único postor calificado, lo cual a él no le parecía conveniente ni oportuno. Además, dijo, Pronatel no había hecho la declaración de los equipos que se debía renovar al quinto año de concesión y se necesitaba tener ese detalle para tener un costo real de mantenimiento.
Sotelo señaló a eBIZ que los operadores tradicionales grandes (Movistar, Entel, Bitel o Claro) no tienen como “core” de su negocio el mantener redes de fibra – ellos subcontratan a empresas más pequeñas – y por eso intuye que pueden tener poco interés en participar en este concurso, tal como tampoco lo hicieron cuando se buscó quien se encargue de mantener algunas de las redes de transporte regionales. Por eso consideró que las bases para contratar al nuevo encargado deben ser revisadas para permitir la participación de empresas más pequeñas.
A largo plazo, añadió, se puede buscar modelos diferentes de apoyar la conectividad y lograr tarifas sociales atractivas con buena calidad de conexión, tal como ha logrado la ONG de la Red Portadora Barcelona, en España. Luis Dalmau, presidente de la citada ONG expuso que tienen varios modelos, con y sin subvención, que permiten llevar planes de muchos megas a precios muy bajos en las zonas más alejadas de la capital.
