Expertos del Banco Mundial recomiendan trabajar en una legislación que comprometa las inversiones de los operadores privados en la inclusión digital. Se necesita un trabajo coordinado del sector público y privado, recalcaron, porque no todo puede recaer sobre la inversión estatal.
Durante el “II Taller sobre la Política Nacional de Telecomunicaciones con enfoque en Banda Ancha” organizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), expertos del Banco Mundial dieron recomendaciones sobre la forma de resolver los problemas de oferta y demanda de Internet a nivel nacional.
Sin inclusión digital es inviable la inclusión social. La falta de conectividad está asociada a la pobreza, lo cual influye en el lado de la demanda. Y para solucionarlo, según los expertos del Banco Mundial, se requiere un trabajo coordinado, tanto del sector público como privado.
A través del marco regulatorio, recalcaron, se podrá lograr no solo el mejor uso de los fondos públicos destinados a reducir la brecha digital, sino comprometer al sector privado en mejorar la cobertura. Los pagos por servicios telecom, comentaron, pueden hacerse con subsidios que vienen del sector público o de los aportes [canon, por ejemplo] privados.
Un primer desafío es hacer posible que los usuarios puedan pagar por los servicios en las zonas que ya tienen cobertura. Para ello se necesita un aumento de los ingresos que haga sostenible el acceso. Solo hay un 7% sin cobertura en la región. Sin embargo, en promedio, solo 4 de cada 9 latinoamericanos utilizan el servicio. En Perú una encuesta del año pasado mostró que el 64% no usaba Internet por un tema de costo del servicio y los equipos, mientras que un 14% no le encontraba un uso adecuado.
En algunas zonas se debe evaluar dos ejes, dijeron. Por un lado, están las empresas y los costos que implica llevar la señal y brindar el servicio. Por otro tenemos la posibilidad de la población de asumir el costo por el acceso a Internet, algo que aún persiste en zonas urbanas entre los pobladores de menos ingresos económicos. La solución para cada zona parte de atender ambas variables. No existe una receta mágica con la solución. Se trata de intentar modelos y probar una fórmula que funcione en cada comunidad, alertaron.
Para los expertos del Banco Mundial no solo se tiene que mejorar la oferta e invertir en más redes de fibra o generar más competencia entre operadores privados y facilitar la compartición de infraestructura, sino volver accesible la contratación con algún subsidio y convertirla en algo atractivo, que responda a las demandas de las comunidades.
¿Cómo ganar más usuarios? Ya no se trata de crear contenido web, sino de desarrollar aplicaciones que sean atractivas y útiles, recomendaron. Para facilitar la inclusión se necesita desarrollar habilidades digitales, incentivar el uso de internet, traducir las Apps a la lengua nativa (aymara o quechua) y darles a través de ellas soluciones prácticas a problemas de la vida diaria, garantizando, además, la seguridad de las conexiones.
El reto de la inversión
Los problemas de la inadecuada oferta se tienen que atender dependiendo del tipo de zona. Hay tres tipos: los que siempre tuvieron cobertura, los que les llegó tarde a menor calidad y los que, por fallas del mercado, no tienen señal. En este último grupo los operadores enfrentan altos costos de instalación que no hacen rentable la inversión sin apoyo público permanente, añadió María Teresa Quiñones, del estudio boutique Quiñonez Alayza Abogados, quien también participó del evento.
Existen varias alternativas regulatorias para apoyar inversiones en las llamadas zonas rojas, resaltaron desde el Banco Mundial. Desde eliminar la obligación de mantener tecnologías obsoletas (2G o teléfono público fijo) para facilitar una migración a 4G con incentivos como reducción en el pago del canon, hasta habilitar un sambox regulatorio, es decir dar facilidades para probar tecnologías innovadoras con beneficios tributarios especiales, tal como se hace en Colombia.
Reducir el pago del canon a cambio de prestar servicios en zonas remotas, dar beneficios especiales a quienes ofrecen Internet inalámbrico, establecer que las renovaciones de permisos para operar o las licitaciones de espectro sean canceladas con inversiones directas en determinados distritos para evitar el desembolso del capital hasta el ente burocrático estatal son alternativas viables, dijeron.
“Es importante ver el bosque y no solo el árbol. Se requiere servicios eficientes para el ciudadano para mejorar su calidad de vida”, advirtió en su intervención el consultor Cesar Gallegos, también docente de la Universidad Autónoma del Perú. Su recomendación fue reformular la competencia por el espectro 5G, permitiendo que los fondos de quien gane el espectro vayan directo al desarrollo de infraestructura y las citadas zonas, dijo.
En nuestro país ya se han ido probando algunas de este tipo de iniciativas, pero falta revisar algunas normas que conviertan en viable esta opción, como por ejemplo la obligación de cumplir con el 70% de la velocidad ofrecida, porque esto puede hacer inviable una inversión aun cuando sea como parte de pago por una concesión de espectro.
Esto ha sucedido recientemente en el suspendido proceso de licitación de las bandas AWS-3 y 2,3 GHz. En las condiciones se establecía obligación de inversión en conectividad en determinadas zonas, pero los tres postores precalificados señalaron que los costos y condiciones técnicas propuestas son inviables y Proinversión informó que las revisará. Lucas Gallitto (GSMA América Latina), destacó semanas atrás ante la prensa que la licitación peruana incluía obligaciones de cobertura a costos altos. Lo recondable es que la contraprestación a cubrir por parte de los proveedores de servicios debe reflejaba el valor real del espectroenel mercado, y no superarlo, como sucedió en esta oportunidad.
