Columnista: Erick Iriarte*
Hace unas semanas, gracias a que IALAW solicitara un Acceso a la Información Pública, el gobierno presentó los detalles del proyecto -mantenidos hasta entonces ocultos- de creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. El “Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal con el objeto de elaborar una propuesta de Ley de creación, organización y funciones de un ministerio en materia de ciencia, tecnología e innovación” es el rimbombante nombre del instrumento creado para tal efecto por el RM 216-2021-PCM, considerado “clave” por el Ejecutivo. Aunque habrá que entender para qué es clave. O para quiénes.
Para empezar, éste fue uno de los últimos actos del gabinete de Mirtha Vásquez, quien junto a otros funcionarios denunciase un gabinete en la sombra y asesores que hacen más que asesorar. Entonces, Modesto Montoya, artífice e impulsor de la propuesta, dijo que esperaban a que el Congreso rápidamente aprobara este proyecto.
Días más tarde, cuando el Presidente Castillo anunciara que recompondrían el gabinete Valer (que sucediese brevemente al de Vásquez) afirmó que la intención de su gobierno de seguir impulsando la creación del Ministerio seguía en pie, pero ¿Para qué quieren un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación? ¿De dónde proviene realmente ese sólido interés de parte de Castillo y de Montoya?
Lo que responde Montoya, hoy nombrado presidente del Instituto de Energía Nuclear, es que otros países de la región tienen un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Es verdad: en algunos países de la región los hay, incorporando incluso en ciertos casos el componente innovación, así como otros lo hicieran con temas digitales. Pero todos éstos han sido la evolución de instituciones de Ciencia y Tecnología previamente existentes. Los principales, como los de Costa Rica y Brasil, tienen más de tres décadas de operación; El de Venezuela, veinte años. EEUU tiene una oficina presidencial de Ciencia y Tecnología desde la década del setenta.
Ésta, sin embargo, no es la norma: la mayoría del resto de países cuentan con otras modalidades, tales como viceministerios, comisiones especiales, secretarías específicas, etc. Por otro lado, estas decisiones respecto de la modalidad de gobernanza son discutidas en foros abiertos y con participación de todos los actores involucrados, como en los casos de Colombia o México.
En contraste, veamos lo que sucedió aquí: Encontramos sólo entidades gubernamentales -sin integrantes de la sociedad civil, el sector privado o la academia- preparando lejos del escrutinio público un Proyecto de Ley (la única manera de lograr un nuevo ministerio), que es remitido de manera directa al Congreso para que lo discutan rápidamente. En otras palabras, la imposición vista como política de estado.
¿No es precisamente la ciencia un espacio de dialogo por naturaleza? Resulta irónico que para la elaboración de esta iniciativa, pues, no se hayan habilitado los espacios de diálogo ni de confrontación de ideas, pudiendo haberlo hecho a través del Acuerdo Nacional y, más aún, tomando en cuenta su política 20 sobre Ciencia y Tecnología. Peor aún, En un proyecto que incorpora la innovación, resulta imprescindible la participación de actores relacionados con este ecosistema.
Podríamos intentar encontrar también la respuesta en la visión de “Ciencia y Tecnología” que expresase Montoya. Más específicamente, en su visión de la asignación de recursos a Ciencia y Tecnología que permitiría este ministerio, porque “el debate de recursos se hace en el Consejo de Ministros”. Curioso tema, considerando que el Ministerio de Economía y Finanzas tampoco fue parte del grupo de trabajo en cuestión. Tal vez por eso, cuando Mavila Huertas en una entrevista le preguntase a qué entidad le quitaría los recursos para dárselos a este nuevo ministerio, Montoya no respondió.
Pero no solamente se trata de los recursos a invertir, sino de lograr que esta inversión, tanto pública como privada, sea efectiva. El presupuesto de estos últimos años para CONCYTEC, entidad que ya tiene varias décadas encima (con sus bemoles, pero avanzando), no ha sido el adecuado para una entidad de carácter científico, mientras los fondos para innovación sí han ido creciendo, sobre todo en PRODUCE. ¿Va esta propuesta entonces sobre los fondos de InnovatePeru?
Además, si el aprovechamiento de los de recursos es un asunto de gestión ¿por qué se presume que un ministerio el camino mas eficiente para obtención e inversión? Me atrevo a ensayar que esta supuesta necesidad de contar con un ministerio proviene de alquien que cree que el título de “ministro” confiere poderes mágicos que resuelven la problemática de un sector, que no es solamente gubernamental sino estructural y transversal a la sociedad entera, con un especial énfasis en la academia, el sector privado y la sociedad civil.
Quizás todo proviene de esa lectura de la Ciencia y la innovación desde “las ciencias duras”. En diversos momentos las discusiones han sido sobre quién hace ciencia, siendo así la labor científica de las humanidades y las ciencias sociales poco mas que anecdóticas para algunos quienes creen que científico es sólo quien resuelve “problemas”, hace patentes o construye diseños, no quien hace “escritos”. Claro, la inversión necesaria para montar una planta nuclear sin duda es ingente comparada con investigaciones sobre la informalidad o incluso sobre las motivaciones de los Moche para hacer huacos retratos a la luz de las ciencias sociales, pero estas últimas también ayudan a construir un mejor país. No producen patentes, pero sí cambios sociales.
Para este escenario, la respuesta parece estar también en la conformación de la comisión pues, salvo un representante del Ministerio de Educación, allí no sólo no hay hay gente de humanidades ni de ciencias sociales, sino que ni siquiera fue convocado el Instituto Nacional de Investigación Agraria. Dicho sea de paso ¿por qué éste no fue llamado, junto al Instituto Tecnológico de Producción, o al de Estudios Antárticos, como sí ocurrió con el Instituto de Energía Nuclear? Esto suma a la suposición de que la comisión sólo fue convocada para darle formalidad a un texto ya armado de antemano.
Otra respuesta proviene desde el falaz argumento relacionado con la SUNEDU, que ofrece al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como un impulso a la investigación “que no se estaría realizando ahora en el Perú”, aludiendo a un supuesto fracaso de la reforma universitaria en la materia. Las cifras, por otra parte, desmienten esta afirmación, tal como señalara el médico especialista en estadística e investigación y salud pública Percy Mayta-Tristán: “La Ley Universitaria del 2014 ha contribuido a generar cambios en la investigación universitaria y del país. Por ejemplo, entre 2012 y 2013 solo el 64,3 por ciento de documentos disponibles en Scopus -una de las dos bases de datos de investigación- tenía contribución de al menos una universidad. Para el periodo 2020-2021 este porcentaje ascendió al 83,4 por ciento, incrementándose en más de cinco veces el número de artículos”.
También hay otra respuesta asociada a la “fuga de talentos”, que dista mucho de la idea de que otros países nos los estén “robando”. Por una parte, es una lástima que la propuesta no mire la cantidad de patentes que se están produciendo desde las Universidades en el Perú; por el otro, a lo que debemos apuntar es a tener políticas de Estado para fomentar la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, tanto pública como privada. Y ejemplos de cómo hacerlo vemos en quiénes son los que hacen las patentes en el mundo: fundamentalmente privadas. Esto significa entonces que, para que la innovación crezca, se requiere políticas claras y no burocracias doradas, pagadas además con dinero de todos peruanos, sólo para que alguien pueda vestir un fajín.
Entonces llegamos a las respuestas no técnicas, sino políticas: Más allá de la utilidad del ministerio, podría ser por devolverle a Montoya el favor de su apoyo explícito durante la campaña y su incuestionable defensa hoy (pueden darse una idea en su cuenta de Twitter), tal como ocurriese con Salaverry en PeruPetro. También podría ser en cumplimiento ciego del Plan de Gobierno de Perú Libre y su visión de “soberanía tecnológica”, adoptada del discurso de Venezuela sobre el tema y que pasa por crear nuestra propia vacuna, nuestro propio internet, nuestras propias tecnologías… por supuesto, sin explicarnos que estos son procesos pueden tardar décadas (a menos que tampoco quieren que nos enteremos que están dispuestos a esperarlas en el poder). Finalmente, puede ser por crear más burocracia, es decir, un nuevo aparato administrativo que integre -o mejor, dicho, desarticule- otras entidades, que piense en un sistema centralizado incluso en colisión con el discurso anti-centralista del gobierno actual (aunque en el fondo tengan visiones políticas de politburós), bajo la premisa de que es ella la que resolviera el problema de fondo de desarrollo de capacidades desde la escuela, y no la inversión pública en ciencia, tecnología e innovación basada en la valía científica y desprovista de cargas políticas o clientelajes a quienes rinden pleitesía al poder.
En vez de una decisión sobre la que hubiese que ensayar respuestas como aquí, podrían simplemente haber fortalecido el modelo que ya estaba en camino hacia un sistema nacional de ciencia y tecnología (aún si eso implicase dejarle el crédito al presidente anterior que lo pusiese en marcha). Por el contrario, destruirlo cuando recién se ha creado, creo que es un error. La ciencia avanza a hombros de gigantes, no con mirada de pitufo: se construye sobre lo hecho y no con complejos “adánicos” de creer que todo empieza con un nuevo gobierno o funcionario.
Nadie se puede -ni debe- irrogar la voz de la ciencia en el Perú. Tampoco la de la tecnología, mucho menos de la innovación. Esa voz es la que se escucha en un dialogo abierto entre todos los actores (sociedad civil, sector privado, academia y gobierno). Porque si algo tiene la ciencia es diversidad, tanto en los puntos de vista, como en la creatividad. Hacerlo de otra manera no sirve, al menos no en democracia.
