Para Carlos González Prada la nueva Ley General de Contrataciones Públicas [Ley N.º 32069] es positiva en su conjunto porque establece un cambio en la lógica de compra que beneficia la competencia por calidad. Solo resta esperar que el reglamento sea óptimo en la forma de concretar la aplicación de estas nuevas reglas.
¿Era necesario dictar ahora una nueva ley de contrataciones?
Primero debemos considerar que la Ley N.º 30225 fue aprobada en el 2014: es una norma que tiene ya 10 años. Y aun cuando haya tenido varios cambios que le permitieron adaptarse y responder a los problemas que surgieron, es un periodo de vida bastante largo que nos dio estabilidad. Ahora, la nueva norma trae cosas positivas que yo sí creo que son innovaciones que no se podían lograr solo con un parche.
Era necesario actualizar el enfoque, las premisas y de alguna forma adaptarse a lo que viene. No sé si urgente, pero sí útil y tal vez necesaria. Por ejemplo, ya no se limita a la gestión por resultados, sino que expresamente dice buscar eficacia y eficiencia. Tiene múltiples enfoques y varios conceptos.
¿Cuáles eran los principales problemas de las compras públicas?
Todo, en general, porque el enfoque era priorizar el costo. Entonces tenías que llegar con el mejor precio posible que pueda ofrecer en el mercado y ese era el único enfoque que tenía la norma. Ahora sí te hablan, por ejemplo, de gestión de riesgo, ya no solo de resultados. Eso es lo positivo.
¿Qué faltaría pulir?
A ver, dentro del reglamento yo sí creo que es importante pulir estos enfoques, ver cómo se concretan al momento, por ejemplo, de hacer o de diseñar los factores de evaluación. Se verá qué prioridades tienen o cómo se instrumentalizarán. Luego, ver si las reglas concretas de los procesos de selección van a variar o no con el reglamento. Y cómo se le dota de transparencia.
Sí, justamente ese es uno de los temas que preocupa, la transparencia ¿Se evitarán mejor los «arreglos bajo la mesa»?
Yo sí creo que se mejora la transparencia. Facilita el trabajo de la Contraloría, de los órganos de control interno, pero también el control ciudadano, la rendición de cuentas por parte del de los administrados en general. También favorece a los postores, no solo en un proceso de selección, sino a quienes esperan contratar con el Estado porque pueden conocer las reglas que se usan y los criterios evaluados.
Les permite prepararse mejor para los procesos de selección. Por ejemplo, la norma regula y te dice expresamente cómo tiene que ser el acceso a la plataforma de compras, lo cual debe ser sencillo y amigable con el usuario.
¿Qué sea sencillo permite mejorar la transparencia?
La transparencia no solo es darte la información, sino trasladártela en un formato al que puedas acceder, que puedas utilizar, que te pueda ser útil para los fines que consideres convenientes. Eso viene unido con otros enfoques que tiene la norma: integridad de gobernanza.
La transparencia potencia el enfoque de integridad y el enfoque de gobernanza en la contratación pública, lo cual se verá reflejado en la plataforma digital integral, que va más allá de lo que es ahora gracias a todos los mecanismos que incluye. Eso debería evitar lo que tú decías, los arreglos bajo la mesa. Yo creo que por ahí sí está bien.
¿Qué opina sobre el principio o concepto del valor de dinero incluido?
La norma te dice, ahora sí de forma expresa, que debe contratarse a quien asegure el cumplimiento de la finalidad pública en el largo y ya no solamente el más barato. Queremos que se cumpla el objetivo y tú me entregues una obra, por ejemplo, que puede efectivamente ser utilizada, con un periodo de vida útil como el previsto. La sostenibilidad de la oferta entra en los factores de evaluación.
«[E]l enfoque era priorizar el costo. Entonces tenías que llegar con el mejor precio posible que pueda ofrecer en el mercado y ese era el único enfoque que tenía la norma. Ahora sí te hablan, por ejemplo, de gestión de riesgo, ya no solo de resultados. Eso es lo positivo».
¿Eso implicará más trabajo para el encargado de la logística de compra, porque tendrá que medir más factores? Imagino que tampoco se trata de comprar lo más caro ¿Recuerda cuando el Congreso compró iPads en vez de otro tipo de tabletas?
Claro, existe un punto intermedio, para eso está la evaluación minuciosa. Efectivamente, una tableta china no cumple todas las funciones. Cuesta US$200 mientras que el iPad está US$700. Pero a la mitad del camino tienes una Galaxy que puede estar US$400 y cumplir las funcionalidades requeridas. La evaluación no es abstracta, depende de los criterios que se hubiera formulado. Entonces hay un cambio en la lógica, te obliga a formular un requerimiento con una estructura pensando ya no solamente en el precio, sino el mejor producto posible. Así debió ser siempre.
Saliendo del ejemplo de tabletas, porque eso un ingeniero de sistemas te lo resuelve, veamos un puente: necesito que no se caiga. Si vas a elegir solo porque es el material más barato, el puente se cae. Eso ha estado pasando.
¿Considerar otros factores en la evaluación implica estar capacitado para hacer ese tipo de trabajo?
Sí. La norma prevé que uno de los enfoques sea la profesionalización en la contratación pública. Se busca la promoción de estrategias de profesionalización integrales y dinámicas de los compradores públicos. Te involucra varias entidades responsables de generar espacios de capacitación, entrenamiento y certificación de los compradores públicos para conformar equipos especializados en el área de logística. No, no se trata solo de soltar una norma con estándares altos. Al mejorar al comprador también mejoras al vendedor. Naturalmente, no como se puede quedar atrás.
Cuando se publicó la norma, el sector construcción dijo que no necesariamente se iban a reactivar la ejecución de obras. En su perspectiva, ¿hay artículos que se puedan mejorar en ese sentido?
En lo personal, yo creo que las nuevas reglas beneficiarán al sector construcción, en tanto incentivarán no orientarse solo en el factor precio. Van a haber otros factores a evaluar. Visto de manera integral, tienes oportunidad para más. Se promueve la innovación, donde puedes proponerle alternativas que el mercado todavía no tiene, facilita el uso de otro mecanismo de garantías, que permiten dar liquidez y dinamizar la ejecución.
Puede beneficiar a aquellos proveedores, contratistas o consultores que, por ejemplo, no tengan tanta liquidez o que tengan limitaciones para acceder a una carta fianza. Esto creo que reactivará el gasto, aunque no de inmediato, tomará varios meses.
«La transparencia potencia el enfoque de integridad y el enfoque de gobernanza en la contratación pública, lo cual se verá reflejado en la plataforma digital integral, que va más allá de lo que es ahora gracias a todos los mecanismos que incluye«.
No nos podemos anticipar. Falta ver el reglamento. Además, debemos tener en cuenta que la reactivación de las obras depende de muchos factores: el presupuesto de las entidades, sus necesidades de contratación, la profesionalización del equipo encargado de contratar… Puede tomar algún tiempo. Las mismas instituciones se tienen que preparar.
Se ha cambiado el monto mínimo para pasar un proceso de compra, y se ha establecido cambios en los impedimentos para concursar…
Sí. Hay cambios tanto de forma como de fondo. En la forma es evidente que el artículo tiene una concepción distinta, porque no estructura los impedimentos como antes – un listado en cuadros separados por la razón de quienes son los que se ven impedidos – pero además hay una concepción distinta de lo que son los impedimentos o de cómo se prevé, en este caso, los impedimentos. Por ejemplo, ya no son 12 meses para exfuncionarios y ponen seis meses.
¿Y eso es conveniente?
Pues siempre va a ser discutible, porque, la verdad, dirán que en seis meses el funcionario todavía tiene conexiones y lo que se quiere evitar es que se aproveche de las ventajas que podría haber generado en su gestión pública. Pero también te dirán que 12 meses es demasiado tiempo y tienen derecho a seguir trabajando. Es el caso de las consultoras, por ejemplo. Yo creo que habrá argumentos para ambos lados. Lo importante sería tener los mecanismos de transparencia que permitan la contratación de este profesional y evitar problemas.
¿Qué opina sobre las pautas que se han incorporado en torno a la solución de controversias y la elección de los árbitros y el registro respectivo?
Me parece que están dando tanta importancia a las instituciones arbitrales y relaja la necesidad de contar con un registro de los árbitros en la OCSE. El tema arbitral es bastante importante y creo que la norma está buscando dar mayorías garantías. No es perjudicial per se.
¿Cuál sería su consejo para los empresarios ante esta nueva norma?
Me imagino que es empezar a estudiarla. Empezar a prepararse para las nuevas formas de contratación. Yo creo que la norma mejora la compra estatal. Establecen una serie de reglas que van en esa línea. En general, de manera conjunta, es positiva, fomenta la competencia. Pero necesariamente tenemos que esperar a ver cómo se reglamenta. Algunos puntos podrían haber generado dudas antes, como por ejemplo el tema de los impedimentos, pero creo que los ordena mejor. Hay algunos puntos que son perfectibles, pero en general tendrá un efecto positivo.
¿Cuáles serían, a grandes rasgos, los temas perfectibles?
El tema de los contratos Gobierno de Gobierno de arranque está como en el aire. ¿Quizás no debería ni estar acá? Hay que trabajar un poco mejor el tema. Habrá que ver cómo se va desarrollando en la práctica.
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