En el 2021 habían ganado un arbitraje por titularidad de terrenos donde se instalaron nodos. Dicho proceso fue elevado al Poder Judicial, donde también ganaron.
La historia de contrariedades relativas a la Red Dorsal no ha terminado, pero suma esta semana un capítulo a favor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). El Poder Judicial reconoció la obligación de la empresa Azteca Comunicaciones, anterior concesionario de la Red Dorsal, de adquirir la propiedad de los terrenos e inmuebles donde han sido construidos los nodos de la red. Dichos terrenos están valorizados en US$20 millones.
El caso llegó al ámbito judicial luego de que se ganara un proceso arbitral en el 2021. En realidad, fue Azteca quien buscó la anulación del citado laudo arbitral y por eso lo llevó a la siguiente instancia competente. Para el MTC la decisión judicial servirá para fortalecer la posición institucional en otros procesos arbitrales que el ministerio tiene pendiente con la empresa.
La Procuraduría Pública del MTC, según la Agencia Andina, ha evitado con su defensa que la empresa obtenga ventajas económicas con el pedido de nulidad, alegando supuestas causales que fueron rechazadas por el fuero judicial. “Se ha evitado un perjuicio económico para el Estado”, afirmaron.
Una relación complicada
La Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, con una extensión de 13 500 kilómetros de tendido de fibra óptica que abarca 180 de las 195 capitales de provincia del país, se empezó a montar en 2014, cuando Azteca ganó la concesión del proyecto. Por tratarse de una Asociación Público Privada, ambos ponían capital y ambos debían recibir ganancias cuando entrara en operación, a mediados del 2016. Pero eso no ocurrió: se usaba menos del 10% de la red en su mejor momento (3,2% en los últimos meses), no tenían suficientes clientes y los resultados financieros eran malos. Según el MTC, los ingresos que dejaba al Estado la red apenas representaban el 7,7% de los gastos en los que incurría.
Desde el 2018 se empezó a discutir la posibilidad de resolver el contrato, lo que finalmente ocurrió en julio del 2021. El Estado resolvió el contrato de forma unilateral y Azteca, disconforme con los términos en que se dio el “divorcio”, anunció que abriría un proceso en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) por considerar que la resolución era ilegal. En la demanda arbitral aseguraron que pedirían US$180 millones de compensación.
MTC había notificado a Azteca su decisión de resolver el contrato de forma unilateral por afectar el interés público en setiembre del 2020. La negociación de una resolución de mutuo acuerdo terminó en julio de 2020. Azteca había propuesto una cláusula de cierre bilateral en diciembre del 2019 y el MTC dio una contrapropuesta en junio del 2020, la cual fue rechazada por el operador.
El fin de la concesión se inició el 14 de julio, pero tomó un plazo de seis meses concretar la entregar la red. Desde el 14 de enero del 2022 Pronatel se ha hecho cargo de su administración, lo cual puede hacer hasta por un plazo de tres años, según manda la ley. Se convocó hasta tres procesos para elegir un encargado temporal de mantenimiento de la Red Dorsal, pero fueron muy cuestionados por falta de transparencia y resultaron sin un ganador. Finalmente, el MTC informó que se suspendía el proceso hasta nuevo aviso. Por eso Pronatel se encarga ahora de su mantenimiento, incluyendo la compra de repuestos.
En agosto del 2016, cuando Azteca entregó la red, hubo algunas discrepancias porque no se había entregado la titularidad de algunos terrenos en donde estaban ubicados los nodos. Entre MTC y Azteca se entablaron por lo menos cuatro procesos arbitrales. Uno de ellos fue iniciado por el MTC buscando que se declare que era obligación contractual de Azteca adquirir la propiedad de terrenos sobre los cuales han sido construidos los nodos. Dicho arbitraje resultó con un laudo a favor del MTC en marzo del 2021 y ordenó, además, que Azteca asuma el 100% de los gastos arbitrales.
Sepa más: Entre el 2015 y mediados del 2021, el Estado realizó pagos por un total de US$ 290 millones por retribuciones de inversión, mantenimiento y operación de la red dorsal, lo cual era US$ 192 millones (cerca de S/ 730 millones) más de lo previsto, según el MTC. Entonces tenía 23 clientes que generaban una demanda de 16,10 Gbps al mes, lo cual está muy por debajo de los 241 Gbps al mes proyectados para el 2020 según el Modelo Económico Financiero de la Concesión.
