Instituto Idea: Se necesita cambiar el chip de la alfabetización digital rural

Para el Instituto Idea, la duración, contenido y método de los programas de la alfabetización digital en las zonas rurales debe mejorarse

Para el Instituto Idea, la duración, contenido y método de los programas de la alfabetización digital en las zonas rurales debe mejorarse. Se trata de un problema que se arrastra con el tiempo y que los Proyectos de Redes Regionales de Fibra Óptica no han resuelto aún.

El concepto de diseñar una red de fibra óptica que conecte las provincias y los poblados rurales se empezó a gestar desde el 2008, cuando era evidente la gran brecha de acceso a Internet entre las capitales de la costa y los poblados de sierra/ selva. En paralelo se hablaba de la alfabetización digital, es decir enseñar a los pobladores a sacar provecho al Internet. Han pasado casi 15 años y el pendiente en capacitación eficaz aún es grande. Nita Tortosa, directora ejecutiva del Instituto Idea, recordó que el primer piloto de Internet rural se montó en el 2006 en 68 capitales de distritos de varias regiones.

Luego siguieron muchos pilotos más con señal satelital hasta el 2016, cuando arrancaron los proyectos regionales ligados a la Red Dorsal. Estos 21 proyectos comprometen una inversión de más de US$1749 millones en financiamiento, US$17,7 millones en capacitación y US$3,9 millones en sensibilización para 7693 colegios, 3772 postas y 1384 comisarías. Los frutos aún no se cosechan.

Rosa Hurtado, jefa de proyectos del Instituto Idea, comentó que ellos se encuentran diseñando un proyecto de Alfabetización Digital Nacional (ADN) como resultado de sus 20 años de trabajo (nacen como asociación civil en el 2003) en 4248 localidades con proyectos de capacitación que han llegado a 1,5 millones de peruanos. “Queremos construir una plataforma amigable que tenga contenido que responda a las necesidades de capacitación de la población en general: diferentes edades, formación y necesidades”, detalló.

Las grandes inversiones estatales previstas hasta ahora en conectividad, coincidieron ambas, no han logrado cubrir las enormes necesidades de alfabetización latentes. Los proyectos regionales han sido adjudicados a diferentes operadores, en diferentes años, con plazos y condiciones o bases diferentes que han implicado la contratación de diferentes organizaciones para la capacitación y sensibilización. Eso, indicaron, les impide tener una apreciación que abarque todos los proyectos por igual. Sin embargo, si pueden decir, en general, que se necesita diseñar cursos más sencillos, fáciles de seguir y replicar a través de tutoriales propios para cada localidad.

Complicó la situación, dijo Nita Tortosa, convertir el Fitel en Pronatel, porque se cambiaron algunas funciones de la entidad, pero quienes ganaron los primeros proyectos solo deben cumplir lo que está en las bases, que en la práctica no es lo que todas las regiones necesitan ni todo lo que puede ejecutar el Pronatel. Prueba de esta situación son las múltiples adendas firmadas ante situaciones que eran imposibles de cumplir, añadió.

Reformas sugeridas

“Es necesario cambiar el chip de todas las personas que participan desde el diseño de los proyectos de internet rural hasta su ejecución”, comentó Nita Tortosa. No se puede poner foco en la infraestructura – antenas o fibra – sin recordar que son un medio para que el ciudadano lo desarrolle en beneficio de su comunidad, agregó.Uno de los grandes problemas acumulados en el tiempo, explicó, es que no se ha generado la necesidad del uso del Internet en el ámbito rural. Si invierten en difusión, dijo, pero no ponen foco en los beneficios que trae el uso de la señal para los intereses de la población, que son los usuarios finales que le darán uso, no se mantendrá viva la inversión.

Además, añadió Rosa Hurtado, hay una dificultad en la capacitación que no fue tomada en cuenta: la alta rotación del personal de salud y policial hace que las personas que participen en la primera etapa de la capacitación posiblemente no se encuentren presentes para los siguientes niveles. Eso ocasionó que, cuando los encargados de un proyecto regresaban a capacitar un nivel avanzado, el personal que recibió los contenidos básicos ya no estaba presente. Y el que sí estaba no sabía lo básico.

Otro aspecto es la duración de los módulos de capacitación, indicó, que está dada en las bases (de 60 o 40 horas de capacitación teórica y práctica cada uno, por citar un ejemplo) y no son flexibles. No se pueden hacer cambios según lo que requiere cada población en particular, añadió. En las comunidades pequeñas las personas no tienen cuatro horas diarias durante 15 días para recibir clases, menos si el contenido es denso, los aburre o asusta. Se trata de agricultores, productores, emprendedores o comerciantes, no secretarias que necesitan manejar ofimática básica, recalcó.

“Al final la capacitación se ejecuta para cumplir con las bases y de esta manera los teleoperadores y los contratistas evitan las penalidades, pero al poblador le queda poco o nada de todo lo que se le ha enseñado”, lamentó Nita Tortosa. Su sugerencia, dijo, es que se debe partir en cada capacitación del conocimiento de la zona rural donde se dicta el curso. Ellos tienen largas jornadas en campo y muchas veces no han completado su educación secundaria, por tanto, necesitan sacarle el jugo a la capacitación con contenidos básicos, pero de uso práctico, como por ejemplo el uso de redes sociales para comercializar sus productos.

“La plataforma de Alfabetización Digital Nacional, que el Instituto IDEA está proponiendo desarrollar como un proyecto público privado, sería útil para un amplio rango de edades y zonas geográficas y permitirá aprovechar la Ley de Banda Ancha y la Red Dorsal”, enfatizó.

Al más corto plazo, señaló, se debe cambiar los contenidos de capacitación desfasados e innecesarios de los proyectos regionales, sobre todo en aquellas regiones donde aún no se ha realizado la capacitación. A mediano plazo es importante promover iniciativas que desarrollen educación digital en todas estas zonas. Y a largo plazo se debe incluir dentro del diseño curricular nacional de la educación básica regular la enseñanza de competencias que promuevan en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía digital responsable.

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