Reducir la brecha: un reto público y privado – AFIN, Google y COMEX | Especial Ley de Acceso a Internet como Derecho

¿Cuál será el papel que tendrán los actores privados del ecosistema en la labor de reducir la brecha?, Comex, AFIN y Google opinan al respecto.
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A lo largo de los últimos años se han desarrollado varias acciones orientadas a brindar conectividad a las zonas rurales. Dada la nueva norma que establece el derecho de acceso a internet, consultamos a representantes del sector privado sobre el rol que tendrán los operadores privados en esta tarea. A continuación, sus perspectivas.

Tras la promulgación de la norma que convierte el acceso libre a internet un derecho, surge la interrogante sobre cuál será el papel que tendrán los actores privados del ecosistema en la labor de reducir la brecha aun existente de conectividad y hacer realidad este buen deseo.

Sin duda, no es algo que puede hacer solo el Estado. “Para que esta expresión se cristalice, se requiere un trabajo conjunto entre el sector público y privado para primero cerrar la brecha de conectividad y luego la brecha digital”, afirma Juan Pacheco, gerente general de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN).

«Desde Google, creemos que la tecnología es un gran democratizador de oportunidades y tenemos un compromiso sostenible con el desarrollo digital de América Latina. Esta transformación requiere del trabajo conjunto entre los gobiernos y el sector privado, con inversiones en infraestructura, personas, innovación tecnológica y políticas públicas tal como compartimos en nuestro informe Digital Sprinters”, añade Irene Velandia, Gerente de Asuntos de Gobierno y Políticas Públicas de Google para la región Andina.

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En América Latina, comenta Velandia, alcanzar todo el potencial de las tecnologías digitales podría generar un impacto económico anual de hasta US$ 1,37 trillones para 2030 en seis de las economías más grandes de la región, o el 23% del PIB combinado de estos países. Por lo pronto, agrega, el año pasado Google anunció un compromiso de inversión de US $1200 millones para América Latina enfocado en cuatro áreas clave para el desarrollo de la economía digital de la región: infraestructura digital, habilidades digitales, ecosistema emprendedor y comunidades inclusivas y sostenibles.

Mirando hacia adentro, no basta con una norma que declare el derecho de acceso para lograr cumplir estas metas de digitalización de la sociedad. Otros países, como República Dominicana ya han logrado avances luego de una declaración de derechos como esta, pero han hecho más que dar la norma, han concretado una serie de medidas concretas para ello.  

“Para que esta expresión se cristalice, se requiere un trabajo conjunto entre el sector público y privado para primero cerrar la brecha de conectividad y luego la brecha digital”.

– Juan Pacheco, gerente general de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN)

“Siempre es necesario dar un marco al desarrollo a los servicios. Sin embargo, como pasa con todo lo demás en el país, necesitamos políticas reales de fomento a la expansión de esta cobertura y sobre todo que el ecosistema digital funcione. No solo es un tema de infraestructura, sino de la demanda del servicio”, añade Pacheco.

En realidad, agrega Jaime Dupuy, gerente de asuntos legales y regulatorios de Comex, la solución a los problemas de conectividad en el país no pasa por cambiar la carta magna. «Ya la Constitución se ha modificado anteriormente para disponer mayor presupuesto para educación o para considerar el acceso al agua como un derecho fundamental, y pese a ello, no se cumple”, advierte.

Desde Google, creemos que la tecnología es un gran democratizador de oportunidades y tenemos un compromiso sostenible con el desarrollo digital de América Latina (…) no basta con una norma que declare el derecho de acceso para lograr cumplir estas metas de digitalización de la sociedad.

– Irene Velandia, Gerente de Asuntos de Gobierno y Políticas Públicas de Google para la región Andina

A su entender, ya existe el marco legal adecuado para impulsar el despliegue de infraestructura que permita el cierre de la brecha digital. “Lo que necesitamos es buena gestión pública para materializar esto y servidores públicos capacitados”, enfatiza Jaime Dupuy.

“Esta es una ley populista que en la práctica no tiene relevancia alguna. Lo que se necesita es tener las reglas de juego claras. Le economía es una sola, y lo que se requiere para impulsar es confianza y predictibilidad. Necesitamos autoridades (sea Ejecutivo, Congreso y municipalidades) que consideren análisis de impacto regulatorio antes de pensar en aprobar regulaciones sobre asuntos que no logran entender a cabalidad y que, mal diseñadas, solo generan sobrerregulación y ahuyentan la inversión privada”, añade Dupuy.

Un camino ya iniciado 

El papel de los operadores de telecomunicaciones privados en la labor de reducir la brecha digital no es algo que no exista, sino todo lo contrario. Baste como ejemplo Internet para Todos (IpT), una iniciativa que ha sido tomada a lo largo de la región como un ejemplo de trabajo coordinado con resultados tangibles.

“Lo que necesitamos es buena gestión pública para materializar esto y servidores públicos capacitados (…) antes de pensar en aprobar regulaciones sobre asuntos que no logran entender a cabalidad”.

– Jaime Dupuy, gerente de asuntos legales y regulatorios de Comex

Desde su creación en el 2019, cuando Telefónica, Facebook, BID Invest y CAF formaron esta empresa con el objetivo de llevar el acceso a Internet a los lugares que más lo necesitan del Perú, ha conectado con la tecnología 4G a más de 3,3 millones de pobladores de 16 700 localidades de zonas rurales.

El modelo utilizado es el de un operador de infraestructura móvil rural neutral (OIMR), que pone su infraestructura a disposición de cualquier otro operador móvil que quiera alquilarla y pasar su señal a través de ella. Esta modalidad fue creada por ley en 2013. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha informado que ya se tienen al menos ocho OIMR registrados, de los cuales cuatro ya operan atendiendo a unos seis millones de peruanos.

En el caso de IpT ha desplegado más de 2100 estaciones 4G en todo el perímetro rural del Perú, muchas de ellas enlazadas a las redes regionales impulsadas por Pronatel. Solo entre mayo 2019 y diciembre 2022 reportaron un incrementó del 240% en la cantidad de comunidades rurales con acceso a Internet móvil 4G. Además, han desplegado su propia red de transporte en 1300 kilómetros de fibra óptica alrededor de todo el Perú y construido más del 57% de las estaciones del proyecto Canon por Despliegue del MTC en el 2021 y 2022 (176 estaciones).

La modalidad de pagar parte del canon con obras de conectividad en zonas rurales es otra de las iniciativas del MTC que ha sido reconocida como una forma concreta de reducir la brecha en el país. MTC ha reportado que gracias al canon por cobertura se ha logrado interconectar a 665 localidades rurales con servicios móviles 4G y a partir del 2024 se sumarán unas 350 localidades de forma anual.

Antes de eso solo se tenía que, en las licitaciones de espectro, se comprometía al ganador a brindar cobertura en zonas remotas desconectadas, además del monto en efectivo pagado. En la última licitación, este año, ya solo se pidió ofrecimiento de cobertura en zonas desconectadas. Bitel ganó porque ofreció llevar servicios móviles 4G a 2640 localidades desconectadas.  

Sumado a ello, se ha anunciado que la red regional de fibra óptica para Cajamarca, Piura y Tumbes se construirá bajo la modalidad obras por impuestos. Eso quiere decir que una empresa privada cubrirá el costo del tendido de la red. Todas estas acciones son una muestra de que el país cuenta con una política cada vez más orientada a involucrar a los privados en esta labor de reducir la brecha y que no se necesita medidas populistas ni declarativas de buenas intenciones para lograrlo, coinciden los expertos consultados.

Conoce la data relevante y opiniones de diversos actores especializados sobre el tema haciendo clic en los siguientes enlaces:

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