Dicho lo anterior miremos las últimas semanas en el Perú. Un congreso que aprueba con una votación reducida un dictamen de la Comisión de justicia (y pongo justicia con minúscula porque no es entendible que en lugar de análisis los estándares internacionales se busque proteger a los que detentan el poder). Un dictamen que implica afectaciones a la libertad de expresión y de prensa, buscando aumentar las penas (para tener presión efectiva) para los delitos ligados al honor, en una clara acción de amedrentamiento contra aquellos que utilizando la libertad de expresión pueden cuestionar, aún con la mayor crudeza posible, a los detentadores del poder (sean funcionarios públicos electos o designados o políticos).
La Corte Europea de Derechos Humanos sobre la liberta de expresión en el contexto de una sociedad democrática indica:
“[…] la libertad de expresión constituye uno de los pilares esenciales de una sociedad democrática y una condición fundamental para su progreso y para el desarrollo personal de cada individuo. Dicha libertad no sólo debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también en lo que toca a las que ofenden, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población. Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una sociedad democrática. […] Esto significa que […] toda formalidad, condición, restricción o sanción impuesta en la materia debe ser proporcionada al fin legítimo que se persigue” [2]
Dicha Corte Europea de Derechos Humanos añade a lo anterior:
“Los límites de la crítica aceptable son, por tanto, respecto de un político, más amplios que en el caso de un particular. A diferencia de este último, aquel inevitable y conscientemente se abre a un riguroso escrutinio de todas sus palabras y hechos por parte de periodistas y de la opinión pública y, en consecuencia, debe demostrar un mayor grado de tolerancia. Sin duda, el artículo 10, inciso 2 (art.10-2) permite la protección de la reputación de los demás –es decir, de todas las personas- y esta protección comprende también a los políticos, aún cuando no estén actuando en carácter de particulares, pero en esos casos los requisitos de dicha protección tienen que ser ponderados en relación con los intereses de un debate abierto sobre los asuntos políticos [3]
Pero acompañado a esta búsqueda de que la prensa se autocensure, el ejecutivo ha lanzado la idea de tener una franja mandatoria para temas de seguridad ciudadana, en estados de emergencia. Su argumento es que “todos debemos ser parte de la lucha contra el crimen”. Sin embargo el argumento es falaz, puesto que lo que busca es que se “diga” a la población determinadas “ideas” brindadas desde el “poder” (y aquí no solo en minúsculas sino con comillas).
Entidades como la Sociedad Nacional de Radio y Televisión ya han expresado su alerta contra un proyecto de esta índole que tras una aparente buena intención en realidad buscaría tener una suerte de “discurso único” brindado por el Estado a la fuerza. Si hay información que se deba brindar, la libertad de prensa, utilizará la misma para brindar información complementaria, no a la fuerza de un corse sino porque se debe informar. Si lo que se busca es publicitar las acciones del gobierno de turno, mal camino utilizar una vitrina a la fuerza cual “buenos días presidente” de algún país con un régimen claramente autoritario. Pero se debe añadir además que la normativa que buscan adecuar es la de radio y televisión, pero ¿qué pretenderán hacer con la prensa escrita y la que va solo en medios digitales o la que usa complementariamente dichos medios? ¿El estado comenzará a regular los contenidos en prensa y en digital, también?
Finalmente es curioso que hace un par de semanas estuvo una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa en Perú y se intento que la Presidenta Boluarte y el Presidente del Congreso firmen las declaraciones de Chapultepec y de Salta II sobre libertad de expresión y de prensa (en entornos físicos y digitales), pero no tuvo tiempo la Presidenta para firmar y adherirse, que sin duda impedirían propuestas como las que estamos presenciando.
Por lo visto el embate, en medio de un proceso electoral que entre otras cosas impide la publicidad gubernamental, es claro: no cuestión al poder de turno, porque iran por la Libertad de Expresión y la Libertad de Prensa (en mayúsculas).
[1] (Tomado de la Sentencia Herrera Ulloa vs. Costa Rica)
[2] Cfr. Eur. Court H.R., Case of Dichand and others v. Austria, supra nota 91, para. 39; Eur. Court H.R, Case of Lingens vs. Austria, supra nota 91, para. 42. (Tomado de la Sentencia Herrera Ulloa vs. Costa Rica)
Versión completa de la columna publicada en la edición impresa de diario Perú21 el 02 de abril de 2025
https://peru21.pe/opinion/el-poder-contra-la-prensa/
