Tras poco más de un mes desde que fue aprobada en el Congreso, el Ejecutivo publicó en el diario oficial El Peruano la nueva Ley General de Contrataciones Públicas [Ley 32069] en reemplazo de la Ley 30225. La nueva norma entrará por completo en vigor a los noventa días calendario contados a partir del día siguiente de la publicación de su reglamento.
La norma, publicada el 24 de junio, reúne las propuestas de los proyectos de ley 5472, 5362, 6475 y 7388 y tiene como objetivo maximizar el uso de recursos públicos en las contrataciones de bienes, servicios y obras por parte de las diferentes organismos y divisiones que comprenden el Estado.
Entre las variaciones del texto con la norma anterior está que se consideran contratos menores a aquellos celebrados por las entidades contratantes cuyos montos sean iguales o inferiores a 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir alrededor de S/41 200.
La propuesta también establece la creación de una herramienta que facilite las contrataciones: se trata de la Plataforma Digital para las Contrataciones Públicas (Pladicop) y se precisa que los contratos de gobierno a gobierno pueden ser ejecutadas por otro gobierno a través de sus propios organismos o dependencias.
El contenido de la norma ha sido objeto de una capacitación que organizó el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) desde el pasado 19 de junio. El ciclo de conferencias en línea sobre la nueva normativa de compras contó con la participación del mexicano Jacobo Pastor García Villarreal, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y el colombiano Carlos Mauricio Ortiz Niño, docente experto en contrataciones estatales.
En la capacitación se buscó aclarar algunos puntos controversiales sobre la nueva ley y se puso énfasis en la efectividad de la contratación que ofrece. Ortiz Niño destacó que ahora se podrá hacer una compra basada en el valor eficiente del bien, más allá del costo monetario, incluyendo la valoración de aspectos como la calidad y la duración del producto.
La norma tiene como objetivo maximizar el uso de recursos públicos en las contrataciones de bienes, servicios y obras por parte de las diferentes organismos y divisiones que comprenden el Estado.
Semanas atrás, cuando se estaba debatiendo el texto en el Congreso y luego de su aprobación, algunos gremios del sector construcción presentaron sus observaciones a los alcances de la nueva norma que regirá las adquisiciones del Estado. La prensa informó que la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y la Sociedad Nacional de Construcción e Ingeniería (SNCI) cuestionaron cuatro artículos y pidieron que la norma sea observada para perfeccionar dichos puntos.
Las críticas iban en torno al espacio que tendrán los contratistas para presentar recursos, ya sea durante el proceso de selección o luego de darse la buena pro. Además, consideraron que existen limitantes para las instancias que se encargarán de resolver controversias, como los centros de arbitraje.
Sin embargo, desde la Asociación Peruana de Consultoría (APC), señalaron en diario Perú 21 que la norma permitirá acelerar el ciclo de los proyectos y destrabar obras paralizadas en todo el país (S/ 33 167 millones al primer trimestre del 2024). APC destacó que una disposición complementaria modificatoria establece que apenas sea promulgada, y sin necesidad de esperar al reglamento, entrará en vigencia la modificación de la Ley 31589, que busca reactivar las obras públicas paralizadas en el país.
