«Compendio de Legislación Penal Informática en el Perú», nuevo libro del Dr. Erick Iriarte Ahon

Como instrumento útil al debate, análisis, mejora y cumplimiento de las leyes relacionadas a Delitos Informáticos en el Perú, nuestro CEO presenta su última publicación.

Cibercrimen: acción contra bienes jurídicos utilizando herramientas digitales. Se puede dividir en delitos informáticos (delitos contra el bien jurídico información) y delitos por medios informáticos (delitos que utilizan las tecnologías para su ejecución).

Para empezar, debemos definir a qué nos referimos con cibercrimen, ya que en muchos casos se confunden los delitos informáticos con el cibercrimen que, como defino en el párrafo anterior, es solo un aspecto del fenómeno.

La aparición de la tecnología ha facilitado la vida a las personas y les ha dado posibilidades de mejorar la sociedad, generando al mismo tiempo nuevas herramientas para aquellos quienes buscan afectarlas. El entorno digital es un reflejo de nuestro entorno presencial, pero añadiendo instrumentos de acceso remoto, además de un alcance masivo y transfronterizo.

Pero, si bien existen estas afectaciones, el derecho -y en especial el derecho penal como ultima ratio– ha desarrollado instrumentos para enfrentar dichas acciones, dichos ilícitos.

Espero esta publicación sea un instrumento útil para la labor de todas las personas, (…) para que puedan tener claridad sobre qué está regulado, qué está mal regulado, qué puede mejorarse y qué no requiere ser alterado.

Este manual nos permite tener en un solo instrumento lo desarrollado a la fecha en los pasados 33 años (desde la llegada del internet al Perú de la mano de la Red Científica Peruana) en materia de derecho penal informático, término totalmente arbitrario que he desarrollado para abarcar este tipo de regulación.

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Espero esta publicación sea un instrumento útil para la labor de todas las personas, en especial de quienes se encargan del law enforcement y del cumplimiento de la ley (jueces, fiscales, policías, abogados), pero también de académicos, desarrolladores de políticas y desarrolladores de regulación (congresistas), para que puedan tener claridad sobre qué está regulado, qué está mal regulado, qué puede mejorarse y qué no requiere ser alterado.

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