El Consejo de Ministros aprobó esta semana el proyecto de ley que crea la Autoridad Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. La norma, junto con modificaciones a le Ley de Protección de Datos, han sido remitidas al Congreso para su debate y aprobación. 

Eduardo Vega Luna, titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), informó esta semana que se ha aprobado un proyecto de ley que busca fortalecer la transparencia y acceso a la información. Se trata de la propuesta de crear la Autoridad Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, la cual ha sido remitida al Congreso para que la evalúe, debata y apruebe.  

“Este era un ofrecimiento y una tarea a la que se había comprometido el Ejecutivo ante el Congreso y tiene por finalidad fortalecer la institucionalidad de transparencia y acceso a la información y, por tanto, prevención de la corrupción en el país”, destacó el ministro. 

Vega detalló que esta nueva autoridad nacional será la entidad rectora en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. En la actualidad se cuenta con la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD), que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ellos se encargan de hacer cumplir la normatividad vigente en materia de protección de datos personales. La nueva figura propuesta busca amplia y fortalece a la entidad ya existente.  

Eduardo Luna, director de la actual ANPD, explicó que se está ganando autonomía, porque suben un peldaño en la estructura del Estado y se ubican en el mismo estatus que tiene el INPE, SUNARP o la Procuraduría General del Estado. “Un organismo técnico especializado es menos que un organismo constitucional autónomo, como la Defensoría o la Contraloría, pero mucho más que una unidad orgánica dentro de un Sector del Ejecutivo [el Mindef], en términos de presupuesto y planificación” 

Además de las fortalezas económicas y financieras que ganará la nueva entidad para contratar los recursos materiales y humanos que requiere para realizar su labor a nivel nacional, se consigue la institucionalidad necesaria para la defensa y promoción de la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales de forma integrada.   

Luna explicó que hasta ahora funcionan de manera separada las autoridades de Transparencia y Acceso a la Información Pública (creada el 2017 por el Decreto Legislativo 1353) y de Protección de Datos Personales (creada el 2011 por la Ley 29733) y el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ahora estarán integrados, lo cual generará eficiencias que favorecerán al ciudadano. “Enriquecerá al Tribunal porque ahora incorporará en su razonamiento de un modo más notorio la lógica de la protección de datos como excepción al derecho de acceso a la información pública», destacó.  

Con esta nueva figura, añadió, se gana en transparencia porque existirá una institución más fuerte para promover y garantizar los derechos a cargo. “Podremos intensificar nuestra labor de supervisión sobre obligaciones de información de las entidades en portales de transparencia y obligaciones en la atención de solicitudes de acceso a la información pública. Podremos trabajar con más recursos humanos directivas y lineamientos sobre diversos contenidos de las leyes y criterios de clasificación de información, incluidos criterios de disociación de datos personales”, señaló.  

A nivel de la protección de datos, el proyecto de ley presentado incluye mejoras en el marco normativo vigente. “Se contempla algunas modificaciones para reconocer nuevos derechos que ya existen en el ámbito de las telecomunicaciones, como la portabilidad de datos.  Y se amplía también la obligación de comunicación de incidentes de seguridad (que ya existe en el ámbito digital para las entidades públicas y algunos proveedores de servicios digitales del sector privado) cuando involucren datos personales; entre otras”, señaló Luna. 

Eduardo Vega sostuvo que con las modificaciones a la ley vigente se busca dar las herramientas para que la nueva autoridad mejore su labor. “Lo que se busca es hacer más efectivo el régimen de sanciones para quienes incumplen la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, acotó. Además, se busca evitar el abuso del derecho y explicitar algunas excepciones a la entrega de información. “Hay información que requiere ser reservada y, por lo tanto, lo que propone este proyecto de ley es garantizar esos casos excepcionales”, manifestó. 

El proyecto normativo incluye mejoras para la Ley de Protección de Datos Personales y la de Transparencia, aclaró, con el fin de contar con un estándar normativo al nivel del que se maneja en otros países, como por ejemplo la Unión Europea, en donde la protección del ciudadano está más avanzada. En manos de los legisladores quedará su aprobación.