Para la coordinadora legal en políticas públicas de la ONG Hiperderecho, en el presente semestre se han dado importantes avances en torno a la regulación del sector, pero el Congreso debe rectificar una serie de desaciertos relativos a los derechos humanos para lo que resta del año.
¿Cuál consideras que ha sido el mayor acierto en la gestión pública – o regulatoria – en el primer semestre del año?
Aunque no se trata de una norma del presente semestre, sino de octubre del año pasado, considero que la interoperabilidad entre las principales billeteras digitales (Yape y Plin), que se hizo efectiva entre marzo y abril del presente año (de acuerdo con los plazos dispuestos por el BCRP), ha sido uno de los grandes aciertos en materia de inclusión financiera en el país. Es importante seguir atentos a la implementación del cronograma de interoperabilidad, pues falta incluir a otras entidades reguladas en la siguiente fase. En segundo lugar, considero importantes los esfuerzos de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM en impulsar la agenda de transformación digital en el país, lo cual incluye distintos tipos de instrumentos de gestión. La Carta de Derechos Digitales recientemente presentada, aunque no sea vinculante, muestra también un esfuerzo importante por madurar la conversación sobre derechos humanos en contextos digitales en el país.
¿Cuál el mayor pendiente no resuelto o mal regulado?
El gran desafío en el país sigue siendo la brecha digital de conectividad. Mientras más servicios públicos se digitalizan, las personas y hogares que aún no acceden a internet ven agudizarse todo tipo de brechas. La Red Nacional de Fibra Óptica, subutilizada a la fecha, a pesar de estar culminada, es sin duda uno de los más grandes pendientes en la materia para el gobierno, a más de una década de la aprobación de la Ley 29904: Ley de promoción de la banda ancha y construcción de la red dorsal nacional de fibra óptica.
¿Y en torno al respeto de los derechos humanos en internet, que nos sigue faltando?
Creo que una preocupación cada vez más grande por parte de la ciudadanía está relacionada con la protección de sus datos personales, sobre todo en lo que respecta al chip swapping, suplantación de identidad, fraude y demás. Es urgente, más allá de la ley y su reglamento, que las instituciones den una respuesta coordinada (convocando además al sector privado de telecomunicaciones y de banca) a esta problemática.
¿Qué opinión le merece la norma propuesta por el Ejecutivo en torno a la Red Dorsal, que incluye prorrogar por tres años el mantenimiento temporal a cargo del Estado?
Espero que los tres años de prórroga permitan, finalmente, encontrar una solución sostenible a largo plazo, convocando a otros actores. No creo que sea admisible seguir aprobando prórrogas al respecto.
¿Y qué opina de la Ley 31809? ¿Estamos así contribuyendo a la reducción de la brecha digital?
En lo relativo a la Ley 31809, Ley para el Fomento de un Perú Conectado, promulgada el mes pasado, estimo que incorpora medidas interesantes con el objetivo de simplificar el marco regulatorio de Osiptel (aunque no descarto que sea una actividad del regulador que no requería la aprobación de una Ley), prever un análisis de impacto regulatorio (AIR) ex ante obligatorio para las normas que busquen regular el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones para la conectividad en banda ancha, entre otros. Creo que vale la pena estar atentos a la implementación, pues, ya aprobada, será reglamentada por el MTC y Osiptel.
«Mientras más servicios públicos se digitalizan, las personas y hogares que aún no acceden a internet ven agudizarse todo tipo de brechas».
– LUCÍA LEÓN, COORDINADORA LEGAL EN POLÍTICAS PÚBLICAS DE HIPERDERECHO.
La medida incluye una ventanilla única…
Uno de los grandes aciertos de la norma es, precisamente, la creación de una ventanilla única digital para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones a cargo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, de modo que los trámites relativos al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones estén centralizados a través de dicho medio, incluyendo a otras entidades como el Ministerio de Ambiente o de Cultura.
En relación a la labor del Congreso, ¿considera que han sido útiles, o no, de cara al respeto o fomento de la libertad en internet y la protección de la esencia humana?
Una de las normas más importantes aprobadas, aunque requiere de una segunda votación en la legislatura que empieza, es la reforma constitucional que incorpora el derecho de acceso a internet. La fórmula legislativa elegida ha sido modificar dos incisos del artículo 2: el 4 (sobre libertades informativas) y el 14 (sobre derecho a la educación). Así, en estos dos momentos, se establece que “El Estado promueve el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en todo el país” y que, además, “garantiza, a través de la inversión pública o privada, el acceso a Internet libre en todo el territorio nacional, con especial énfasis en las zonas rurales, comunidades campesinas y nativas”.
Qué considera que debería disponerse o priorizarse en el segundo semestre (MTC, Congreso, Osiptel) para fomentar el respeto de la dignidad humana, la protección contra los discursos de odio y la discriminación.
En lo que respecta al Congreso, me parece esencial rectificar una serie de desaciertos respecto a la agenda legislativa, considerando que debe aprobarse una nueva para el año 2023-2024. Uno de esos grandes errores está relacionado con la libertad de expresión, cuyo acercamiento pasó a ser de «fortalecimiento de la libertad de expresión e información» (2021-2022), entendidas como derecho, a «actividades de difusión a través de radio y televisión» (2022-2023), entendida como una mera actividad comunicacional. Este enfoque es grave si consideramos que se han presentado varios proyectos de ley buscando criminalizar la expresión en línea (por ejemplo, mediante redes sociales), en lugar de atender a problemas más graves que no recaen en el usuario, como son la transparencia en la moderación de contenidos, la accesibilidad web, etc.
¿Qué se debería hacer?
En primer lugar, esperaría que se rectifique la manera de entender este punto en la agenda legislativa, y que eso venga de la mano con un entendimiento más maduro de la libertad de expresión al momento de presentar y/o debatir proyectos de ley.
¿Existe alguna otra propuesta preocupante?
Una cuestión que va a ser crítica este semestre – me parece – es la manera de acercarse a la inteligencia artificial: aunque se ha promulgado recientemente la norma de promoción de la IA, cuyo contenido es principalmente declarativo, ya existen otras propuestas que pretenden que la IA sea utilizada para garantizar la seguridad ciudadana, la defensa nacional, etc. Vemos con preocupación que esas iniciativas no incorporan una evaluación de impacto en derechos humanos ni toman en cuenta todos los casos documentados de discriminación, con riesgos de “falsos positivos”, en otras partes del mundo.
Sepa más: Lucia León es coordinadora legal en Políticas Públicas para la ONG Hiperderecho, una asociación civil con sede en Perú que trabaja en la intersección entre tecnología, derechos humanos e interés público. Estudió derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es becaria del Programa Líderes 2.0 de LACNIC, del Programa de Becas de Políticas de LACNIC y del Programa de Becas ICANN78. Forma parte del Comité Organizador del IGF Perú.
