Se eleva cumplimiento de Ley de Transparencia, pero aún falta mucho por cubrir

Existe un 27,7% de entidades estatales que cumplen con remitir información sobre la atención de pedidos de información a la autoridad respectiva

Existe un 27,7% de entidades estatales que cumplen con remitir información sobre la atención de pedidos de información a la autoridad respectiva. Las municipalidades provinciales y distritales (58,7% y 18,8%, respectivamente) son las que más incumplen, mientras que el Poder Ejecutivo es el más cumplidor.

En aras de evitar la corrupción y comportamientos deshonestos, el país cuenta con una ley que obliga a todas las entidades públicas a brindar toda la información que posean sobre su gestión – salvo Secretos de Estado – a los ciudadanos que lo soliciten. Por eso la prensa ha conseguido desde correos electrónicos de ministros y registros de visitas hasta tesis de grado. La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Antaip) es la entidad que se encarga de normar, supervisar y promover el cumplimiento de dicha Ley y todos los años presenta su informe anual.

En el 2021, según el informe de Antaip, se ha evidenciado una mejora en la cantidad de dependencias públicas que han remitido reportes sobre los pedidos de acceso a la información, pero la brecha por cubrir es aún enorme. Las entidades de la administración pública, reportaron, han recibido 242 057 solicitudes de acceso a la información, 48,2% más de las recibidas en el 2020.  

El alza reportada, empero, no es suficiente. Las 558 entidades estatales de todo el país que remitieron sus reportes a la Antaip, mostrando un mayor cumplimiento de la obligación legal que evidencia una adaptación a la nueva realidad virtual, representan solo el 27,7% del total de dependencias existentes. La cifra ha mejorado, porque solo eran un 20,7% (410 de 1979 entidades) en el 2020, pero sigue siendo baja. Valga recordar que, antes de la pandemia (2019), el cumplimiento era del 38,8%.  

El incremento de las cifras totales se debería, según Antaip, a que las entidades vienen adaptándose a las nuevas herramientas virtuales implementadas para remitir la información. También puede explicarse por la recepción de las comunicaciones recordatorias cursadas a través de sus mesas de partes virtual o mediante la plataforma Facilita Perú. 

Las municipalidades siguen siendo las que más incumplen con remitir reportes. Sólo un 58,7% de las provinciales y un 18,8% de las distritales cumplieron con la obligación legal.

Los incumplimientos, señalaron, son consecuencia del desconocimiento de la norma vigente, el envío tardío de información recopilada manualmente o con formatos desactualizados y la incapacidad para conectarse a los sistemas digitales. Uno de los problemas que se ha ido resolviendo este año es la falta de mesas de parte virtuales, destacaron. También se esperan mejoras con el lanzamiento de la Plataforma de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual servirá para la recepción y el seguimiento centralizado de las solicitudes, así como para la entrega de información al ciudadano. La creación de dicha plataforma única ha sido una necesidad advertida por la Antaip desde el 2018, pero recién fue culminada en diciembre del 2021. En el transcurso del presente año entrará en periodo de prueba.    

Las municipalidades siguen siendo las que más incumplen con remitir reportes. Sólo un 58,7% de las provinciales y un 18,8% de las distritales cumplieron con la obligación legal. Se elevó el porcentaje de cumplimiento en más de diez puntos en el primer grupo, pero no lo suficiente.  

La persistencia en el bajo nivel de cumplimiento, según la Antaip, hace evidente la necesidad de que la autoridad sancione a los funcionarios públicos que incumplan con dicha obligación. Actualmente, los procesos sancionadores están a cargo de cada entidad pública y cuando incumplen, como ellas mismas deben sancionarse, no hay temor a las consecuencias.  

Liderazgo del Ejecutivo 

El informe establece que 6 de cada 10 solicitudes de información pública estuvieron dirigidas al Poder Ejecutivo, el cual incluye los 18 ministerios y 169 organismos adscritos. Como en años anteriores, el Poder Ejecutivo reporta la mayor parte de las solicitudes recibidas y atendidas, en su inmensa mayoría, de forma favorable. 

El 97,9% de las solicitudes recibidas por las entidades estatales han sido atendidas, según el reporte. La mayoría de solicitudes fueron resueltas entregando la información solicitada dentro del plazo (76,7%), un 11,5% fue fuera del plazo legal o prorroga y un 6,5% se atendió la solicitud negando la entrega por tratarse principalmente de material que no podía ser público.  

Al igual que en el 2020, los más cumplidos fueron el Congreso de la República (100%) y el Poder Ejecutivo (99,8%). Las entidades que registran el mayor porcentaje de solicitudes no atendidas fueron las universidades públicas (6,6%); las municipalidades provinciales (5%) y los gobiernos regionales (3,8%). 

El informe establece que 6 de cada 10 solicitudes de información pública estuvieron dirigidas al Poder Ejecutivo, el cual incluye los 18 ministerios y 169 organismos adscritos.

Todos coincidieron en que la mayor parte de solicitudes fueron de información que maneja cada dependencia. La mayoría que no atendió los pedidos fue porque el funcionario que poseía la data no la entregó. El 5,3% dijo que tenía otros motivos, como la suspensión de atención al público, fallas de conectividad, ausencia de personal por contagios Covid19, entre otras. Solo en el caso de las empresas estatales, el 45% dijo que el principal motivo para no atenderlas fue la falta de capacidad operativa, logística y de personal. 

La buena práctica más implementada en el sector público en este periodo ha sido disponer de medios alternativos a la unidad de recepción de documentos tradicional. Un total de 741 instituciones públicas lo hicieron, según el reporte. También implementaron una derivación más rápida de las solicitudes (535 entidades) y la digitalización de información para su más fácil ubicación y/o envío a quien lo solicitó (459 entidades). 

En el Ejecutivo, a nivel de ministerios, la autoridad informó que quienes recibieron más solicitudes son la PCM (16,5% del total de solicitudes recibidas en el Poder Ejecutivo); el Minedu (14,8%); y el Minsa (14,2%). Quienes menos solicitudes recibieron fueron la cartera de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Turismo y Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y el que tuvo más solicitudes no atendidas (1,2%) fue el Mindef. A nivel de organismos adscritos al Ejecutivo, el que recibió de nuevo más solicitudes fue la Reniec y el BCRP quienes menos atendió.     

Con relación a los gobiernos regionales, 20 de los 25 existentes dieron cuenta de 10 219 solicitudes, las cuales fueron atendidas en el 95,6% de los casos. Las regiones que recibieron más solicitudes fueron las de Tacna (2125 solicitudes), Piura (1914) y Arequipa (1109). En cambio, entre las que recibieron menos solicitudes estuvieron Huánuco (51 solicitudes), Apurímac (61 solicitudes) y Puno (68 solicitudes). El gobierno regional con el mayor porcentaje de solicitudes no atendidas es el de Huancavelica (39%), seguido de Ica (30,7%) y Cusco (20%). Los que no cumplieron con la obligación legal de reportar información a la Antaip por segundo año consecutivo son Áncash y Junín. Tampoco reportaron Ayacucho, Loreto y Madre de Dios. 

Un total de 115 de las 196 municipalidades provinciales reportaron 36 376 solicitudes recibidas, atendidas en el 94,1% de los casos. El porcentaje más alto de solicitudes no atendidas se registra en las ubicadas en Ica: 29,3% de las solicitudes que han recibido no han sido atendidas.  

Sobre las universidades públicas, 42 de las 49 en funcionamiento dieron cuenta de 1178 solicitudes recibidas que fueron atendidas en el 91,4% de los casos. Las que registran más solicitudes no atendidas son la Universidad Tecnológica de Lima Sur (el 42,4% de las 66 que recibieron), la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (el 16% de las 100 que recibieron), y la Universidad Nacional de Moquegua (el 23,6% de las 55 que recibieron).   

 “El actual derecho de petición es imperfecto y le faltan dientes, pero permite mirar debajo de la alfombra. Aún no ha sido destruido por el régimen, lo que podría ocurrir”. Ricardo Uceda, en el diario El Comercio. 

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