Tras la suspensión del proceso para seleccionar un operador temporal de la Red Dorsal, Pronatel queda como encargado de brindar el servicio de su mantenimiento y operación de hasta nuevo aviso. Legalidad de la medida ha sido cuestionada porque, según la Ley de Telecomunicaciones, el Estado no puede brindar servicios de telecomunicaciones y cobrar por ellos.
Desde que se dio por resuelto el contrato con Azteca para la operación y mantenimiento de la Red Dorsal, hace casi un año, se han convocado tres procesos para obtener un operador temporal sin resultados satisfactorios. El primero se inició a fines del año pasado, el segundo en marzo y el tercero, iniciado en mayo, acaba de ser suspendido esta semana.
El viceministro de Comunicaciones, Virgilio Tito Chura, informó que Pronatel (Programa Nacional de Telecomunicaciones), continuará operando directamente la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica por un periodo no mayor de tres años. Refirió que se ha visto conveniente cancelar el proceso de contratación de un operador que preste el servicio “hasta nuevo aviso”.
Como se recordará, el 14 de julio del 2021 el MTC decidió resolver el contrato con Azteca de forma unilateral y le otorgó un plazo de seis meses para realizar la entrega de la red. A partir del 14 de enero, de acuerdo con la Resolución Ministerial N° 689-2021-MTC/01, se encargó al Pronatel la función de la operación temporal de la Red Dorsal, directamente o a través de terceros, hasta por un máximo de tres años, a fin de garantizar la continuidad del servicio.
La exviceministra de comunicaciones, Virginia Nakagawa, cuestionó ante el diario Gestión la decisión tomada. Según explicó, el MTC está interpretando que operar directamente la Red Dorsal también lo faculta para cobrar por el servicio que brinda a los 19 clientes que posee la red, lo cual va en contra de lo dispuesto por la Ley de Telecomunicaciones. La norma vigente establece que para poder hacerlo debe tener un título de concesión como operador, lo cual no posee ni puede poseer el Pronatel, un organismo estatal. “La interpretación del MTC es errada y tiene graves problemas de legalidad. En la práctica el Estado se ha vuelto un concesionario de comunicaciones”, declaró.
Un viaje accidentado
A fines del año pasado se inició una prospección de mercado y se convocó la contratación directa de un operador del mantenimiento y operación de la citada red, que une 22 capitales de región y 180 capitales de provincia. El proceso no llegó a buen puerto, porque solo había un candidato que cumplía las condiciones – consorcio de Gilat y Optical Network – pero cobraba más de lo presupuestado. Además, se denunció falta de transparencia, condiciones inaccesibles para la mayoría y presiones al interior del ministerio para otorgar al citado consorcio el contrato.
El segundo proceso de búsqueda del encargado de dar mantenimiento a los 13 500 km de fibra óptica se inició en marzo y tuvo hasta seis postergaciones en los plazos otorgados, sobre todo por la cantidad de consultas a los términos de referencia presentados. En esta oportunidad quedaron tres finalistas, entre ellos Bitel, pero no se le otorgó la buena pro a ninguno porque se dijo que no cumplían con los términos de referencia.
“La interpretación del MTC es errada y tiene graves problemas de legalidad. En la práctica el Estado se ha vuelto un concesionario de comunicaciones”
Virginia Nakagawa, ex viceministra de Comunicaciones
El tercer proceso se inició en mayo con un mayor nivel de transparencia y ya se había anunciado una primera postergación del plazo. En principio se esperaba tener un ganador para la primera semana de julio, pero con la postergación se reprogramo la presentación de los resultados hasta el 18 de julio. La etapa de consultas terminaba el 1 de julio, pero dos días antes surgió el comunicado del MTC anunciando la suspensión del proceso.
En paralelo a la búsqueda del operador temporal, por hasta tres años, se conformó un comité encargado de encontrar una solución permanente a la problemática generada por la Red Dorsal, de la que solo se utiliza máximo el 6% de la misma y cuenta con un precio muy elevado (S/23) frente a la oferta de otros operadores privados (S/5).
El Grupo Sectorial fue conformado a fines de octubre del 2021 (R.M. Nº 1045-2021-MTC/01.03) por funcionarios del MTC y Pronatel con el objetivo de elaborar y proponer criterios que permitan garantizar la continuidad de la Red Dorsal y recibió un año de plazo para presentar un informe final. Eso quiere decir que tiene hasta fines de octubre del 2022 para dar una solución. Su recomendación, empero, no ha sido debatida ante la opinión pública y, si bien la comisión puede consultar a privados sobre sus sugerencias de solución, ningún representante de los operadores forma parte del comité.
Sepa más: El 17 de junio de 2014 se suscribió el contrato de concesión para la construcción, operación y mantenimiento de la Red Dorsal por 20 años, mediante una asociación público-privada con una inversión de US$ 333 millones. No llegó a tener más de 30 clientes en su mejor momento y generó una inversión adicional a la prevista por US$ 166 millones hasta el primer trimestre del 2021 pues los ingresos solo cubrían el 7,7% de los costos.
