Desde hace tres años es jefa de asuntos regulatorios de Comex (Sociedad de Comercio Exterior del Perú). Es abogada egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú con especialización en Derecho Administrativo por la Universidad ESAN y en Derecho de la Construcción por la Universidad del Pacífico. Tiene experiencia en temas regulatorios y ha sido gerente Institucional de Adeb (Asociación de Eliminación de Barreras Burocráticas) entre 2019 y 2020. En su opinión, reducir la brecha digital entre zonas urbanas y rurales es la base para el que todos puedan participar del comercio electrónico.
¿Qué significa la Política Nacional de Transformación Digital (PNTD) al 2030 para el comercio electrónico y la economía digital?
De acuerdo con la PNTD al 2030, el segundo objetivo prioritario (OP2) es vincular la economía digital a los procesos productivos sostenibles del país. Para lograrlo, los puntos más importantes son impulsar el E-commerce, incrementar el uso de los mecanismos de pago digitales y continuar con la transformación digital de las Mipymes.
En esa línea, se busca que al 2030 las diversas actividades económicas estén mucho más potenciadas gracias al E-commerce, al mayor uso de plataformas y componentes digitales como identidad digital, firma electrónica, pagos electrónicos, pagos digitales (billeteras digitales, monedas digitales, pasarelas digitales), a la protección de datos y protección al consumidor, estándares de interoperabilidad y seguridad de la información.
Asimismo, este objetivo se concentra en lograr una mayor inclusión financiera que permita contribuir al desarrollo económico y estabilidad financiera de la población.
Este objetivo también busca generar más incentivos para seguir emprendiendo, así como implementar estrategias para el empleo de tecnologías digitales en negocios a todo nivel que les permitan ser más competitivos y productivos. Aquí se resalta la necesidad de responder a la transformación de las relaciones laborales a consecuencia de la automatización de los procesos.
Esto es importante porque el objetivo no sólo consiste en facilitar iniciativas para la constitución de empresas accediendo al entorno digital, sino también, a buscar la sostenibilidad de sus operaciones.
Finalmente, la PNTD en este punto se enfoca en que se sienten las bases para un marco normativo que promueva y priorice el comercio electrónico en el país, en el que también se permita el establecimiento de mecanismos innovadores para el otorgamiento de la residencia digital en el Perú o de visas a nómadas digitales, en favor de la economía del país, ya que dichos residentes utilizarían sus bancos abriendo empresas.
¿Qué espera el sector de esta política?
Un punto trasversal que debe cumplirse para toda la agenda de transformación digital del país es que la mayor cantidad de hogares cuenten con la conectividad suficiente y que se logren reducir las brechas de acceso a dispositivos digitales entre las zonas rurales y las zonas urbanas. Ello será la base que permitirá a todos participar del comercio electrónico.
A su vez, se espera que con su implementación se reduzcan los costos percibidos del comercio electrónico, se reduzca la incertidumbre y se estimule la transformación digital de las MiPymes a fin de aumentar la adopción de soluciones para el comercio electrónico y el número de proyectos o emprendimientos para el comercio electrónico en provincias.
Asimismo, se espera que se aumente la participación de las MiPymes peruanas en el comercio internacional de bienes y servicios a través de canales digitales y mejore la productividad de las MiPymes informales, ofreciéndoles más herramientas para salir de la informalidad.
También, se espera que cada vez más personas utilicen los servicios digitales financieros, para lo cual se debe facilitar la adopción de medios de pago electrónico, ello a fin de seguir incrementando los niveles de bancarización y de inclusión financiera. A la par, se esperan más facilidades bancarias, como aumentar la oferta de crédito para proyectos de comercio electrónico.
Se espera que la PNTD siente las bases para que los marcos regulatorios generen eficiencias y eviten la sobrerregulación, como en el caso de la regulación servicios de pagos electrónicos, en la que se espera una regulación que habilite de mayor competencia e innovación en la provisión de estos servicios.
Asimismo, se esperaría que las autoridades encargadas de regular elaboren un diagnóstico para priorizar e informar las políticas sectoriales para el comercio electrónico, así como elaborar estadísticas precisas sobre la actividad y el valor agregado del comercio electrónico para informar mejor la identificación de oportunidades, barreras y la toma de decisiones de política pública.
Finalmente, para generar un mayor clima de inversión es clave que se haga un seguimiento que garantice que el Perú está alineado a acuerdos comerciales suscriptos y estándares internacionales en materia de E-commerce, incluidas las metas vinculadas al proceso de adhesión del Perú a la OCDE.
¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentarán las autoridades para implementar la propuesta de agenda y alcanzar los objetivos propuestos?
Como mencionábamos, aún existen brechas de acceso y calidad de infraestructura y conectividad digital entre las zonas urbanas y rurales, y entre Perú y otros países, aspecto fundamental que debe resolverse para poder lograr las metas establecidas en la agenda sobre comercio electrónico y economía digital.
Ahora bien, algunos problemas puntuales que deben solucionar las autoridades previamente o en paralelo a la implementación de las propuestas, son los siguientes: carencia de talento digital en las personas naturales y empresas, limitado desarrollo de la seguridad y confianza digital, que son muy pocos los servicios digitales desarrollados en la administración pública que son empáticos con la ciudadanía y los altos niveles de informalidad en el desarrollo de servicios logísticos de valor agregado para el comercio electrónico.
También, hay muchas limitaciones en las propias empresas por las brechas de adopción de tecnología. Así las desventajas en las empresas se presentan en cuanto a las capacidades digitales referidas a “operar en banca y otros servicios financieros”, “comprar productos y servicios” y “vender productos y servicios” por canales digitales.
En el desarrollo del sector empresarial más pequeño se advierte que existen dificultades para transferir información dentro de las áreas de una misma compañía, lo que dificulta mucho más la comunicación entre empresas de distintos países. Esto disminuye la agilidad en la cadena de suministros, afecta la productividad de los empleados, la posibilidad de retener clientes y, finalmente, obstaculiza la innovación.
Además, se aprecia que los niveles de bancarización son muy bajos, pues persiste una preferencia por el dinero en efectivo y todavía hay desconfianza entre los vendedores y el sector bancario para aceptar pagos digitales en tiendas en línea o plataformas. El acceso al crédito bancario para las pymes está concentrado y financia mayormente capital de trabajo. El ecosistema de capital emprendedor local está en etapas tempranas de madurez.
Asimismo, los procesos de reforma legal y regulatoria asociados a la economía digital ocurren con participación insuficiente de las partes interesadas relevantes, y emergen propuestas que pueden entorpecer o ralentizar el desarrollo del comercio electrónico y el aprovechamiento de sus oportunidades.
En la propia PNTD se identifica como problema a superar una incipiente vinculación de la economía digital con la reactivación y la competitividad de procesos productivos. Así, se explica que no existe esta vinculación en la medida en que no hay una consolidación estratégica de canales digitales y comercio electrónico direccionado desde el sector público.
Ante ello, se propone que en la agenda país se incluyan, en esta materia, mecanismos efectivos de comercialización a través de vitrinas comerciales virtuales, sistemas de pagos electrónicos, competencias digitales de empresarios y trabajadores, inteligencia comercial, conectividad, acceso a software y a otras herramientas digitales.
“La SGTD debería encontrar la manera de captar el interés de muchas MiPymes que no ven la necesidad de mejorar su condición actual, menos aún invertir más tiempo y dinero en herramientas que son ajenas para ellos”
De cara a la economía digital, ¿Coincide con el plan o que sugeriría a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD) en esos aspectos? ¿Qué no debería suceder?
La PNTD introduce aspectos muy relevantes en beneficio de la economía digital. Consideramos muy positivo que, en cuanto a la provisión de servicios, contemple programas de financiamiento en soluciones de transformación digital con énfasis en sectores productivos, así como programas de fortalecimiento de incubadoras y aceleradoras para emprendimientos digitales y de base tecnológica con énfasis en regiones de mayor necesidad económica.
Sin embargo, dado el incipiente uso y manejo de herramientas digitales por parte de las empresas en su cadena de aprovisionamiento y distribución, es importante que las iniciativas que busquen transformar digitalmente a las MiPymes se brinden tanto desde el sector público, como del privado en beneficio del ciudadano, por lo que se sugiere fomentar espacios de cooperación público – privados, para evitar duplicidad de esfuerzos y potenciar el alcance de los programas.
Asimismo, la SGTD debería encontrar la manera de captar el interés de muchas MiPymes que no ven la necesidad de mejorar su condición actual, menos aún invertir más tiempo y dinero en herramientas que son ajenas para ellos. Por ello, más allá de los programas y capacitaciones que se puedan diseñar, es importante trabajar en construir un canal de comunicación informal y accesible para el sector privado, el cual podría ubicarse en los municipios o en las principales autoridades reguladoras, con el objetivo de que emprendedores innovadores y/o empresas ya constituidas puedan consultar y conocer con mayor detalle, por ejemplo, la viabilidad regulatoria de una idea de negocio innovadora en un sector determinado, o sobre las posibles opciones de financiamiento para implementar soluciones de transformación digital, entre otros aspectos.
Otro punto importante para el éxito de los programas y soluciones propuestas en la PNTD, en cuanto a emprendimientos y MiPymes, es que éstos se brinden de manera continua. Si bien ya se brindan talleres y capacitaciones desde Produce y el sector privado con contenido y consejos muy relevantes en temas de marketing digital, comercio electrónico, gestión empresarial, análisis de datos y medios de pago, no existe un mecanismo para dar acompañamiento a las MiPymes a la hora de aplicar los conocimientos adquiridos. Como consecuencia, las MiPymes no aprovechan lo aprendido en los talleres.
Frente a ello, la SGTD debería evaluar actuar a más niveles. Primero, implementar un canal virtual de asistencia a las MiPymes ante dudas que podrían surgir al momento de aplicar el conocimiento adquirido en los programas de digitalización. Segundo, incluir las principales interrogantes planteadas a través de canales virtuales y finalmente establecer alianzas público – privadas para aprovechar las iniciativas ya desarrolladas por el sector privado en el proceso de acompañamiento de las MiPymes.
En referencia al comercio electrónico, sería recomendable mejorar los procesos de consulta pública para lograr una reforma regulatoria del mismo. Aquí, la SGTD podría ejercer un mayor rol de rectoría para exigir y monitorear la participación de actores relevantes e idóneos, especialmente en la etapa de discusión parlamentaria.
La PNTD debería contemplar el hecho de que el ecosistema de proveedores de servicios logísticos en el Perú está poco desarrollado, con limitaciones debido a bajas capacidades empresariales y altos costos, lo que se traduce en tiempos de entrega por sobre los estándares internacionales y baja penetración fuera de las zonas urbanas. Así, debería buscarse que el operador designado, Servicios Postales del Perú S.A. (SERPOST), logre ser un proveedor de servicios logísticos de mayor valor agregado para el comercio electrónico, tratando de solucionar sus limitaciones de capacidad y recursos.
¿Será factible llegar a la meta propuesta para el 2030? ¿Podrán los municipios acelerar el paso y lograr las metas? ¿La mype puede poner su grano de arena?
El punto de partida para lograr todas las metas propuestas en la PNTD empieza por superar los bajos niveles en el ejercicio de la ciudadanía digital producto de la ineficiente o inexistente calidad en el servicio de conectividad.
Así, se observan importantes disparidades entre las zonas urbanas y las zonas rurales en términos de infraestructura, acceso a dispositivos digitales, y conectividad. Existe una brecha significativa para cubrir la inversión necesaria para alcanzar estándares internacionales, y aún se encuentra rezagado el despliegue de redes 5G.
Para lograr las metas de conectividad de la PNTD resultará clave que los gobiernos locales no establezcan prohibiciones y requisitos adicionales al marco regulatorio existente sobre despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y que reconozcan los beneficios que trae la instalación de esta infraestructura para la transformación digital en sus departamentos. Se deberían implementar capacitaciones dirigidas a funcionarios clave de los gobiernos subnacionales con el objetivo de difundir los alcances de la regulación, así como el rol habilitador de la infraestructura de telecomunicaciones de la conectividad y, por consiguiente, de la transformación digital.
Por otra parte, se podría impulsar el rol de las municipalidades a favor de la conectividad, aprovechando el programa de incentivos a la mejora de gestión municipal (PI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el cual implica una transferencia de recursos a las municipalidades por el cumplimiento de metas en un periodo determinado. En específico, se debería incluir metas específicas para fomentar el despliegue de infraestructura.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) también podrían contribuir con las metas de conectividad, identificando y publicando los activos del Gobierno (por ejemplo, edificaciones o postes) que se podrían compartir a las empresas para el despliegue de nueva infraestructura.
Ya recientemente se ha publicado una ley que hace permanente el mecanismo de simplificación municipal previsto en la Ley 29022 y crea una Ventanilla Única Digital para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones como único canal para la tramitación de permisos. Resulta indispensable que los municipios y entidades involucradas implementen y cumplan con lo dispuesto en esta norma de fomento por un Perú conectado.
En cuanto al incremento en el uso de la capacidad de comprar o vender productos y servicios usando medios digitales, ya hemos comentado que en el proceso de adopción y uso de tecnologías digitales de comercio electrónico será fundamental que las entidades municipales construyan canales de comunicación informales y accesibles con el objetivo de que emprendedores innovadores y/o empresas ya constituidas puedan consultar y conocer con mayor detalle medios de pago digital, y otras que permitan la digitalización y transformación productiva digital de las empresas.
De igual forma, será fundamental que las MiPymes tengan la disposición para formarse en el desarrollo de las habilidades requeridas para el incremento de sus niveles de innovación, productividad, competitividad y calidad.
En cuanto a la meta de incrementar al 30,4% el uso de la capacidad de tramitar con el Estado a través de medios digitales corresponderá a las entidades públicas seguir trabajando e invirtiendo en mejorar constantemente las plataformas digitales para que resulten más amigables y accesibles para los emprendedores.
¿Cómo se afrontará o qué se puede hacer desde el sector privado para cumplir con los objetivos o metas de la PNTD?
Desde el sector privado, se debe apoyar a las entidades públicas en la identificación de los sectores y actividades con potencial para desarrollar el comercio electrónico en el mercado interno y las barreras que enfrentan, a través de un diagnóstico para priorizar e informar políticas sectoriales para el comercio electrónico.
Asimismo, el sector privado debe apoyar al sector público en el objetivo de internacionalización de las empresas a través del comercio electrónico. Así, debería participar de una estrategia, junto con el sector público, a fin de establecer líneas de acción específicas para apoyar el comercio electrónico transfronterizo.
En cuanto a la conectividad, el sector privado debe aprovechar que recientemente se ha emitido una Ley para el fomento de la conectividad para continuar empujando el despliegue de infraestructura a nivel nacional, pues no hay duda de que el despliegue realizado aún es insuficiente. Deberá participar de la mano del sector público en la promoción de acciones para concientizar a las poblaciones rurales sobre los beneficios de acceder a conectividad digital, así como para actualizar el Plan Nacional de Banda Ancha. En suma, continuar identificando oportunidades de inversión y promover inversiones para el despliegue de redes de internet fija y móvil.
En relación a la regulación, el sector privado deberá exigir estar presente en las mesas de trabajo para diseñar un marco regulatorio sobre E-commerce y la Ley Postal que tome en cuenta las particularidades del comercio electrónico, el nuevo rol del operador designado y sus fuentes de financiamiento para asegurar mayor previsibilidad.
Asimismo, deberá garantizar la interoperabilidad entre billeteras virtuales y acuerdos de pago para facilitar la adopción de medios de pago electrónico, fomentar la bancarización e inclusión financiera, así como realizar acciones de sensibilización y construcción de confianza entre la banca y partes interesadas de la cadena de valor del comercio electrónico.
Otro aspecto importante que se pueda realizar desde el sector privado, son las acciones de concientización y sensibilización entre las empresas y la ciudadanía para promover la aplicación de mecanismos de prevención y gestión de riesgos (seguridad digital).
También les corresponde apoyar diseñando mecanismos de capacitación y construcción de capacidades digitales para empresas informales, así como las políticas de sensibilización necesarias para acercar a inversionistas locales a fondos de capital de riesgo, incubadoras y aceleradoras.
Finalmente, deberá fomentar que se implemente un mecanismo institucional permanente donde sistemáticamente se consulten y discutan propuestas con impacto regulatorio en la economía digital y el comercio electrónico. Ello debido a que los procesos de reforma legal y regulatoria asociados a la economía digital han venido ocurriendo con participación insuficiente de partes interesadas relevantes, lo que ha generado propuestas perjudiciales para el desarrollo del comercio electrónico y el aprovechamiento de sus oportunidades.
