En marzo se anunció que, de la misma manera que se realiza en algunos países de Latinoamérica, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) requería grabar a la plataforma digital Netflix – y negocios similares – con el IGV (impuesto general a las ventas).
Poco después, desde el Ejecutivo anunciaron que pedirían facultades al Congreso para crear esta figura, que no es una propuesta nueva, porque ya había sido debatido antes de la pandemia. Gerardo López, actual jefe de la Sunat, afirmó ante la prensa nacional que la llamada “Tasa Netflix” es una tributación justa y pertinente.
La solicitud de facultades, sustentada ante la comisión de Constitución, se concretó cerrando mayo. El ministro de Economía y Finanzas, José Arista, explicó que las normas se agrupaban en cuatro grandes bloques: incremento de la recaudación fiscal y mejoras al marco tributario, optimización del gasto público, fortalecimiento de la gestión pública e inversiones y mejoras al sistema financiero.
En el pedido se incluyó no solo el impuesto a los servicios brindados desde el extranjero, como el consumo de contenidos en plataformas de streaming, sino también la unificación de los organismos supervisores. Esta última propuesta no ha sido bien recibida por los citados reguladores, quienes consideran que la alta demanda de especialización en las labores amerita un trabajo por separado.
Distintos grupos parlamentarios vienen evaluando el paquete de medidas por las cuales el Poder Ejecutivo pidió facultades legislativas, pero trascendió que la iniciativa de unificar a los supervisores no contaría con el respaldo de la mayoría.
Al respecto, Rafael Muente, presidente del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), señaló a la opinión pública que los cuatro organismos reguladores cumplen labores con un alto nivel de especialización en sectores económicos muy disímiles que requieren un trabajo por separado. Además, enfatizó, no hay un pedido de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo) de unificarlos.
Se estima que el precio del servicio se vea incrementado en al menos 18%, es decir unos US$2 por servicio de streaming, además de que se puede añadir algo más por el diseño del mecanismo de cobro.
“Una eventual fusión, sin análisis, en un solo gran organismo regulador, causará serios perjuicios para la economía nacional por la falta de especialización y sería una señal negativa para los inversionistas, más aún en un momento en el que el país necesita predictibilidad jurídica y económica, ambos aspectos de suma importancia observados por los agentes económicos antes de invertirlo en el país”, advirtió Osiptel en un comunicado.
La fusión, explicaron, implicaría el riesgo de perder la especialización técnica labrada en los últimos 30 años y dejaría a las instituciones más propensas a tomar decisiones basadas en intereses políticos de turno que buscan popularidad sobre eficiencia para cada mercado.
“Esto podría llevar a escenarios como el establecimiento de tarifas arbitrarias, con lo que afecta no solo el bienestar de los consumidores, sino también los incentivos para seguir operando o invirtiendo al cerrar brechas con servicios de calidad”, afirmó el regulador de las telecomunicaciones.
(E)sta medida afecta directamente a los consumidores, quienes asumirán el alza en la tarifa, y no a las empresas de streaming, ya que ninguna de ellas opera en el país.
Dr. Erick Iriarte Ahon, CEO de eBIZ
Impuesto cuestionado
Con relación a la propuesta de imponer el cobro del IGV a las plataformas que ofrecen streaming, la polémica está abierta en el medio, sobre todo ante las declaraciones del ministro de economía José Arista, quien afirma que se podrían recaudar mil millones anuales con esta medida, empezando con S/600 millones el primer año.
La medida, que beneficiaría a las arcas del Estado, perjudicaría a los consumidores. El Dr. Erick Iriarte Ahon, CEO de eBIZ, recalcó ante el portal Infobae que esta medida afecta directamente a los consumidores, quienes asumirán el alza en la tarifa, y no a las empresas de streaming, ya que ninguna de ellas opera en el país. Además, será recaudado de forma indirecta a través de intermediarios financieros, quienes deberán diseñar la herramienta informática adecuada para hacer el cobro.
Se estima que el precio del servicio se vea incrementado en al menos 18%, es decir unos US$2 por servicio de streaming, además de que se puede añadir algo más por el diseño del mecanismo de cobro. El alza puede llegar a unos US$10 más al mes para los usuarios que están suscrito a entre tres y cuatro suscripciones diferentes.
“Esto podría llevar a escenarios como el establecimiento de tarifas arbitrarias, con lo que afecta no solo el bienestar de los consumidores, sino también los incentivos para seguir operando o invirtiendo al cerrar brechas con servicios de calidad”.
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel)
Leonardo López, socio de Hernández y Cía, señaló recientemente en su columna en el diario Gestión que esperaba que el Congreso no otorgue las referidas facultades solicitadas por el Gobierno. “Como regla, no debería otorgarse facultades para legislar en nada que tenga que ver con la creación de nuevos tributos”, enfatizó.
El citado impuesto, han aclarado diversos especialistas, en teoría debió cobrarse desde siempre, pero no había existido el mecanismo para hacerlo. Al tratarse de un servicio digital grabado a una empresa en el extranjero, el Estado no tenía la jurisdicción para cobrarlo.
Como en nuestro país no existe el pago anual por parte del ciudadano, sino que es cobrado en cada venta al comerciante, este IGV quedaba sin ser cobrado, han explicado.
El mayor temor es que se aplique también la tasa a otros servicios, porque el Ejecutivo ha hablado de “proveedores de servicios e intermediarios”.
Benjamín Gutiérrez Galván, abogado especialista en tributos para tecnología del estudio Frater
Benjamín Gutiérrez Galván, abogado especialista en tributos para tecnología del estudio Frater, declaró en CaféIT que lo que está sucediendo es que se está concretando una forma de aplicar un tributo que antes no tenían cómo aplicar y que ya se cobra en Uruguay, Colombia, Chile y Argentina. “Podría estar siendo efectivo para el último trimestre del año”, estimó.
El mayor temor es que se aplique también la tasa a otros servicios, porque el Ejecutivo ha hablado de “proveedores de servicios e intermediarios”. “Tienen que hilar fijo en la norma para no incluir a otras operaciones como Airbnb, Uber, Rappi, etc.”, remarcó Gutiérrez.
En el caso de esas otras plataformas intermediarias, el IGV iría a la comisión que cobra la compañía digital, que en la actualidad, al tratarse de un universo más amplio al abarcar taxis y deliverys, sí es pagado por alternativas nacionales y no por las internacionales. Sería una equiparación de la competencia, pero es un costo que asume el usuario final, no la empresa, explicó.
