El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), fue el organismo constitucionalmente autónomo encargado de regular y promover la competencia en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión en México desde 2013. El viernes 17 de octubre del 2025 cesó oficialmente sus operaciones. La noche previa se terminó de desvincular a sus 1 200 trabajadores. Para el 22 de octubre la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) ya había instalado al pleno de sus comisionados y aprobó sus lineamientos de funcionamiento.
A través de las páginas oficiales del Gobierno, el 17 de octubre se nombró a Norma Solano como presidenta comisionada del Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, marcando la extinción constitucional del IFT y la abrogación de la Ley del sector del 2014. Con el nombramiento, la nueva política entró en vigor y CRT inició operaciones. Ellos se encargarán de diseñar la política del sector, concesiones, espectro radioeléctrico, derecho de las audiencias, entre otros.
A partir de la fecha, corren 180 días naturales para que la CRT desarrolle la primera licitación de espectro radioeléctrico que servirá para ampliar la red 5G del país, luego de haber sido cancelada la subasta que preparó el IFT en diciembre del año pasado, informó el diario Expansión.
«La nueva estructura nace con muchas dudas. La intervención directa de la Presidencia, del titular de la [Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones] ATDT, y la falta de transparencia en el proceso alimentan sospechas sobre una injerencia que podría comprometer las decisiones técnicas del organismo», advirtió Moreno Loza, socio director en Expanzione Business & Legal Solutions, al diario Expansión.
Menos autonomía
A diferencia del IFT, que era un ente autónomo, la CRT que llega a sustituirlo es un órgano desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), una instancia que forma parte del Ejecutivo. Esto implica una centralización del poder regulatorio. La desaparición del IFT se concretó inicialmente tras la aprobación de una reforma constitucional a fines del año pasado, la cual afectó a varios órganos reguladores. La nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en julio de 2025, hizo oficial la transfiere de las funciones del IFT a la CRT, iniciándose el proceso del cierre administrativo.
La prensa mexicana ha dado un seguimiento intenso a la materia, porque implica reescribir o reiniciar la historia regulatoria del sector de una forma valorada como poco conveniente. La incertidumbre de los trabajadores los consumió desde diciembre del año pasado y no cesó hasta la semana pasada, cuando se apagó el logo del IFT y se concretó uno de los grandes pendientes de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y que dejó como encargo a la nueva mandataria, Claudia Sheinbaum.
«La nueva estructura nace con muchas dudas. La intervención directa de la Presidencia, del titular de la [Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones] ATDT, y la falta de transparencia en el proceso alimentan sospechas sobre una injerencia que podría comprometer las decisiones técnicas del organismo».
Moreno Loza, socio director en Expanzione Business & Legal Solutions
Fue con el gobierno de López Obrador, en 2021, cuando se planteó la eliminación del IFT y su transformación de un órgano constitucionalmente autónomo a un órgano desconcentrado dependiente del Ejecutivo. Jorge Bravo, presidente de Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) consideró la desaparición un «claro retroceso» que permitirá una centralización del poder y “rompe la neutralidad competitiva”. En Mobile Time Latinoamérica señaló que el IFT permitió un equilibrio inédito y generó una reducción en los precios que se puede perder si es capturado políticamente.
Durante la operación del IFT, se redujeron en más de 30% los precios de los servicios móviles y la penetración de internet fijo pasó de 40 a 70 accesos por cada 100 hogares. Además, según Nicolás Lucas-Bartolo, de El Economista, el IFT generó un saldo de US$7 491 millones por su trabajo regulatorio durante los siete años en que su existencia coincidió con los gobiernos de los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Por cada dólar que el Estado mexicano dio de presupuesto al IFT durante la Cuarta Transformación, el IFT los convirtió en otros casi US$14 para el Estado, precisó.
También ha generado preocupación la ambigüedad en la aplicación de las nuevas reglas, que no eran necesarias en un principio, según Irene Levy, abogada experta en telecom y presidenta de Observatel. Ella cuestionó la desaparición del IFT, que era un órgano técnico, con cuadros profesionales y autónomo. «Trasladar sus facultades al Poder Ejecutivo no solo es desproporcionado, sino riesgoso… Esto sí me parece que raya en una tentación autoritaria», declaró en MVS Noticias, en abril de 2025.
En julio, cuando se promulgó la nueva ley, Levy afirmó que no era necesaria. Señaló que la iniciativa surgió como una ocurrencia del legislador Ricardo Monreal y fue añadida a un artículo transitorio, lo que obligó a su desarrollo. Reconoció, sin embargo, que hubo modificaciones importantes al dictamen inicial, que era bastante deficiente y se eliminaron casi todo lo que iba contra la libertad de expresión, excepto la facultad para suspender transmisiones de manera provisional por una serie de causales. Levy consideró que se le hizo una «cirugía mayor» que mejoró significativamente el resultado, pero dependerá mucho de cómo lo ejecute la autoridad.
