De acuerdo con el Dr. Erick Iriarte, abogado especializado en el derecho ligado a la tecnología, el cambio normativo realizado a la constitución deja en el aire el tema del desarrollo de capacidades, el cual es indispensable para construir una economía basada en una sociedad de la información.
¿Cuántas modificaciones a la constitución se han dado ligadas a la digitalización, las telecomunicaciones y el acceso a las mismas? ¿Es la primera en esta constitución?
En realidad, esta es la primera con el nivel de enfoque en la generación de un derecho, previamente ha habido modificaciones con impacto indirecto.
El tema no es nuevo, lo habían propuesto varios congresistas antes. ¿Podría hacernos un repaso de cómo se llegó a esta ley?
La primera propuesta, realizada por los ex congresistas Mauricio Mulder y Alberto de Belaunde, fue aprobada en primera votación en un Congreso previo. La actual recoge una serie de propuestas del presente congreso. Es bueno recordar que desde la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (WSIS) se planteó que no existen derechos digitales como tales, sino aspectos digitales de los derechos humanos.
¿Era necesario modificar la constitución para impulsar el cierre de la brecha digital? ¿Se ha hecho de la forma más conveniente?
La conectividad es parte de diversas estrategias de telecomunicaciones que ya se han desplegado (como el antiguo Fitel, actual Pronatel). En esta medida ya había acciones desplegadas para conectar a todos. El cierre de la brecha no solo parte de la conectividad sino del desarrollo de capacidades para poder utilizar la conectividad a la cual se tiene acceso. El cambio normativo realizado a la constitución deja en el aire el tema del desarrollo de capacidades.
“El cambio normativo realizado a la constitución deja en el aire el tema del desarrollo de capacidades“.
¿Cómo se trata el derecho al acceso a internet en la ONU y otras organizaciones internacionales ligadas a los DD.HH.?
Es bueno recordar que desde la WSIS se planteó que no existen derechos digitales como tal sino aspectos digitales de los derechos humanos. Es el mismo enfoque que estableció la Política 35 del Acuerdo Nacional.
¿Qué modelos extranjeros de la región son imitables en términos de lo avanzado luego de declarar este derecho?
No hay alguno en especial.
¿Qué implica o qué deberá hacer el Estado ahora que ha salido esta norma? ¿A qué está obligado? ¿Cuáles son los riesgos, de existir?
Esa es una de las grandes preguntas porque debemos ver cómo transformará el Gobierno esta propuesta de ejercicio de derechos, si solamente quisieron decir derecho a accesar a internet (con lo cual estamos frente a un acceso con regulación neutra) o si se trata de brindar todos los instrumentos para conectarse (incluyendo el pago de la conectividad).
¿Cómo empresas, qué les corresponde y qué esperan de cara a la digitalización del país y su economía en el corto, mediano y largo plazo?
El aumento de conectividad debería implicar un mayor acceso y con ello un mayor uso; dependerá del despliegue del gobierno ver como se transforma de solo un mero uso de contenidos (o la creación de los mismos) y pasa a una generación de una economía basada en sociedad de la información.
¿Qué más se debería hacer para acabar con la brecha digital y el analfabetismo digital?
Desarrollar capacidades desde la escuela, en una cultura de uso de tecnologías desde un enfoque de desarrollo humano y para el beneficio de la sociedad.
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