Expertos recomiendan aplicar una regulación inteligente, de quinta generación, dejando de lado los modelos centrados en las sanciones, y realizar un análisis minucioso de la conectividad nacional para lograr avances sustanciales.
Hay indicadores económicos y sociales en los que no se debería retroceder. Lamentablemente, así como sucedió con el índice de pobreza, el INEI ha revelado que la brecha en uso de internet se ha elevado, pasando de 35% a 37% en el último año, es decir, se ha ensanchado la diferencia, en lugar de reducirse.
¿Cómo se puede lograr reducir la brecha digital? La pregunta es amplia y abarca muchos caminos de solución. Carlos Valdez, exviceministro de comunicaciones ha aclarado que no hay receta única y el Estado no podrá resolver todos los inconvenientes, pero el camino parte de un riguroso análisis de la problemática para diseñar soluciones localizadas, acordes a cada región del país.
Entre los expertos existe un consenso sobre la necesidad de concretar una simplificación regulatoria, abandonar el enfoque sancionador, apostar por la compartición de infraestructura, generar incentivos para la expansión de 4G rural a través de una burbuja regulatoria y diseñar un nuevo modelo para el manejo de la Red Dorsal como temas de alta prioridad para lograr reducir la citada brecha.
José Otero, vicepresidente de 5G Américas para Latinoamérica y El Caribe, recomendó poner en la agenda pública como prioridad dar las facilidades a los operadores para concretar la migración de infraestructura 2G en 4G, de cara a programar el apagón 2G. Es importante, dijo, aprender de experiencias de otros países y no repetir errores en la asignación de bandas para las nuevas tecnologías (3,5 GHz para servicios 5G).
Otero afirmó que debe darse una evolución en los entes reguladores. No se trata de que desaparezcan, remarcó, sino de modernizarse, convertirse en una “quinta generación”: entes inteligentes que actúan de forma transversal para promover política digital en el Estado.
Su forma de trabajar no debe ser recaudar y sancionar. Deben dejar de apegarse a las multas para enfocarse en tener reglas acordes a las nuevas tecnologías, enfatizó Otero. Los problemas de dispersión geográfica son comunes en la región y el camino es buscar soluciones innovadoras para atender cada realidad apoyados en una regulación inteligente.
“No se trata de llevar 5G a todos los poblados, porque muchas veces los dispositivos para acceder a dicha tecnología tienen costos inaccesibles para esas poblaciones”, dijo. Se puede migrar a tecnologías alternativas, abaratando los costos y buscando la estructura de red con el mejor costo eficiente para cada zona remota, comentó. “No necesito poner lo último, la tecnología de punta, en todos lados, para reducir la brecha”, acotó.
Las sanciones podrían convertirse en medios para conseguir una mayor inversión en infraestructura, añadió Jaime Dupuy, gerente de Asuntos Legales y Regulatorios de Comex Perú. En la actualidad hay una propuesta legal en el Congreso que apunta a elevar las sanciones, pero ese no es el mejor camino. Promover el despliegue de infraestructura, añadió, como está haciendo el MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) para ganar las nuevas licitaciones o en el pago de canon son parte de ese camino saludable que es recomendable tomar.
«No se trata de llevar 5G a todos los poblados, porque muchas veces los dispositivos para acceder a dicha tecnología tienen costos inaccesibles para esas poblaciones».
– José Felipe Otero Muñoz, vicepresidente de 5G Americas.
Soluciones a medida
A nivel de alternativas públicas para la reducción de la brecha, parte del reto es solucionar la subutilización de la Red Dorsal y resolver quién se encargará de su administración. Los expertos estimaron que se debe rediseñarse el modelo aplicado y convertirlo en uno sostenible en el tiempo, para lo cual se requiere hacer más estudios de los ya ejecutados por el MTC.
Carlos Valdez, quien ha elaborado un artículo al respecto. En el sostiene que el modelo propuesto por el Grupo de Trabajo del MTC no toma en cuenta el principal objetivo de la Ley de Banda Ancha, no profundiza en las raíces de los problemas de la red ni tiene un análisis riguroso de la realidad nacional y las peculiaridades propias de cada región.
Según Valdez, no se puede tomar dicho informe como una base para definir el nuevo modelo de la Red Dorsal y las redes regionales a ella enlazadas. El objetivo del Estado debe ser dar conectividad, no salvar una obra de infraestructura en particular, porque son solo herramientas para contribuir al cierre de la brecha digital en el Perú. “No hay que romantizarla”, enfatizó.
Los criterios que se consideren como parte de la estrategia a elaborarse, según Valdez, deberían basarse en la situación actual de la banda ancha y las características específicas de cada región en particular, luego de realizarse un análisis exhaustivo de los niveles de competencia y las necesidades de la población. No se necesita una estrategia única para todo el país, pero sí unas políticas públicas definidas y un estudio pormenorizado sobre el cual se basará el diseño de las estrategias, añadió.
Los esfuerzos deben estar unificados, no se puede trabajar muchas iniciativas en paralelo con diferentes organismos, sino que se necesita trabajar todos en base a una sola línea, con un eje rector que actúe de forma transversal, pero con la suficiente autoridad para moldear el camino atendiendo a las políticas públicas definidas, añadió Erick Iriarte, CEO de eBIZ.
En el análisis de realidad que sugerimos al MTC realizar, explicó Valdez, se debe determinar bien las zonas en donde los privados tienen sus propias redes, porque no se puede transgredir el rol subsidiario del Estado. «En el informe del Grupo de Trabajo no se ha evaluado cómo se resolverá esta situación de superposición de roles”, advirtió.
El camino de solución a cada realidad rural pasa, coincidieron los expertos, por diseños a medida incluyendo diferentes tipos de tecnologías – microondas, señal satelital, fibra óptica, radio frecuencia, antenas celulares, señal de TV, entre otros – con labores del sector público cuando no llega el privado, o a través de alianzas, como lo viene haciendo Cedro junto a «Internet para Todos» (a cargo de Telefónica, Facebook, BID INvest y CAF).
También hay que trabajar la demanda, advirtió Otero, permitirles a los ciudadanos descubrir el valor del uso de la tecnología. Se necesita crear un programa de alfabetización digital eficiente, que responda a las necesidades de capacitación de cada zona de forma amigable, agregó Nita Tortosa, directora ejecutiva del Instituto Idea.
En ese aspecto, Tortosa consideró que no se ha avanzado mucho aún y, por lo tanto, queda mucho por hacer. «No se ha abordado todavía la problemática existente sobre metodologías y contenidos que se ajusten a la diversidad de usuarios por edades y contenidos por diversas variables: zonas y necesidades de capacitación específicas que deberían enfocarse en el desarrollo personal y local, además de potenciar sus actividades productivas para que se refleje en la mejora de su economía”, explicó.
Todas estas medidas y programas podrán salir adelante en la medida que se dé una profunda articulación de las políticas públicas de conectividad con los programas de alfabetización digital y se unifiquen esfuerzos públicos y privados bajo una sola directriz, coincidieron los expertos. Esa será la base sobre la cual se podrá trabajar logrando resultados certeros.
