La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) expresa su preocupación por una serie de decisiones que ponen en riesgo la sostenibilidad financiera y técnica del sector y con ello, la implementación del 5G y la expansión del internet en el país, afectando a todos los peruanos.
AFIN advierte que se pretende trasladar al sector privado obligaciones vinculadas a la seguridad ciudadana —como el bloqueo de señales en establecimientos penitenciarios, incluso Wi-Fi— atribuciones que corresponden a entidades públicas, pretendiendo imponer soluciones técnicas que no resultan eficientes para atacar la problemática. Actualmente, solo el 40% de los penales y centros juveniles cuenta con sistemas de bloqueo, lo que evidencia un problema de gestión estatal que no se resolverá con nuevas exigencias y sanciones al sector privado.
Asimismo, el gremio alertó sobre una hiperinflación sancionatoria en el sector telecomunicaciones que lleva años sin solución real y, a pesar de ello, en el marco de las facultades delegadas, se pretende exigir la presentación de cartas fianza como condición para que las empresas puedan recurrir al Poder Judicial, lo que en la práctica impide el ejercicio efectivo del derecho de defensa y las coloca en una situación delicada porque la presión sancionatoria asciende a más del 11% de las inversiones del sector al 2024.
Esta exigencia, sumada a un esquema de multas que se ha quintuplicado en los últimos años, de manera irracional, puede generar la inviabilidad financiera de las empresas, sin que ello contribuya a mejorar la seguridad ciudadana ni a cerrar la brecha digital. Por el contrario, estas medidas desincentivan nuevas inversiones necesarias para desplegar infraestructura de telecomunicaciones, especialmente en las zonas más alejadas del país.
A ello se suma la inestabilidad institucional en entidades clave. En el último año, el Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) ha tenido tres directores ejecutivos, mientras la Red Dorsal de Fibra Óptica, operada por esta entidad, presenta múltiples fallas que afectan los servicios ofrecidos por los operadores a sus usuarios. Asimismo, las redes regionales enfrentan graves problemas de sostenibilidad por demoras de Pronatel en recibir las redes de transporte y en realizar los pagos a las empresas que las operan, lo que evidencia un serio problema de diseño institucional.
AFIN advierte que se pretende trasladar al sector privado obligaciones vinculadas a la seguridad ciudadana —como el bloqueo de señales en establecimientos penitenciarios, incluso Wi-Fi— atribuciones que corresponden a entidades públicas.
Sumado a esto, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se vienen produciendo múltiples cambios en posiciones técnicas, en pleno proceso de ejecución de las obligaciones de cobertura de los contratos 5G, a solo 6 meses de cambio de gobierno.
Desde AFIN consideramos que esta combinación de decisiones, debilidad institucional, sobrerregulación y traslado indebido de responsabilidades del Estado al sector privado está afectando la sostenibilidad de la industria de telecomunicaciones y retrasando una política pública esencial para el desarrollo del país.
El 5G y la conectividad a internet no son un lujo tecnológico, sino una herramienta clave para la productividad, la seguridad, la educación y la inclusión. Sin reglas claras, respeto al derecho de defensa y estabilidad institucional, se posterga el derecho de millones de peruanos a estar conectados.
