Manuel Cipriano, ex miembro del directorio y ex presidente encargado del Osiptel, comenta en esta entrevista cuál debería ser la agenda regulatoria del próximo año luego de hacer un balance de lo poco que se ha avanzado en el 2021.

¿Cómo calificarían el avance regulatorio de las Telecom este 2021? 

El año 2021 no se caracterizó precisamente por haber sido un año positivo para el sector de telecomunicaciones, pues entre el cambio de Gobierno en el mes de julio y luego los constantes cambios de autoridades en el MTC no se permitió que este sector avance como se esperaba. Por parte de OSIPTEL, sí se han visto algunos cambios en el tema regulatorio, aunque enfocado especialmente en el tema de fiscalización. Si bien ese tema es importante y siempre es conveniente mejorar este aspecto, no es tan recomendable cuando nos encontramos en medio de una pandemia y a su vez en una crisis económica; más bien en un escenario como el descrito resultaba más conveniente dotar al sector de más mecanismos para incentivar la competencia y las inversiones en el país, cuestión que no ha sucedido; inclusive podríamos decir que se hizo todo lo contrario; por ejemplo con la fijación de la velocidad mínima garantizada en un valor de 70%. De esto último los efectos recién los hemos empezado a observar con el retiro de algunas operadoras en localidades “poco rentables” o donde cumplir con dicha exigencia resultaba imposible sin realizar altas inversiones, esto solo por hacer mención de algunas decisiones que fueron controversiales en el sector. Por tanto, reitero, no puede calificarse este año como un año satisfactorio en materia regulatoria.

¿Cuáles serían los principales avances y cuáles los grandes pendientes?

Entre los pocos avances que sí se han podido apreciar podemos mencionar que se han simplificado algunos trámites en el Ministerio, que es algo positivo, pero el tema principal sigue siendo la falta de infraestructura para expandir los servicios móviles y fijos en todo el país donde no se ha avanzado. Asimismo, el escaso avance en la licitación de las bandas de espectro para contar con las redes 5G y el gran tema del futuro de la red dorsal nacional de fibra óptica, cuyo rumbo aún se desconoce. Son temas que están pendientes.

¿Qué opina sobre las propuestas legislativas de este año en el congreso? ¿Cuál fue la más atinada o útil?

En el Congreso no he visto ninguna propuesta que sea relevante para el sector en general, muy por el contrario, este año viene siendo de resultados negativos como el que hemos descrito con el aumento de la velocidad mínima garantizada, proyecto de ley que nació en el anterior congreso. En este punto, si bien es destacable el interés de algunos de los nuevos congresistas por abordar temas relacionados al sector de las TICs, lo vienen haciendo de forma equivocada. Por ejemplo, el reconocimiento de beneficios laborales para trabajadores que utilizan las plataformas digitales demuestra que muchos de los que proponen estas normas desconocen totalmente el sector y que en vez de promover el desarrollo de estas actividades podrían terminar desapareciéndolas.

A fin de año se acaba de presentar una propuesta de ley general de internet que será debatida en comisiones en enero. ¿Cuál es su lectura de la misma? 

Efectivamente, a inicios de este mes se ha presentado el Proyecto de Ley Nº 878-2021-CR, Ley General de Internet, que como señalé, demuestra el gran desconocimiento de algunos congresistas por el tema que pretenden regular. Desde el punto de vista de la necesidad no se aprecia ninguna utilidad en el ámbito regulatorio; y desde el punto de vista de su contribución de esta propuesta al sector, puedo decir que es nulo, es más, tiene diferentes vacíos e inconsistencias que no amerita mayor comentario, por lo que simplemente debería ser archivado.

¿Qué le corregiría? 

Por hacer mención de algunas de sus deficiencias, me llama la atención que proponga entre los principios de la propuesta que todos los temas relacionados a la gobernanza de internet sean discutidos previamente con la sociedad civil, la academia y las empresas, pero es contradictorio desde el inicio, puesto que esta propuesta ya presentada al Congreso, no ha sido discutida en estos ámbitos. De esta forma comienza mal el proyecto en mención.

¿Cuáles serían los puntos más controversiales en torno a la red dorsal expuestos en la propuesta de norma?

Sobre la red dorsal, no veo cuales sean los aportes, pues este tema ya tiene una regulación con la Ley Nº 29904. Además, el problema de la red ha sido el diseño y su ejecución más que la regulación en sí misma. Así que no podría señalar aspectos positivos de la propuesta de regulación cuando se refiere a un proyecto que ya ha sido ejecutado, con serias deficiencias, y está en plena operación.

¿Qué se debería hacer en el plano legislativo el 2022? ¿Cuál debería ser la prioridad regulatoria? 

En este 2022 identificó varios temas que son de gran importancia y urgencia. El primero, obviamente, el futuro de la red dorsal nacional que debe resolver el Ministerio, que es un tema en el cual hasta el momento no se ha avanzado mucho y no se ha convocado para discutir las alternativas de solución sobre la misma al sector privado ni a la sociedad civil. El otro tema es la licitación de las bandas para desplegar las redes 5G en el país, que ha venido teniendo diversas postergaciones en el presente año. El tercer tema que sigo considerando sumamente necesario son las facilidades que deben dar el MTC y el OSIPTEL para el despliegue de infraestructura en el país. Esto ya es algo que continuamente se viene repitiendo a raíz de los inconvenientes que generan las municipalidades y debería tratarse como un tema prioritario en este Congreso.

Por último, algo que considero altamente prioritario es dar inicio en el Perú a lo que actualmente recibe por nombre “Regulación responsiva” y que considero hubiera previsto e inclusive me atrevería a decir que evitado algunos de los problemas ya antes mencionados dentro del sector, a lo que hago referencia con esto es que la promoción, inspección y aplicación de las normas se deberían empezar a adecuar de acuerdo al perfil y el comportamiento de los agentes regulados y a su vez del contexto en el que se encuentran los mismos. Por dar un ejemplo, en un escenario de regulación responsiva no se observaría el aumento de obligaciones, cargas y sanciones en medio de una crisis económica que viene afectando la estabilidad financiera de los regulados, que resultan contraproducentes y hasta peligrosas para el desarrollo del sector.

¿Qué se necesita en el plano normativo para impulsar el desarrollo de 5G, IoT y facilitar la transformación digital del Estado y las empresas?

En el plano normativo por parte del MTC se necesita principalmente la decisión para impulsar las licitaciones de espectro para desplegar las redes de 5G que requieren los operadores. Asimismo evaluar las implicancias de seguir apostando por los pagos de sumas tan elevadas por las asignaciones de este recurso, cuando hemos visto que esta política no ha sido tan exitosa en los casos anteriores.

En mi opinión debería darse mayores incentivos a los operadores para desplegar infraestructura y expandir los servicios en todo el país antes que priorizar el factor de recaudación, más aún cuando el Estado ya ha demostrado que es un mal gestor de los pocos recursos que tenemos. Un ejemplo de esto lo hemos visto a través de casos como el de reducir a los operadores el pago del canon a cambio de la expansión de los servicios en localidades del país donde no se cuenta con servicios. Dicha experiencia debería mantenerse y, mejor aún, replicarse también en otros casos, como en el pago por las asignaciones de espectro en los próximos concursos públicos que viene promoviendo el MTC.

En cuanto a la gestión o políticas del MTC, ¿Qué haría falta?

En cuanto a las políticas que se requieren para acelerar la transformación digital del Estado y las empresas y la sociedad en general se requiere conformar, de inmediato, una comisión de todos los sectores, público y privado, que trabaje una serie de propuestas de manera consensuada y que con objetivos claros y concretos podamos rápidamente implementar todas estas políticas que involucran el desarrollo del país de la mano de las nuevas tecnologías y aplicaciones como son el IoT, el uso de blockchain, el cloud, la inteligencia artificial; pero que también evalúe las implicancias en temas como la ciberseguridad y la protección de los datos personales.