En nuestro país es evidente el avance en conectividad si comparamos los indicadores actuales de penetración del servicio de años anteriores. Según las últimas mediciones del INEI, la penetración de internet en los hogares alcanzó el 45% de los hogares al cierre del 2020, diez puntos porcentuales más de lo reportado en el 2019, antes de la pandemia. Y el uso de líneas móviles con acceso a internet llegó a 26,2 millones en diciembre del año pasado, dos millones de líneas de líneas más que en el 2019 y el doble de lo que se tenía a mediados del 2014. Eso quiere decir que la penetración de internet móvil alcanza al 78,6% de los usuarios de telefonía móvil. 

Se ha avanzado, pero hay tarea pendiente. La llegada de la pandemia fue, sin duda, un medio de alerta sobre la importancia de contar con este servicio a nivel nacional y los desafíos que se deben asumir para su adecuada masificación y protección. No solo se trata de estar enlazados, sino de saber sacarle provecho de forma inclusiva, cerrando las brechas aun existentes. “La pandemia nos ha estallado en la cara mostrando la importancia de tener conectividad mayoritaria para acceder a servicios básicos como la salud y la educación. No es más accesoria”, resaltó Fátima Atoche, gerente de Iriarte&Asociados durante el foro por el Día de Internet organizado por Instituto para la Sociedad de la Información y Cuarta Revolución Industrial (un centro de investigación de la Universidad LaSalle).   

En la actualidad todavía se tienen importantes grupos de poblaciones vulnerables que siguen desconectados, lo cual afecta su acceso a los servicios básicos. Y muchos de quienes tienen internet se ven afectados por problemas en la calidad del servicio recibido o carecen del desarrollo de habilidades digitales para sacarle el máximo provecho, añadió.    

Alexandra Carrera, docente e investigadora de la USMP, comentó que la conectividad genera variados desafíos legales por atender. Entenderlo como un derecho implica llegar al vulnerable, dijo, incluyendo la responsabilidad de poner los medios para su alfabetización digital de los adultos mayores, las comunidades indígenas, los discapacitados, entre otros. Pero además implica una serie de nuevas obligaciones en el ámbito laboral para los empleadores que requieren una capacidad de supervisión de su cumplimiento. Desde el respeto del horario, citó como ejemplo, que implica Sunafil tenga la capacidad digital para verificar que se cumpla la jornada laboral. “No basta la regulación, sino que se debe contar con las medidas para implementarlo”, señaló.  

Coincidió Karol Valencia, – CIO de Wow legal experience, quien resaltó que, en otros países, como Escocia, en el ámbito laboral se ha puesto foco en la transformación cultural y el desarrollo de habilidades digitales para los trabajadores mayores de 50 años. En corporaciones internacionales, añadió, es una práctica habitual incluir el gasto por conectividad dentro del salario del trabajador remoto, pero en Perú se está dejando al colaborador asumir dicho gasto por su cuenta. Existe toda una gama de nuevas obligaciones y derechos a considerar diseñar e implementar dentro aquí, tanto como normas de políticas públicas como en la práctica privada, advirtió.  

El país está avanzando, pero aún está en una etapa inicial en el desarrollo de la normativa necesarias. La tarea pendiente para los próximos cinco años es amplia y existe preocupación por las políticas que se aplicarán los dos candidatos que se encuentran en la recta final de las elecciones, coincidieron las panelistas. “Se necesita estar vigilantes sobre el ejercicio de derechos [al usar internet]. Nos preocupa qué pasará con la privacidad, la libertad de expresión y las garantías democráticas”, advirtió Verónica Arroyo, Policy Associate for Latin America de Access Now.  

El impulso al tema digital no aparece claramente expuesto en los planes de gobierno presentados hasta ahora por los candidatos a la Presidencia que participan en la segunda vuelta y eso genera preocupación sobre cómo harán los gobernantes para construir el ecosistema digital que requiere el país, resaltó Erick Iriarte, CEO de eBIZ, quien precedió el panel con una charla sobre los avances legales que se han dado de los últimos 30 años de internet en el país.