El Programa Nacional De Telecomunicaciones (Pronatel) sigue acumulando fallos judiciales y arbitrales en su contra debido a la resolución de los contratos firmados con Redes Andinas de Comunicaciones (RAC) para la construcción infraestructura de banda ancha en las regiones peruanas de Tumbes y Piura.
La adjudicación al consorcio RAC fue en 2015 y debió estar lista en dos años, pero sufrieron retrasos y en abril del 2019, durante el gobierno del expresidente Martín Vizcarra, Pronatel denegó una nueva solicitud de ampliación de plazo y tomó la decisión de resolver el contrato de forma unilateral. Los proyectos han sido reestructurados y buscan un nuevo encargado, pero RAC acudió en mayo del mismo año ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI) para reclamar por la medida tomada por el gobierno peruano, la cual consideraron injustificada.
Este mes la revista Caretas informó que Pronatel ha debido pagar una indemnización de más de US$10 millones por la paralización de un proyecto que brindaría acceso a Internet a comunidades rurales en Piura y Tumbes. Según informaron, la Contraloría detectó responsabilidad civil en seis funcionarios tras un fallo internacional por la cancelación de proyectos de banda ancha.
Desde Infobae detallaron que la Contraloría señaló que los funcionarios crearon un perjuicio económico considerable para el Estado. Este desembolso de US$10 millones es el resultado de la resolución indebida de un contrato, que en su momento dejó en suspenso la ejecución de proyectos clave para el acceso a Internet en zonas vulnerables. El reporte de control no cita el nombre de la empresa, pero este es de dominio público.
El informe de la Contraloría resaltó la gravedad de la afectación, tanto en términos financieros como en el impacto sobre el acceso a servicios esenciales en zonas rurales. Se trató de la resolución de un contrato de financiamiento no reembolsable por más de USD 98,5 millones, destinado a la implementación de dos proyectos de telecomunicaciones en las regiones rurales de Piura y Tumbes.
Pronatel efectuó el pago de la indemnización entre octubre de 2024 y enero de 2025, informaron desde Contraloría, evidenciando las consecuencias de una gestión contractual deficiente en proyectos de alto impacto social. Se estima que la paralización del montado de estas redes ha tenido consecuencias directas en 422 comunidades rurales, 428 escuelas públicas, 254 establecimientos de salud y 35 comisarías, que quedaron sin recibir el prometido acceso a Internet de alta velocidad.
US$10 millones es el resultado de la resolución indebida de un contrato, que en su momento dejó en suspenso la ejecución de proyectos clave para el acceso a Internet en zonas vulnerables.
Fallo desfavorable
En agosto se conoció una nueva pérdida en la batalla legal internacional que enfrenta Pronatel. De acuerdo con un reporte de DPL News, el Tribunal del Distrito de Columbia de los Estados Unidos no aceptó la apelación presentada por Pronatel para desestimar la demanda sobre el pago de una indemnización de US$168 millones a Redes Andinas de Comunicaciones (RAC).
En un comunicado, la Corte estadounidense señaló que se «deniega la solicitud de Pronatel de desestimar la Demanda con base en su alegación de inmunidad soberana bajo la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA)». Según explicaron, esto significa que se mantiene la orden ya emitida por la Corte el 22 de julio de 2025, en la que se establece que la demanda de ejecución de un laudo arbitral por US$168 millones procederá en el Tribunal del Distrito de Columbia. RAC, subsidiaria de la estadounidense Quanta Services, está sujeta a la jurisdicción de los tribunales estadounidenses donde se ha presentado la demanda.
Valga recordar que, en 2022, la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) resolvió que el MTC terminó de manera ilegal los dos contratos de inversión firmados con RAC, por lo que se estableció un laudo a favor de RAC con una indemnización de US$177 millones. Dicho arbitraje fue iniciado por Redes Andinas iniciando un arbitraje en mayo de 2019. El fallo incluye pagar una indemnización por lucro cesante, reembolso de fianzas, pago de trabajos realizados y otros costos.
Según documento disponible en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se han realizado ya diversos pagos a favor de Redes Andinas como parte de la ejecución del laudo arbitral en el 12.° Juzgado Civil-Comercial de Lima, donde también habían iniciado un proceso que resultó desfavorable para el MTC.
