Desconocimiento de estado real de Red Dorsal encarece en 25%, por lo menos, las ofertas de mantenimiento que presenten los postores interesados, comentó el especialista Luis Montes. A su entender, los costos anuales para mantener una red de estas dimensiones bordearían los US$18,2 millones.
Azteca, operador a cargo de la Red Dorsal hasta enero del presente año, contrataba a terceros para realizar el mantenimiento de la infraestructura. Por dichos servicios le cobraba al año, al Estado, entre US$22/US$23 millones. Además, cobraba por el concepto de devolución de la inversión realizada, entre US$28/US$29 millones anuales. Es decir, en total, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) le abonaba unos US$50 millones al año. Fue así desde el 2017 hasta el 2020 y, probablemente, se alcanzó una cifra similar en el 2021 (los reportes al tercer trimestre son de US$18 millones por mantenimiento, tal como consta en sus estados financieros y en los informes respectivos del MTC).
Desde la quincena de enero Pronatel, entidad que forma parte del MTC, es el encargado de la Red Dorsal. Cuando fue fundado, en diciembre del 2018, se dispuso entre sus funciones que se hiciera cargo de forma temporal – “gestionar y operar” – la Red Dorsal y otros proyectos de telecomunicaciones financiados por el Estado, en situaciones como la que se está viviendo actualmente: se resolvió el contrato y no se puede interrumpir el servicio esperando la firma de un nuevo contrato.
Así lo aclaró el ingeniero especialista en redes y ex director del Fitel, Luis Montes. Según detalló, Pronatel ha de cumplir dicha función recurriendo a operadores de telecomunicaciones con título habilitante, además de la capacidad y experiencia en la gestión de redes de fibra óptica extensas como la Red Dorsal, que cubre 13.560 Km de longitud en 180 provincias del país. Eso, además, no lo exime de cumplir con los principios de transparencia respectivos.
Mientras el comité respectivo, encargado por el MTC, decide cómo se manejará la Red Dorsal en un futuro, es necesario un administrador temporal, porque el Pronatel no está en condiciones de operar la red, aclaró. El primer proceso de contratación de un encargado temporal iniciado en noviembre del 2021, añadió, no cumplió con los requisitos de transparencia y no fue culminado con un ganador, toda vez que el único postor finalista, compuesto por Gillat y Optical Network, exigió un pago superior a lo presupuestado (S/132 millones o unos US$34 millones, según informaron al diario Gestión).
“Pronatel no ha sido transparente a la hora de realizar el proceso de contratación de un tercero para hacerse cargo de la red. Se exoneró el procedimiento de la ley de contrataciones del Estado y no fueron públicos los términos de referencia. Se mencionó que se realizó la invitación a más de 20 empresas, sin embargo, las exigencias establecidas en los términos solo permitieron el cumplimiento de una sola empresa, situación que no ha generado una competencia para la selección de la empresa que se haga cargo”, enfatizó.
Montes estimó que el monto manejado por las empresas contratistas (terceros) para mantener una red como esta no llega a más de 700 US$ por kilómetro al año. A ello se le suma la parte administrativa, seguros, impuestos, personal de campo, etc., lo cual permite llegar a US$1350 km/año. Incluyendo pasivos y activos. En total, para la Red Dorsal, el costo de mantenimiento anual no debería superar los US$18,2 millones en condiciones normales.
Pronatel no ha sido transparente a la hora de realizar el proceso de contratación de un tercero para hacerse cargo de la red. Se exoneró el procedimiento de la ley de contrataciones del Estado y no fueron públicos los términos de referencia.
En este caso puntual, el hecho de no haber realizado un “due dilligence” para conocer el estado real de la red, el operador que gane la concesión corre riesgos que encarecen el costo, porque desconoce el verdadero estado de los equipos e instalaciones. Las supervisiones realizadas hasta ahora por Pronatel y el recogido de inventarios son insuficientes para conocer el estado real de la red. Según Montes, esto podría elevar en un 25% el presupuesto y llegar a unos US$22 millones al año.
Una red de fibra óptica como la dorsal, explicó Montes, ya debe haberse devaluado en una tercera parte por el tiempo de vida de los equipos y de la fibra, lo cual en el ámbito tecnológico es esperable. Pero, además, desde un aspecto contable, hay una pérdida mayor de valor, sobre todo si no se hicieron nuevas inversiones en reemplazos. Sin embargo, lo más costoso para el país, lamentó, es el hecho de que, teniendo la red en operación, no se haya logrado completar los objetivos con los cuales fue diseñada en término de conectividad para las zonas rurales.
En total, hasta el tercer trimestre del 2021 se le habría pagado al operador de origen mexicano, Azteca, unos US$170,9 millones por retribución de la inversión y 132,7 millones por mantenimiento, ambos incluyendo igv. En total serían US$ 303,6 millones gastados por el Estado, pero solo se utiliza como máximo un 5,35% de la infraestructura, según cálculos del MTC.
Azteca debe terminar de subsanar las más de dos mil observaciones que Pronatel le hizo en el proceso de supervisión del año pasado para entregar la infraestructura al MTC, lo cual se estima que sucederá en abril. El proceso de selección de un contratista temporal, explicó Montes, debería incluir, además de la prospección de mercado, un “due dilligence” de la organización y recursos de la operación actual, incluyendo el estado de las instalaciones y equipos, para evitar sobrecostos por riesgos. Esos procesos se pudieron iniciar cuando se supo que el contrato estaba resuelto, en agosto del año pasado, porque ahora los plazos temporales son muy cortos para el debido proceso, lamentó.
“Habría que realizar un proceso ad-hoc, respaldado por algún nuevo Decreto de Urgencia (DU), con intervención concurrente de la Contraloría y lo más corto posible. El factor tiempo es también crítico y dominante, aun con DU de por medio”, dijo.
