Expertos recomiendan que la propuesta de Ley General de Internet que está trabajando el Congreso pase por un mayor análisis y revisión en comisión o sea archivada. El dictamen trabajado hasta hoy tiene múltiples falencias que pueden implicar retrocesos para todos los que han iniciado el viaje rumbo a la Transformación Digital, advirtieron.
Pese a las críticas expresadas ante la opinión pública por múltiples expertos, la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República insiste en el dictamen del Proyecto de Ley N° 878/2021-CR con el objetivo de aprobarlo para poder pasarlo a debate en el Pleno. En la sesión de hoy se abstuvieron cinco de los ocho presentes, por lo que volverá a evaluar en la próxima sesión.
Ley General de Internet: El Riesgo de Abarcarlo Todo | Un especial de eBIZ Noticias
Terminado dicho debate, en un esfuerzo comunicacional de eBIZ y ELEGIR, se organizó un conversatorio en vivo en el que se analizó en profundidad lo que implicaría la aprobación de una norma como la propuesta. En él, participaron Jaime Dupuy, Gerente de Asuntos Legales y Regulatorios de la Asociación de Comex Perú, y Erick Iriarte, experto en derecho digital y CEO de eBIZ.
Si aprueban la propuesta tal como está, según AFIN (Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional), se paralizaría el despliegue de infraestructura en telecomunicaciones y se impediría que accedan a internet esos tres millones de peruanos que sigan desconectados. Además, se afectaría a todo el ecosistema digital que se había fortalecido durante la pandemia, porque la norma en vez de representar un avance, genera un retroceso.
Erick Iriarte, señaló que no se puede plantear una normativa general como esta porque sería similar a tratar de regular la vida misma por completo. En el mundo físico, explicó, no existe una sola norma que abarque todo, no hay una ley general de la vida. Y la internet ya forma parte de todos los aspectos de la vida humana. “Lo peor de todo es que a pesar de los serios cuestionamientos solo se ha ahondado en errores sin hacer un análisis técnico, lo cual genera problemas sociales con esa expectativa de que se va a solucionar toda la nueva normalidad”, dijo.
“Es un proyecto ómnibus que no soluciona problema alguno”, añadió Jaime Dupuy, gerente legal de Comex. Una buena práctica al emitir leyes es buscar resolver un problema de política pública, pero en este caso no existe un problema de esta índole que venga a solucionar este proyecto, explicó, sino que toma la normativa ya existente y genera inconsistencias que no se sujetan a la normatividad internacional con la que está comprometido el país, como por ejemplo los TLC (Tratados de libre comercio).
Además, comentó, ya existe un órgano rector, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD), que viene generando una política por desarrollar y aplicar. La propuesta legal, añadió, no conversa con todo lo que la SGTD ha generado en los últimos años y genera un conflicto que va a conllevar mucha confusión para cada uno de los actores involucrados en el ecosistema digital. El intento de instalar más regulación reducirá los actores en el mercado y nos deja mal parados ante el entorno internacional, remarcó.
Carlos Zuñiga, presidente de la asociación de defensa del consumidor Elegir, advirtió que es muy riesgoso para las empresas y la ciudadanía remitirla al pleno tal cual está. “Se necesita analizar bien el tema. No se trata de que cada gremio o asociación haga catarsis de recomendaciones y al final las sumen en este ómnibus. […] Busquemos el diálogo y el análisis. Esto nos impacta a todos los ciudadanos, incluso cuando vamos a tomar un taxi, por ejemplo. Es un freno y un retroceso en la transformación digital”, enfatizó.
Tanto Afin como Comex coinciden con Zuñiga en la necesidad de respetar el llamado al diálogo que está circunscrito en la Política 35 del Acuerdo Nacional y piden una revisión más pausada del tema, con mesas de trabajo en las que participen representantes de todos los involucrados en el uso de internet. Se requieren varios grupos de trabajo con expertos en la materia que analicen a profundidad el tema y creen una propuesta legal acorde a la realidad.
“Solo se ha dado una única reunión, en la que asistieron algunas organizaciones y con una muy limitada participación. Estos espacios deberían multiplicarse y sumar a muchas más organizaciones. Hagamos las cosas bien”, recomendó Dupuy.
Una nueva norma debe agregar valor a lo ya existente, agregó Iriarte, y eso se consigue con un análisis profundo de las problemáticas existentes con aportes de los expertos y las instancias responsables del tema, como la PCM [de quien depende la SGTD], quienes no han brindado aportes al texto. Hacer un compendio que no respeta conceptos ya aceptados a nivel global terminará afectando a toda la regulación postpandemia que exigió la nueva realidad de consumidores interconectados, dijo.
“No se necesita una norma de este tipo. Ya hay varias leyes que cubren muchos aspectos incluidos. No hay porqué duplicar normas. ¿Dónde está la novedad? Los siete primeros artículos podrían no estar […] Rompen la regulación de telecom para insertarla aquí. Lo llenan de cosas que ya están en diferentes regulaciones. Además, no se está entendiendo al entorno digital. Alguien les hizo creer que internet no está regulado. Eso fue algo que se discutió hace 40 años. Es un tema complejo que requiere un análisis y debate pormenorizado con soluciones puntuales a temas pendientes, no una ley general”, remarcó Iriarte.
