Una vez más, en el Congreso se debatió y aprobó en comisiones una norma que propone establecer a la internet como un derecho al que deben acceder todos los peruanos. El camino de dicha propuesta es largo, porque para concretar su promulgación se requiere una reforma constitucional, lo cual implica su aprobación en dos legislaturas del Pleno.  

En medio de la crisis generada por el Golpe de Estado, la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso del Perú informó que ha aprobado el pre-dictamen del Proyecto de Ley 1397. Dicha norma propone que el acceso al internet sea libre, de calidad, inclusivo y abierto.  

Roberto Kamiche (Perú Democrático), autor de la iniciativa, consideró que es fundamental que el uso del Internet de calidad sea reconocido por el Estado, sobre todo luego de lo experimentado durante la pandemia, cuando fue evidente lo esencial que es para brindar una educación digna.  

El proyecto de ley recomienda introducir el inciso 25, al artículo 2 de la Constitución que señala: “Toda persona tiene derecho a un internet libre, inclusivo y abierto. El Estado promueve el uso de las tecnologías de la información y comunicación en todo el país”. 

La propuesta fue ingresada en marzo del 2022 a la citada comisión, que en la actualidad preside el congresista Segundo Montalvo (Perú Libre). También fue derivada a la comisión de constitución y reglamento, en donde recibió opinión de la Defensoría del Pueblo. Ellos, atendiendo a todos los proyectos relativos al tema acumulados en comisión (PL N° 557, 879, 881, 1128, 1197, 1215, 1397 y 1736/2021-CR) propusieron un texto sustitutorio de modificación en la constitución.  

Se recibió la opinión jurídica del Indecopi, quien consideró que la medida beneficiará al ciudadano, pero advirtieron que ellos no son el ente encargado de dar valoración técnica sobre la materia, sino Osiptel, quien no lo consideró favorable. Según el regulador de las telecomunicaciones, ya se han emitido varios informes sobre la materia afirmando que el solo reconocimiento del derecho al acceso a internet no constituye una medida que realmente mitigue la problemática existente en nuestro país. Además, precisaron que se debe aclarar que esto no implica otorgarlo de manera gratuita. 

Montalvo informó que su comisión contó para el análisis con las opiniones del Ministerio de Justicia (Minjus), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Entel Comunicaciones y la Sociedad de Comercio Exterior del Perú. Entre las opiniones favorables resaltaron la del Minjus, quien establece que la propuesta resulta viable en tanto no contraviene algún límite material de la potestad de reforma constitucional. “Nada impide que el acceso y uso del internet sea reconocido como un derecho independiente o autónomo”, dijo citando al referido ministerio. 

Desde Comex también saludaron la incorporación del derecho y resaltaron que este debe ser libre y abierto, garantizando la neutralidad de la red. “Si bien garantizar el acceso al Internet es un paso primordial para reducir la brecha digital, es indispensable que tal reconocimiento se haga bajo las garantías de apertura y libertad para un disfrute adecuado y efectivo de los derechos fundamentales en el entorno digital”, apuntaron. 

“La iniciativa va en la línea de lo que ya aprobó el congreso en primera votación de los proyectos Mulder y Belaunde”, advirtió Erick Iriarte Ahon, CEO de eBIZ, quien también considera que se trata de un avance en el reconocimiento de este derecho humano, que va en la línea de lo expresado por la Política 35 del Acuerdo Nacional.  

Sin embargo, Iriarte destacó que, ante la falta de 2da votación, se debió continuar lo ya avanzado en lugar de hacer una nueva reforma solo por el deseo de tener la paternidad de las propuestas que serán aprobadas. “El complejo adánico es de los mayores problemas en el desarrollo de normativas”, remarcó.

Una iniciativa reincidente  

Lucía León Pacheco, coordinadora legal de Hiperderecho, recordó que entre julio del 2016 y el mismo mes del 2021, hubo ocho los proyectos que buscaban declarar o reconocer el acceso a Internet como un derecho fundamental. Cuatro fueron acumuladas (PL 3156/2018-CR, 3607/2018-CR, 5600/2020-CR y 5843/2020-CR), debatidas y votadas en el Pleno del Congreso, logrando una aprobación con 104 votos.  

Esto sucedió 10 años después de que la Internet sea reconocida como un derecho humano por la ONU (2011) y parte del debate en comisión coincidió con el estallido social que conllevó al cierre del Congreso y la instauración de un gobierno de transición al cierre del 2020. Finalmente, a inicios del siguiente año llegó la propuesta al Pleno. Pero, por tratarse de una reforma constitucional, se requería de una segunda votación, la cual no fue agendada con el nuevo Congreso y terminó archivándose en agosto del 2021. 

Lucía León comentó que han existido muchas propuestas relacionadas con el reconocimiento del acceso a Internet como derecho fundamental, pero con diferentes modalidades de aplicación. “La gran mayoría han sido proyectos de reforma constitucional, siguiendo tres caminos principalmente: que este nuevo derecho se incluya dentro del inciso de libertades informativas/expresión; que se incluya dentro del inciso del derecho a la educación; o que se cree un nuevo inciso. El nuevo PL sigue este tercer camino”, detalló. 

El legislativo actual ha incluido el tema desde el principio como tema importante de la agenda, pero a incluido su propia propuesta. Esto es algo que se viene debatiendo estudiando incorporar desde el 2011. El ex congresista Mesías Guevara (2011-2016), impulso el debate de su Proyecto de Ley N° 2294/2012, el cual buscó incorporar en la Constitución que toda persona tenga derecho al acceso a Internet con conexión de banda ancha y a servicios de telecomunicación de calidad. 

El concepto fue retomado en el 2017 por el entonces congresista Mauricio Mulder, quien presentó el PL 2780/2017, que no buscaba incorporarlo como una reforma de la Constitución, solo que solo declaraba la importancia de implementar las respectivas políticas públicas. Al año siguiente, con un nuevo Congreso, se propuso incorporarlo como un derecho fundamental en la Constitución. Alberto de Belaunde presentó el PL 3607/2018 y Estelita Sonia Bustos Espinoza hizo lo propio con el PL 3156/2018. El proyecto entró a debate una semana antes del estallido social, sobrevivió al cambio de presidente, no fue archivada y fue aprobado por el Pleno. No obstante, como ya se mencionó,  el nuevo equipo legislativo decidió archivarla para sacar su propia versión.