De acuerdo al último reporte de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB), en el primer semestre del 2023 diversas entidades de la administración pública eliminaron voluntariamente 981 barreras burocráticas. De dicho total, 464 fueron impuestas por municipalidades distritales, 175 por municipalidades provinciales, 303 por otras entidades públicas y 38 por los ministerios.
Entre las barreras eliminadas voluntariamente durante el primer semestre del 2023 se logró que se eliminaran 23 que restringían la presentación de documentos en un determinado horario en la mesa de partes virtual de cada entidad pública. Entre las dependencias que dejaron de imponer horarios de recepción de los documentos digitales a través de las mesas de partes virtuales figuran la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, Miraflores, Ventanilla y el Congreso de la República.
Valga recordar que, a noviembre del 2023, el 100% de los ministerios, el 82% de los gobiernos regionales y el 88% de las empresas del Estado ya tienen una mesa de partes digital implementada, mientras que a nivel municipal solo lo han hecho el 37%, según cifras oficiales de la Presidencia del Concejo de Ministros (PCM).
El problema es que muchas municipalidades no consideraban como recibido un documento si no era en un determinado horario, pese a que la ley precisa que el horario de atención digital es de 24 horas los siete días de la semana. Esta limitación es una barrera burocrática ilegal que ha afectado a más de 200 000 procedimientos que se llevan a cabo en las 46 entidades a las que se les abrió investigaciones de oficio. Estas faltas generarían un costo económico de más de S/5 millones a los ciudadanos cuyos trámites son afectados por esta restricción horaria.
Trabas a la infraestructura
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ocupó el segundo lugar en el Ranking de las entidades de la administración pública que han impuesto mayor cantidad de barreras burocráticas declaradas ilegales y/o carentes de razonabilidad con 31 denuncias, según la CEB. Fue superado solo por la municipalidad provincial de Chanchamayo, en Junín, que recibió 32 denuncias.
Según Indecopi, en el primer semestre del 2023 se publicaron en “El Peruano” 18 resoluciones que disponen la inaplicación, con efectos generales, de barreras burocráticas declaradas ilegales y contenidas en disposiciones administrativas. Tres de ellas son relativas al sector telecomunicaciones: una en febrero ante la Municipalidad de Lince (0162- 2022/CEBINDECOPI39), otra en junio en Miraflores (0450- 2022/CEBINDECOPI46) y finalmente una más en Lurigancho Chosica (0342- 2019/CEBINDECOPI47).
De acuerdo al último reporte de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB), en el primer semestre del 2023 diversas entidades de la administración pública eliminaron voluntariamente 981 barreras burocráticas.
En el caso del municipio de Miraflores, la CEB informó que se exigió presentar la autorización de uso de infraestructura de terceros para mantener instalada una infraestructura de telecomunicaciones (cableado aéreo), cuando esto no es competencia del municipio. Según la ley vigente, explicaron, el municipio no debe pedir dichas autorizaciones para instalar la infraestructura de telecomunicaciones y es Osiptel quien debe fiscalizar la autorización de uso de infraestructura de terceros en el tendido y la instalación de infraestructura aérea para el servicio de telecomunicaciones en espacios públicos.
Ya en 2021 un estudio realizado por All Business Solutions había advertido que Miraflores era el distrito con el despliegue más lento de fibra óptica en Lima Metropolitana debido a una ordenanza municipal que impedía el despliegue de fibra óptica vía cableado o en zonas con residencias antiguas del distrito.
En el caso de la Municipalidad Distrital de Lurigancho, Chosica, se informó que dicha entidad impuso parámetros distintos y adicionales a los previstos en el Anexo 2 del Reglamento de la Ley N° 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones. La norma establece los puntos a seguir para que los cables y antenas pasen lo más desapercibidos posible y tenga el menor impacto visual al integrarse al paisaje urbano, garantizando una armonía estética con el entorno y el municipio no puede añadir exigencias a las ya reglamentarias.
Las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad, aclararon, se convierten en sobrecostos innecesarios para los agentes económicos, limitan su competitividad y restringen la competencia, con lo que se perjudica al sistema económico y, finalmente, a los consumidores, quienes no se benefician de la asignación eficiente de recursos en el mercado.
