Entre el 18 y 28 de noviembre se viene realizando el Foro Expertas TIC 2024, organizado por 5G Américas. Desde Perú participó en el primer día del evento virtual Virginia Nakagawa, ex viceministra de comunicaciones, hoy socia de Nakagawa Consultores Regulatorios, quien alertó que existe en el sector reparos sobre la forma en que se dará la actualización de la Ley de Telecomunicaciones que propuso el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
El Ejecutivo anunció la creación de un grupo de trabajo multisectorial, explicó, pero no ha incluido al sector privado sino solo a representantes de organismos del Estado. Afirman que el comité consultará opinión de expertos del sector privado, pero no formarán parte del grupo que elabora la propuesta. «No es lo mismo ir a una reunión a opinar que estar dentro de una mesa de trabajo», recalcó.
En su opinión, la iniciativa de modernizar la ley es buena, porque se trata de un texto antiguo, pero no es una necesidad urgente de atender, porque no está obsoleta y no constituye una barrera para el progreso. Con el marco legal actual se ha podido dictar normas complementarias a favor de las tecnologías y prácticas modernas que operan en el mercado, como la compartición de infraestructura o el nuevo régimen de banda ancha.
Además, como el Ejecutivo no tiene mayoría en el parlamento, se corre el riesgo, de que el texto propuesto termine siendo modificado en forma perjudicial para el sector, afirmó Nakagawa. «Puede que introduzcan elementos que distorsionen el sistema actual y si no se tiene el músculo o la muñeca apropiada los padres de la patria pueden estar abriendo una caja de pandora», alertó. «La propuesta debe ser altamente técnica», remarcó.
Un subsidio polémico
Nakagawa también comentó en su presentación durante el Foro sobre la propuesta de subsidio a la demanda del Ejecutivo, dictada en el marco de la otorgación de facultades legislativas del Congreso. La noticia al principio generó mucha expectativa positiva porque sería un impulso para el consumo de internet en las zonas más deprimidas en términos económicos, pero luego hubo desazón entre las empresas del sector porque implica subir el aporte que dan al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL).
Actualmente los operadores aportan el 1% de sus ingresos anuales al Fitel. A través del Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel), quien maneja el fondo, se ejecutan obras que brinden conectividad en las provincias. Ellos son los encargados del tendido de las redes regionales de fibra óptica, por ejemplo. La norma implica subir el aporte de las empresas a 2% y 3% de todos los ingresos brutos facturados y percibidos por las empresas de telecomunicaciones.
«Puede que introduzcan elementos que distorsionen el sistema actual y si no se tiene el músculo o la muñeca apropiada los padres de la patria pueden estar abriendo una caja de pandora».
Es un cambio de reglas que resta estabilidad jurídica para promover las inversiones, anotó, además de que no hay garantías de que haya una adecuada ejecución, porque aún no están funcionando todas las redes regionales, no fluye tráfico de datos en las zonas de interés social, y no se ha terminado de resolver cómo será el manejo de la Red Dorsal.
En relación con la dorsal, Nakagawa dijo que hay varias opciones de solución. Por un lado, se debe pasar su mantenimiento a un operador privado. Por otro, se tiene que evaluar la situación de los proyectos regionales, que compiten con privados y deberían ser tratados en forma similar, o ver cuál es el sentido de mantenerlos en una administración pública, dado que hay zonas con suficiente competencia privada y se estaría rompiendo el rol subsidiario del Estado.
Otro problema de la norma que busca incentivar la demanda con subsidios, añadió Virginia Nakagawa, es que genera un trato discriminatorio que impacta en el dinamismo competitivo y puede terminar siendo parte de un arbitraje. No solo se trata de afectar el crecimiento natural de las empresas, sino que la aplicarían a un grupo, no a todos. “Las que tienen contrato de concesión con carácter de contrato ley no se les puede tocar, pero a las otras empresas que son contratos de carácter administrativo podrían verse afectadas. Aquí hay un tema importante de legalidad y debe ser revisado”, advirtió.
La iniciativa de modernizar la ley es buena, porque se trata de un texto antiguo, pero no es una necesidad urgente de atender, porque no está obsoleta y no constituye una barrera para el progreso.
En la ruta del 5G
El MTC aprobó (D.L. 1627) la adjudicación directa de espectro para el despliegue de la tecnología 5G, pero está pendiente el reordenamiento de la banda 3,5 GHz, que está muy desordenada, y no se ha aclarado hasta ahora qué será primero o cómo lo harán, anotó Nakagawa.
«Entiendo que quieren recuperar el ritmo y por eso ya no habrá concurso público, como ha sido siempre, sino que se ha dispuesto un compromiso de inversión con despliegue de infraestructura para 4G en zonas de interés social, lo cual es loable, pero falta aclarar cómo se hará la asignación del espectro y cómo se determinará el valor del recurso, porque harán contrataciones directas a estudios, lo cual puede ser debatible. Si el compromiso directo va a significar dar la misma cantidad de plata que si hubiera un concurso, simplemente estamos pasando del bolsillo derecho al izquierdo. Los compromisos de cobertura tienen que ser razonables y factibles de cumplir», opinó.
Advirtió que se tiene poco tiempo para determinar el valor del espectro y aun no se han contratado a esos estudios que van a valorarlo. Los trabajos para la asignación de cobertura no son sencillos, dijo, es algo muy complejo que debe tener el apoyo de técnicos de primer nivel y participación del regulador, Osiptel (Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones). Además, hay que evaluar la situación de quienes ya tienen espectro en dicha banda. Algunos están por renovar el contrato de concesión porque ya vence o están en la negociación y probablemente no estén con disposición de invertir gran cantidad de recursos, añadió.
