Luego de casi tres años de revisiones, el Parlamento Europeo aprobó la primera Ley de inteligencia artificial (IA) para el continente. El miércoles 13 de marzo del 2024 la regulación logró el apoyo de 523 legisladores en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia. Hubo también 46 votos en contra y 49 abstenciones del Acta de Inteligencia Artificial (AI Act), como se le denomina.
En diciembre del 2023 ya se había pactado su aprobación con el Consejo de la Unión Europea, que representa a 27 estados, pero faltaba su ratificación. Fue propuesta por primera vez en abril de 2021 por la Comisión Europea. Desde entonces empezó a ser revisada y debatida por los parlamentarios. A fines del 2022 el Consejo de la UE alcanzó un acuerdo sobre una orientación general y entabló conversaciones interinstitucionales con el Parlamento Europeo en junio del 2023, quien acaba de rarificada.
El siguiente paso es que cada estado que integra la Unión Europea respalde la ley y luego esta sea publicada en el Diario Oficial de la UE, lo que se calcula ocurrirá en mayo o junio. La normativa, que regula sistemas como ChatGPT de OpenAI, entrará en vigor un año después de que la ley se haga oficial y las empresas tendrán hasta dos años para adecuarse a lo mandado, detallaron las agencias de noticias internacionales.
“La ley entrará en vigor en etapas, con la suspensión de sistemas de IA prohibidos, seis meses después de su aprobación y la aplicación de reglas para sistemas de IA de propósito general un año después. Cada país de la UE establecerá su propio organismo de vigilancia de la IA, mientras que Bruselas creará una Oficina de IA para hacer cumplir y supervisar la ley”, informó el portal Alta Densidad.
La nueva ley establece disposiciones y sanciones de acuerdo con el riesgo que representan para la sociedad y los derechos humanos, desde la propiedad intelectual hasta la libertad de credo. Cuanto más riesgoso es el sistema, más prohibiciones, informó la agencia de noticias AFP. Las infracciones pueden hacer que las empresas reciban multas que oscilan entre 7,5 millones y 35 millones de euros (US$ 8,2 y 38,2 millones), según el tipo de infracción y el tamaño de la empresa.
En el portal Xataka detallaron que las soluciones de IA que representen riesgos inaceptables quedarán prohibidas. No podrán aplicarse de ninguna forma en la UE si valoran que representan una clara amenaza para la seguridad, los medios de vida y los derechos de las personas. Si el sistema implica una manipulación de la persona o una vigilancia masiva, no podrá ser comercializada en el territorio europeo, según esta nueva norma.
La nueva ley establece disposiciones y sanciones de acuerdo con el riesgo que representan para la sociedad y los derechos humanos, desde la propiedad intelectual hasta la libertad de credo.
Los sistemas de IA calificados como de “Alto riesgo” quedarán sujetos a cumplir estrictas medidas para minimizarlos antes de ser comercializados. Las autoridades deberán evaluar su cumplimiento. En este nivel entran los sistemas de identificación biométrica remota para entornos privados e infraestructura crítica.
Los que entren en la categoría “Riesgo limitado” por problemas de transparencia en el uso de la IA, deberán cumplir ciertas recomendaciones. En el caso de un chatbot se debe informar que no se está hablando con un humano para que el consumidor decida si lo seguirá usándolo o no. Si el contenido de texto, audio o video que difunde una web ha sido generado por IA deberá ser etiquetado como generado artificialmente.
Los sistemas considerados de “Riesgo mínimo o nulo” no tendrán limitaciones y podrán ser ofrecidos al público. En esta categoría están muchas herramientas de productividad que ya se emplean en la actualidad en el continente europeo.
Sepa más: En el Perú tenemos desde mediados del año pasado una ley que promueve el uso de la IA a través de principios generales. En el Congreso se han presentado algunas iniciativas adicionales que entraran a estudio y posterior debate. Una propone el uso obligatorio de la IA en el Estado y otra ofrece alternativas de regulación para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.
