Norma que entraría en vigencia en diciembre afectará las inversiones para expandir el servicio en zonas rurales porque operadores deberán priorizar optimizar servicio en áreas urbanas.
Durante el evento internacional “Acortando la brecha digital en el Perú: retos y desafíos”, realizado por GSMA y la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), expertos coincidieron en que se debe dar estabilidad jurídica al sector y concretar las licitaciones de espectro que fueron suspendidas.
Alejandro Adamowicz, director de Tecnología y Estrategia de GSMA, destacó durante el evento que es fundamental trabajar en cerrar la brecha digital, lo cual no solo pasa por brindar cobertura móvil, sino dar las condiciones para que la población pueda acceder al servicio. En Latinoamérica hay 97% de cobertura de banda ancha móvil, pero el 44% de la población no está conectada, y en Perú también tiene ese problema.
La conectividad tiene un impacto directo en la economía del país. No solo favorece la inclusión, sino que les permite ser más competitivos. Con 5G se espera generar un billón de dólares en mundo y US$70 mil millones para Latinoamérica. Quien acelere la adopción de 5G y creen condiciones para esas inversiones estará a la delantera, afirmó Adamowicz.
En el caso del Perú, se debe concretar en el primer semestre del 2023 las licitaciones de espectro para 4G y 5G pendientes – que fueron suspendidas – porque los operadores necesitan de este recurso para continuar ampliando su oferta de alta velocidad, advirtió Carlos Huamán, director de DN Consultores.
“La conectividad se construye”, enfatizó Adamowicz luego de recordar que el Perú tiene que trabajar en la asequibilidad de los servicios y la otorgación de espectro para banda ancha, garantizando la estabilidad a los operadores para planificar inversiones de aquí a 20 años. Urge promover un marco regulatorio que favorezca la inversión a largo plazo, con certidumbre jurídica que otorgue predictibilidad.
Se necesita crear condiciones para reducir la brecha digital y la Ley 31207 es un ejemplo de lo que no se debe hacer, completó Huamán. “Dicha ley, que dispone el aumento de velocidad mínima garantizada de 40% a 70%, es técnicamente inviable. No es factible cumplirla por factores ajenos al operador y debería ser derogada antes de que entre en vigencia en diciembre, porque frenará las inversiones de servicios de alta velocidad en la zona rural”, advirtió.
En la práctica, explicó, la norma encarece el servicio de conexión a internet y solo logra frenar las diferentes iniciativas encaminadas a reducir la brecha digital. La norma disminuiría la inversión en un mayor despliegue de fibra óptica y otras nuevas tecnologías en áreas rurales, ya que esa inversión tendrá que ser destinada a incrementar la capacidad en las zonas urbanas que ya tienen servicios para intentar alcanzar la velocidad exigida por ley, coincidió Adamowicz.
Advirtió además que no es aplicable a todos los servicios de internet, porque es imposible garantizar una velocidad mínima estable en telefonía móvil al tratarse de un servicio finito que depende de cuántos usuarios estén descargando contenido en cada momento. En países como Ecuador, México o Uruguay, continúo Adamowicz, las obligaciones con respecto a la conectividad móvil son de carácter informativo.
Las normas del sector deben ser para favorecer a toda la población y no para generar una brecha más profunda, como sucede con la citada ley, añadió Gloria Montoya, jefa de servicios públicos de la Defensoría del Pueblo. Se necesitan líneas estratégicas que atiendan y permitan la conectividad de todos los peruanos, incluso a los que no tienen poder adquisitivo para comprar un smartphone, remarcó.
