Para Carla Sosa Vela, viceministra de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la ley que establece el acceso a internet como un derecho es una base que ayudará a un desarrollo en base a la conectividad y les permite dar más impulso a los proyectos que se vienen trabajando.
¿Qué obligaciones en el corto, mediano y largo plazo les representa la medida?
El acceso a internet como derecho fundamental sienta las bases para un enfoque de desarrollo territorial e inclusión social con base en la conectividad. Actualmente, desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, venimos trabajando para darle conectividad digital, principalmente, a los cerca de 6,4 millones de ciudadanos que habitan en localidades sin cobertura de internet de banda ancha (4G).
En el mediano y largo plazo, tenemos un compromiso con una visión de un país de ciudadanos digitales que ejerzan otros derechos fundamentales y satisfagan sus necesidades gracias al acceso al internet y que deban su desarrollo y la mejora de su calidad de vida a las comunicaciones.
¿Tendrán que pedir un presupuesto adicional para poder completar el cierre de la brecha?
De forma evidente, las necesidades de recursos de diferente naturaleza para estos esfuerzos públicos vienen siendo evaluadas y calculados, lo cual será comunicado en su oportunidad.
¿Afectará esta norma, de alguna manera, el manejo o impulso de las redes regionales?
Por el contrario, el impulso en la gestión de los proyectos regionales se verá fortalecido pues representan el primer escalón en el desarrollo progresivo hacia un acceso universal al internet en nuestro país. Hay que tomar en cuenta que los proyectos regionales en su conjunto alcanzarán a una población beneficiaria de aproximadamente 3,67 millones de ciudadanos en más de 7 600 centros poblados.
¿Y los otros proyectos orientados al cierre de la brecha digital?
Tanto en el marco de los proyectos regionales como fuera de ellos, el Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) cuenta con una serie de intervenciones para el cierre de brechas. Entre ellas, destacan los 104 Centros de Acceso Digitales (CAD) en seis regiones del Perú y 910 Espacios Públicos de Acceso Digitales (EPAD) o plazas WiFi gratuitas distribuidas en diez regiones, mediante los cuales cientos de miles de personas son potencialmente beneficiadas hoy en día con conectividad y desarrollo de capacidades digitales. En esa línea, se tiene proyectado ampliar estas intervenciones y ya se encuentran establecidos los compromisos para incrementar su cantidad en el 2024, con 441 CAD adicionales como parte de los compromisos de los proyectos regionales de banda ancha.
Adicionalmente, debe mencionarse la intervención Conecta Selva, que está brindando acceso a internet a 1034 centros poblados de cuatro regiones de nuestra Amazonía. Asimismo, actualmente contamos con 155 instituciones que vienen siendo beneficiadas con el servicio de internet que las empresas operadoras brindan a través del servicio portador de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO) y la Red Nacional de Estado (Rednace). Esto permite impulsar el desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento, que prioriza la educación, salud, defensa nacional, seguridad, cultura, investigación y desarrollo e innovación.
¿Algún avance en el tema de elección del operador de la red dorsal?
Venimos promoviendo de forma muy concreta la puesta en valor de las redes ópticas de titularidad del Estado, como la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO), operada actualmente por el Pronatel, así como con los proyectos regionales de banda ancha. En el caso de la elección del operador de la red dorsal, nos encontramos abocados a garantizar que el proceso en curso permita al Estado seleccionar al mejor postor en un marco de transparencia y predictibilidad para los interesados.
“Actualmente, desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, venimos trabajando para darle conectividad digital, principalmente, a los cerca de 6,4 millones de ciudadanos que habitan en localidades sin cobertura de internet de banda ancha (4G)”.
Teniendo en cuenta que el despliegue de infraestructura enfrenta barreras burocráticas y los proyectos han sufrido muchos retrasos, ¿qué medidas o normativas adicionales son necesarias para poder cumplir con lo previsto?
Esta gestión busca que los procesos de despliegue de infraestructura y puesta en operación de redes de acceso a internet sean más eficientes independientemente del carácter público o privado de la iniciativa.
Cambiar la normativa o establecer medidas adicionales de índole similar no siempre consiguen el objetivo de resolver los problemas públicos que enfrenta la sociedad. En tal sentido, sin perjuicio del monitoreo constante a la efectividad del marco normativo vigente, más que medidas normativas, por un lado, aplicamos el sentido de la mayor urgencia a nuestras acciones enfocadas en el cierre de las brechas mientras efectuamos una observancia responsable de la normativa en vigor.
¿Cuáles son las metas para este año en términos de despliegue de infraestructura y oferta de servicios digitales y capacitación?, ¿qué implica, en ese sentido, esta norma y la publicación de las políticas de la secretaría?
En lo que compete al MTC, contamos con las siguientes metas priorizadas para los siguientes meses:
- Implementar progresivamente intervenciones de conectividad en escuelas públicas, mediante redes de acceso de fibra óptica, con el objetivo de conectar a 34 000 instituciones educativas que aguardan este servicio.
- Incremento de la cobertura geográfica de servicios móviles 4G en centros poblados sin este servicio.
- Implementación de servicios de internet de banda ancha a los Tambos a nivel nacional, que son plataformas multiservicios mediante los cuales las instituciones del Estado pueden hacer llegar sus servicios a las poblaciones de las zonas más alejadas del país.
- Fortalecimiento de mecanismos de incentivos al sector privado, como el Canon por cobertura, por ejemplo.
- Gestión del espectro radioeléctrico, en particular, evaluación técnica sobre los mecanismos más eficientes para el próximo concurso de la banda 3.5 GHz para servicios 5G, así como su reordenamiento.
- Puesta en valor de las redes ópticas de titularidad del Estado, como la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO), operada actualmente por el Pronatel, y los proyectos regionales de banda ancha.
- Atención a las regiones de selva en las cuales las soluciones de conectividad terrestres suelen estar más dispersas y ser más complejas geográficamente.
- Promoción de la masificación del acceso a la señal de la Televisión Digital Terrestre (TDT), que es la señal gratuita de televisión digital que permite a los ciudadanos disfrutar una imagen de alta definición (HD) y mejor calidad de sonido.
¿Qué se espera del sector privado en la mira de apoyo al logro de estos objetivos y obligaciones?
En el sector Comunicaciones, se suele contar con un compromiso efectivo desde el sector privado y otros estamentos de la sociedad. Por ello, se espera un mayor dinamismo en los esfuerzos de cooperación en la promoción de la inversión y en línea con el acceso internet como derecho.
Por ejemplo, la reciente adjudicación (junio del 2023) de las bandas 2,3 GHz y AWS-3 permitirá que más de 3800 localidades cuenten con servicios 4G en los próximos dos años, incrementando la cobertura poblacional en aproximadamente un millón de personas, con una inversión aproximada de US$600 millones.
Hacia el corto plazo, como gestión, nos encontramos inmersos en la evaluación técnica sobre los mecanismos más eficientes y con mayor impacto para el próximo concurso de la banda 3,5 GHz para servicios 5G, así como el fortalecimiento o ampliación de los mecanismos de incentivos al sector privado como en, por ejemplo, el Canon por cobertura y la compartición de infraestructura activa.
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