Lucas Gallitto Castaño, director para América Latina de GSMA, remarca en la presente entrevista que una de las principales barreras de conectividad es la accesibilidad, es decir el costo elevado de los equipos. A ello se suma la falta de conocimiento sobre el entorno digital y cómo sacarle provecho.
¿Cuáles son los niveles de desconectados en la región y en el país (Perú) y cuáles son los que no tienen cobertura?
En América Latina, más de 405 millones de personas (65% de la población) son usuarios de internet móvil. Entre quienes no están en línea, 44 millones (7% de la población) viven en áreas donde no hay cobertura, mientras que 174 millones (28%) tienen cobertura, pero no utilizan los servicios.
Esas personas conforman la brecha de uso y enfrentan barreras que no tienen que ver con la oferta de servicios, sino con la demanda. Las principales son la asequibilidad (como no poder pagar un dispositivo) y la falta de habilidades digitales (no saber usar un dispositivo y/o navegar por internet, o directamente no saber leer y escribir).
En Perú, 55% de la población está conectada, 5% reside en áreas sin cobertura de redes y 40% tiene cobertura, pero no se conecta. La brecha de uso es el principal desafío de la inclusión digital hoy en Perú, con más de 10 puntos por sobre el promedio regional.
Desde el Gobierno, ¿qué se espera que hagan para reducir la brecha de uso y lograr la alfabetización digital de las zonas rurales? ¿Cuál es el mejor camino a seguir?
La primera barrera en la región es la asequibilidad. A pesar de la baja sostenida de los precios de los servicios en los últimos años, acceder al primer dispositivo smartphone sigue siendo una enorme barrera de entrada al mundo digital, en especial para los segmentos de menores recursos. Aquí entran en juego factores que exceden al sector móvil como los niveles de renta y las desigualdades estructurales.
La principal herramienta del Gobierno para bajar esta barrera es la reforma tributaria. Las tasas regulatorias y los impuestos específicos al sector móvil incrementan los costos para los operadores y los usuarios. La reducción o eliminación de estos tributos, así como una potencial reducción del IVA a dispositivos y servicios móviles para usuarios vulnerables, puede ayudar a sumar a más peruanos a internet móvil.
La creación de habilidades digitales es otro incentivo fundamental para expandir la demanda de servicios móviles. Existen muchas iniciativas atomizadas, impulsadas por diversas entidades de gobierno, así como por operadores y otras organizaciones del sector privado. La articulación público-privada para escalar y potenciar proyectos es clave para lograr resultados sustanciales.
¿Es muy costoso reducir la brecha?
En cuanto a los costos, de acuerdo a un estudio de la GSMA realizado en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y Ecuador, una reforma fiscal puede reducir la barrera de la asequibilidad sin financiamiento público adicional directo. Por otro lado, en la era digital, el beneficio a largo plazo de tener a más ciudadanos conectados supera las posibles mermas inmediatas en recaudación.
En Perú, 55% de la población está conectada, 5% reside en áreas sin cobertura de redes y 40% tiene cobertura, pero no se conecta.
¿Consideran pertinente que se hagan cambios o mejoras en los organismos y fondos existentes –como Fitel (Fondo de inversión en telecomunicaciones) y Pronatel (Programa nacional de telecomunicaciones)– con el fin de reducir la brecha?
La digitalización avanza a pasos acelerados, y el ecosistema que tenemos hoy es muy diferente al de hace algunos años. Es importante que los organismos y políticas públicas reflejen esos cambios.
Por ejemplo, fondos como el Fondo de inversión en telecomunicaciones siguen siendo financiados íntegramente por operadores, cuando existen hoy muchos otros actores que se benefician de la ampliación de la conectividad. En Estados Unidos y otros países del mundo se está repensando si estos actores no deberían también hacer su contribución.
Además de la base de contribución, de acuerdo al estudio de la GSMA ya mencionado, en la mayoría de los países, los Fondos de Servicio Universal han sido sub-ejecutados y no existen evaluaciones sólidas sobre cuántas personas adicionales se han conectado a partir de los programas. Es momento de repensar los FSU para alcanzar el cierre de la brecha digital.
En materia de brecha de cobertura, que hoy se focaliza en zonas de condiciones geográficas complejas o donde el despliegue comercial no es rentable, Perú tiene un modelo de cooperación que busca dar respuesta a esta problemática: Internet para todos (IPT) –empresa de infraestructura móvil rural creada por Telefónica del Perú, Facebook (Meta), BID Invest y CAF para democratizar el acceso al Internet en Latinoamérica y Perú–.
IPT ha permitido que distintos actores del ecosistema inviertan conjuntamente en conectividad rural a través de espectro e infraestructura compartida, conectando a casi 3 millones de peruanos desde su creación en 2019. Promover incentivos para la expansión de estos modelos innovadores (como ‘Internet para todos’) con resultados comprobados es crucial para garantizar el acceso equitativo a la conectividad en todo el país.
¿Cuál es el mejor ejemplo a seguir en la región? ¿Qué o a quiénes deberíamos tomar como referentes?
América Latina es una región heterogénea y más que hablar de países referentes, podemos encontrar ejemplos de buenas prácticas en distintas áreas. Una de las mejores políticas de inclusión es contar con una buena política de espectro; esto es, diseñada para maximizar la digitalización y la innovación.
En este sentido, la subasta 5G de Brasil es un caso de éxito a nivel global. Más del 90% de esa subasta fue fijada en obligaciones de cobertura para priorizar el despliegue por sobre la recaudación fiscal vía pagos de los operadores. Esta subasta se complementó con otras políticas, como la agilización de los trámites para la instalación de antenas.
Los resultados fueron contundentes: a poco más de uno año de la asignación del espectro, la cobertura de 5G en Brasil ya superaba el 45%. Panamá es otro ejemplo de país que optó por reducir los precios del espectro en más del 60% en 2022 y 2024 para priorizar el despliegue y la inclusión.
Promover incentivos para la expansión de estos modelos innovadores (como ‘Internet para todos’) con resultados comprobados es crucial para garantizar el acceso equitativo a la conectividad en todo el país.
¿A nivel tributos y normas legales?
En materia impositiva, Colombia implementó la eliminación del IVA a una gama de dispositivos smartphones para hacerlos más accesibles a la población de menores recursos. En Ecuador, en 2022, se eliminó el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) que gravaba con una tasa del 10% a los planes de telefonía individuales y del 15% a los planes para compañías.
La eliminación de estas cargas permite reducir la barrera de la asequibilidad para los usuarios finales, y bajar los costos operativos de las empresas, mejorando el entorno de negocios.
Mirar a la región también puede servir para evitar medidas desfavorables para la inclusión. Por ejemplo, hoy Perú está en las puertas de implementar la tercera fase del Renteseg (Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad), una iniciativa que apuesta por conformar una “lista blanca” de celulares adquiridos de forma legal para combatir el robo de estos dispositivos.
Esta medida fue adoptada por Colombia y luego eliminada por concluirse que no había contribuido al objetivo. Más aun, bloquear dispositivos no incluidos en una lista blanca tiende a afectar a los usuarios de más bajos recursos, más propensos a comprar inadvertidamente celulares falsificados por su menor costo. En este sentido, la medida puede tener un impacto negativo en la inclusión digital, además de no contribuir a reducir la problemática del robo de celulares
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