El Poder Ejecutivo podrá legislar, en un plazo de 90 días, sobre materias de reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional. Así lo aprobó el pleno del Congreso de la República el lunes 1 de julio, en segunda votación.
Como se recordará, el pedido de facultades se aprobó en primera votación el 15 de junio con 69 votos a favor, 32 en contra y 10 abstenciones. Hubo un pedido de exonerarlo de segunda votación que no alcanzó los votos necesarios y por eso se convocó a un pleno extraordinario esta semana, en donde se consiguió el voto favorable de 58 congresistas, 40 en contra y 16 abstenciones.
La medida otorga 66 de las 105 materias solicitadas, las cuales involucran a varios ministerios. Entre las facultades aprobadas se incluye poder promocionar proyectos bajo las modalidades de Asociaciones Público-Privadas (APP), y de servicios que utilicen tecnología 5G y la reducción de plazos de contratación de obras o servicios.
También se aprobó realizar cambios a la Ley del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el Impuesto a la Renta, así como la ley que regula la explotación de los juegos a distancia que se utilizan en el país, pero no tienen oficina local.
Específicamente en torno a la economía digital, el Ejecutivo podrá modificar la ley para simplificar los requisitos para inscribir el RUC de personas jurídicas no domiciliadas en el país y los entes jurídicos que tienen sus sedes en el extranjero. El objetivo es poder cobrarles los impuestos y con esto elevar la recaudación que realiza la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).
Diversos abogados del sector advirtieron, durante los meses que se debatió la propuesta, que esta medida tendrá que realizarse con cuidado para no afectar el funcionamiento de todos los mercados ligados a la economía digital o a más actores de los especificados, como las casas de apuestas o los proveedores de streaming (Netflix, Disney Plus, Prime, entre otros).
El Ejecutivo podrá modificar la ley para simplificar los requisitos para inscribir el RUC de personas jurídicas no domiciliadas en el país y los entes jurídicos que tienen sus sedes en el extranjero.
Erick Iriarte Ahon, CEO de eBIZ, advirtió que esta modificación de la ley implicará un alza en las tarifas de los servicios de streaming, dado que los proveedores trasladarán el impuesto a los consumidores, quienes se verán perjudicados. Además, será recaudado de forma indirecta a través de intermediarios financieros, quienes deberán diseñar la herramienta informática adecuada para hacer el cobro.
Se estima que el precio del servicio se verá incrementado en al menos 18%, es decir unos US$2 por proveedor de streaming, a lo que se suma el gasto por la implementación de la herramienta de cobro. Considerando que los usuarios suelen tener entre cuatro y tres suscripciones, el gasto mensual puede llegar a subir unos US$10.
«Esto podría llevar a escenarios como el establecimiento de tarifas arbitrarias, con lo que afecta no solo el bienestar de los consumidores, sino también los incentivos para seguir operando o invirtiendo al cerrar brechas con servicios de calidad”, señaló.
