Según el último estudio “Incidencia de la corrupción e inconducta funcional 2023”, elaborado por la Contraloría General de la República (CGR), un 12.7% del gasto efectuado a nivel nacional se perdió en corrupción en 2023. La provincia constitucional del Callao presentó una incidencia de 17.9% de su gasto efectuado, equivalente a S/ 1,227 millones. Le siguen Tumbes (17.5%, S/ 306 millones), Ucayali (16.5%, S/ 452 millones) y Piura (16.2%, S/1,501 millones). Es decir, por cada S/100 de gasto, más de S/16 se habrían desviado para la corrupción en estos departamentos.
Las actividades más afectadas fueron las inversiones en obras, con una incidencia de corrupción del 17.5%, que equivale a S/ 8,963 millones, seguido por la adquisición de bienes para el funcionamiento institucional (17.2%, S/ 8,836 millones), según datos de la CGR.
Una menor percepción de corrupción está correlacionada con un mayor desarrollo económico, según un informe del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Esto porque la corrupción genera pérdida de competitividad y eficiencia, a través de las distorsiones en implementación de políticas públicas, menor inversión en salud y educación, y un impacto negativo en las expectativas y la inversión del sector privado.
El BCRP sugiere que un mayor control de la corrupción incrementaría el crecimiento del PBI per cápita de largo plazo en 0.6 pp., al nivel de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Sanciones más severas
En el Perú, existen beneficios penitenciarios a los que pueden apelar los reclusos. No es diferente para quienes tengan condenas por actos corruptos, siempre y cuando su sentencia no implique la limitación de estos beneficios, los cuales tienen el fin de alentar la buena conducta y su sentido de responsabilidad, según un documento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH).
Singapur es uno de los cinco países con menor percepción de corrupción del mundo, según el Índice de Percepción de Corrupción 2023. La razón de la fortaleza de sus instituciones deriva de la dureza en las penas de cárcel para los culpables de corrupción que se establecieron desde mediados del siglo pasado.
Las actividades más afectadas fueron las inversiones en obras, con una incidencia de corrupción del 17.5%, que equivale a S/ 8,963 millones, seguido por la adquisición de bienes para el funcionamiento institucional (17.2%, S/ 8,836 millones), según datos de la CGR.
Fuente y elaboración: CGR – Subgerencia del Observatorio Anticorrupción.
Las condenas más altas se relacionaron con apropiación de dinero destinado a temas sociales como salud y educación. Además, se estableció que cada empleado público debía autorizar al Estado para revisar sus cuentas bancarias cuando este lo requiriese. Mientras que las penas por soborno se inician desde los 10 años y 100,000 dólares de multa.
Específicamente, en las sentencias, algunos países poseen condenas más deliberadas o severas. Yendo al extremo, en China, un exdirector general fue sentenciado a pena de muerte en mayo último, por actos de corrupción que involucraron sobornos por US$ 154 millones. En el país asiático esta pena se aplica para delitos de corrupción en gran magnitud.
Si bien no es el caso peruano, de acuerdo con nuestro marco legal y compromisos internacionales, sí creemos necesario optar por sentencias ejemplares que efectivamente desincentiven accionares corruptos. Que quede claro que cometer actos de corrupción merecerá un castigo firme y ejemplar.
Reproducido del original de ComexPerú con permiso del autor.
