En un comunicado publicado hoy 9 de abril, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) advierte que los Proyectos de Ley N.º 9136/2024-CR, 9240/2024-CR y 9656/2024-CR, que buscan castigar con cárcel a directores y gerentes de empresas de telecomunicaciones por la promoción, distribución, comercialización y contratación de servicios móviles en la vía pública – mal llamado venta ambulatoria de SIM cards- así como a cualquier peruano que active una línea móvil con errores en la información no detendrán las extorsiones y, peor aún, frenarán el acceso a servicios móviles e internet por parte de los peruanos —especialmente en las zonas alejadas— , por las siguientes razones que expone la asociación:
-
- No hay relación alguna entre las actividades que se propone penalizar y la extorsión o la comisión de otros delitos: Bajo el texto presentado equivocarse en registrar el nombre del cliente por una letra, promocionar productos con un cartel publicitario, realizar el proceso logístico de comercialización móvil o vender en un puesto en la vía pública autorizado por un municipio o una feria itinerante tendría como castigo la cárcel. Los textos no exigen que la actividad esté vinculada a la comisión de un delito ni que exista dolo en el accionar. El presidente del INPE señala que menos del 1% de las extorsiones en las cárceles se hacen con teléfonos móviles.
-
- Tecnología e informalidad descontrolada: Los criminales ya usan otras vías más difíciles de rastrear, como llamadas por internet desde otros países con numeración alterada, líneas móviles en roaming, redes informales de fibra óptica sin regulación o la reventa ilegal de internet usando antenas WiFi para conectar incluso a las cárceles. Penalizar a los directivos o al vendedor o comprador que adquirió un chip a unos metros del punto de venta no resolverá esto.
-
- Riesgo para la industria y la conectividad: La medida ahuyentará la inversión, afectará la estabilidad del sector y retrasará la llegada de internet a los 3 millones de peruanos que aún no tienen acceso. Además, frenará la implementación de nuevas tecnologías como el 5G. Es injusto responsabilizar a las empresas móviles cuando son las que han llevado conectividad a los lugares más alejados del país, alcanzando más de 42 millones de líneas móviles activas.
-
- No hay respaldo internacional: México, Argentina y Chile no tienen leyes que castiguen penalmente a los directivos por ventas ambulatorias. En estos países, las sanciones son administrativas y los esfuerzos se centran en mejorar los controles, no en criminalizar a quienes lideran el sector.
