Rafael Muente Schwarz, abogado, fue elegido presidente del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) por primera vez en 2017. Su mandato acabó en 2022 y fue reelegido vía concurso público por cinco años más. Pero ha visto interrumpida su labor por un año (hasta setiembre del 2025) debido a que ha recibido una sanción disciplinaria por la forma en que se inscribió a un curso.
Contraloría ha emitido un informe en el que dice que no se han infringido normas al elegir la citada capacitación. No obstante, igual fue suspendido. Ante ello, asumió la presidencia como encargado el vicepresidente, Jesús Guillén. Pero, a los pocos días, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) nombró a otra persona en el cargo.
Para entender bien lo sucedido, empecemos por conocer cómo funcionaba el sistema de sucesión en una situación ordinaria ¿Cómo era antes de su mandato, en 2017 o 2016, por ejemplo? Según recuerdo, si el concurso no encontraba ningún candidato que cumpliera con todos los requisitos y se volvía a convocar un nuevo concurso, quedaba a cargo el vicepresidente…
Sí, claro, ese fue mi caso en 2017: El concurso se declaró desierto. Entonces, durante ese periodo de nueva convocatoria, asumió como encargado de la presidencia el vicepresidente. Así asume Manuel Cipriano la presidencia de Osiptel y es con él con quien realizó la transferencia del cargo cuando fue elegido. Esa ha sido siempre la norma y no tendría por qué modificarse.
¿Todos los miembros del directorio han sido elegidos siempre por concurso en base a méritos, igual que el presidente?
Siempre. Para empezar, una entidad no puede quedarse sin una autoridad al mando si el presidente viaja al exterior o tiene un descanso médico, por ejemplo. Por eso, el consejo directivo se reúne y nombra un vicepresidente. El vicepresidente era Jesús Villanueva. Dada mi suspensión, el consejo directivo se reunió y eligió a Jesús Guillén como vicepresidente. De los cuatro que quedaban en el consejo directivo, él todavía tiene su mandato vigente y no podía ser removido, por eso lo eligieron.
¿Los otros miembros tenían un mandato vencido?
Sí. ¿Cuándo comienza esta situación? En Ositran (Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público) en 2022 se declara desierto el concurso. Tenían el problema de no contar con miembros del consejo directivo porque se habían vencido los mandatos. Entonces el Gobierno hace algo insólito: mientras no se genere un reemplazo, disponen que sigan en función.
Cuando el directorio no está completo no hay el voto disidente. Por eso hace años se decía que era importante tener directorios completos… ¿Eso justificaría la norma que sacaron?
No. No hay justificación en absoluto. El problema es cuando no tienes quórum, al menos tres miembros, porque no se pueden reunir. La norma dice que, en caso de emergencia, si el directorio no se puede reunir, el presidente puede tomar decisiones por sí mismo. Es lo que venía pasando en Ositran. Pero siempre hubo una preocupación en nombrar los miembros del consejo directivo. Esto comenzará a quebrarse en 2022. Ahí sale la norma: que sigan en su mandato.
El ejecutivo se lava las manos de la responsabilidad de escoger un miembro del consejo directivo. Esto es un pésimo precedente. Los propios miembros tienen ya en muchos casos planificada su salida y obviamente pueden renunciar porque quedan paralizados de ejercer como profesionales en el sector el cual han estado regulando.
¿Qué pasó ahora?
El Ejecutivo ha planificado claramente cómo capturar al Osiptel porque ha sido el regulador más incómodo. Primero, entró en una controversia y un conflicto muy grande con las empresas operadoras. Está el tema de la venta ambulatoria de chips. Las empresas denunciaron al Osiptel ante Indecopi por supuestas barreras burocráticas. No les dieron la razón. Ellas siguieron vendiendo. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se quedó callado en todos los idiomas y no se pronunció sobre la venta ambulatoria.
«[E]s evidente que hay un interés en tener control sobre el regulador, que es autónomo. Hay una lógica absurda de pensar que la libre competencia implica que ya no se necesita un regulador o un defensor del consumidor».
¿Considera que es solo un tema de los chips o pueden haber influido otros intereses, como por ejemplo la necesidad de tener a alguien a favor de decisiones que se tomen a futuro en relación con la red dorsal o el otorgamiento de espectro para 5G? Son temas que se tratarán el próximo año…
Hay una serie de antecedentes en relación con el tema de los chips. Pero claro, es evidente que hay un interés en tener control sobre el regulador, que es autónomo. Hay una lógica absurda de pensar que la libre competencia implica que ya no se necesita un regulador o un defensor del consumidor.
Ustedes tienen el respaldo de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), que ha resaltado los progresos de mejora en Osiptel y remarcado su necesidad de ser independientes.
Ningún otro regulador ha tenido mayor compromiso que Osiptel. Es el primero que ha sido evaluado por la OCDE. Fue el primero en solicitar ser evaluado nuevamente. Por eso pedimos la segunda evaluación, para ver qué progresos teníamos. Además, nos invitaban a viajes de trabajo y reuniones con otros reguladores para contar la experiencia en torno a la venta ambulatoria de chips. Pero pedimos autorización de viaje y no la daban. A otros reguladores si les daban permiso. Había un maltrato de la PCM y Otárola hacia Osiptel.
¿Vendría a ser como un hostigamiento laboral?
Claro que sí. Pero esto es institucional. Envié cinco oficios pidiendo una reunión con Otárola y nunca accedió. Ese fue el inicio. Adrianzén siguió la misma política y el mismo trato. Con él tenemos además una enemistad antigua forjada en un trabajo anterior, en 2005. Un grupo de consultores en el que fui nombrado coordinador general y afectó el liderazgo que antes tenía él en dicho grupo.
¿Cuándo exactamente empieza el problema de su salida?
Empieza a los pocos días de que, gracias a nuestros esfuerzos, el Congreso dicta la ley que prohíbe la venta ambulatoria en las calles. Ante el desacato de las empresas a la disposición de no vender chips en las calles, fuimos al Congreso y logramos que aprobaran esta norma. Además, casi triplicaron la capacidad de sanción del Osiptel. Promulgada la norma en el Ejecutivo, a los pocos días, se inicia este procedimiento de sanción contra mí por un supuesto correo anónimo que denunciaba irregularidades en esta capacitación.
«Un año sin sueldo y sin poder trabajar en el sector privado. Es casi una destrucción de la persona lo que están haciendo. Ojo, yo sigo siendo presidente, pero privado de ejercer el cargo. No soy un expresidente».
¿Cómo son las elecciones de capacitación de los presidentes de los reguladores normalmente?
Depende de cada entidad. En Osiptel hay un comité interno que evalúa y decide. Yo seguí el trámite. Lo único que hice fue enviar un memorándum para pedir participar en el programa del PAD. Yo estaba comenzando mi segundo periodo. Era algo recomendable para mi cargo. No era el único funcionario público ahí. Había muchos altos mandos de las fuerzas armadas en el curso. Y solo a mí me han cuestionado.
Pero a usted lo cuestionan por autorizarse a sí mismo el curso…
Es lo que decían. Pero eso jamás ocurrió. No alcé el teléfono para hablar con alguien y pedir la capacitación. Hice el procedimiento regular. No hay una sola prueba de que yo me autoricé el curso o tomé decisiones sobre mí mismo. El comité lo autorizó.
¿Ha recibido otras capacitaciones antes?
Sí. Anteriormente recibí, junto con otros miembros del Osiptel, el programa PADE de administración internacional de la Universidad ESAN. Nadie lo cuestionó. Tampoco hubo ningún tema de rechazo o cuestionamientos. Esto ha sido armado. Se filtra a la prensa que hice tres infracciones. Reproducen documento de investigación disciplinaria. Pero no salió la nota informativa de la Oficina de Control Institucional de la Contraloría que establecía que no hubo nada irregular.
¿De qué lo acusaron en específico?
Me acusaron de tres temas. Primero, direccionar la contratación de la capacitación. Lo desarrollaron a través de una serie de supuestos. No de pruebas. La segunda, fue descartada después, es que [PAD] hace una entrevista a modo de testimonial a algunos de los participantes que recibieron el Programa. De eso dijeron que rompí mi deber de neutralidad. Pero no estoy recomendando a un operador de telecomunicaciones, estoy hablando de un curso. Esta acusación, al final la consideran infundada. Y la tercera es el viaje. El curso comprendía de manera opcional una semana de clases en Barcelona. Osiptel había contratado esa semana. Yo tomé vacaciones y asistí a ese curso.
¿Usted pagó el pasaje?
Yo lo pague. No recibí viáticos tampoco. Estaba de vacaciones. El pago del curso sí incluía el hotel y el desayuno. Sin embargo, la PCM me acusa de no solicitar un permiso para salir del país. Pero no era un viaje como autoridad oficial. No había porqué pedir permiso. Están jalando de los cabellos para decir que cómo iba a un curso debía pedir permiso.
¿Eso es una razón para destituirlo?
Inicialmente piden mi destitución. Pero como se bajan una acusación, la recomendación final que le dan al premier es suspensión por un año sin goce de haber ¿Qué puede ser más grave que una persona de un día a otro lo dejen sin sueldo por un año?
Me imagino que el reglamento indica cuándo se puede destituir y cuándo suspender…
Lo que existe en la ley es que la destitución solamente es por falta grave. Esta no es una situación tipificada como falta grave. Entonces seguramente dijeron «planteemos una suspensión». Incluso, aun cuando niego totalmente algún tipo de responsabilidad, hay una enorme desproporción entre la supuesta infracción y la sanción que se impone.
Un año sin sueldo y sin poder trabajar en el sector privado del sector. Es casi una destrucción de la persona lo que están haciendo. Ojo, yo sigo siendo presidente, pero privado de ejercer el cargo. No soy un expresidente.
