De acuerdo con el reporte La economía móvil en América Latina 2024 que elaboraron los analistas de la asociación GSMA, más de 418 millones de latinoamericanos ya están conectados a internet móvil, lo que representa al 65% de la población de la región. El 7% (45 millones) no utiliza el servicio porque no llega a su localidad y un 28% (181 millones) tienen cobertura, pero no acceden a los servicios. En el Perú esa última cifra, conocida como brecha de uso, llega al 40% de la población.
Según explicaron desde GSMA, las barreras que impiden a estas personas conectarse a internet móvil no tiene que ver con la oferta de servicios, sino con la demanda. Esto se debe a que no pueden pagarlos (accesibilidad) o no saben cómo usar los dispositivos móviles. No solo se trata de poder pagar la tarifa propia del servicio, sino del precio del equipo. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) el costo total de la propiedad móvil (TCMO, en inglés) no debería superar el 2% del nivel de ingresos mensual del usuario. Eso, en gran parte de la población, no es viable por problemas estructurales como la pobreza y la inequidad.
Es necesario, acotaron, que se produzca contenido local relevante en el idioma de la comunidad (quechua, aimara, etc.) que motive el deseo de usar el smartphone, pero además es necesaria una alfabetización digital en el potencial usuario. Aclararon que en algunos casos se debe empezar por habilidades ligadas a la lectoescritura antes de explicar cómo navegar por Internet y qué herramientas de seguridad y protección de la información personal adoptar.
Una forma para reducir la brecha de asequibilidad sin financiamiento público directo o subvenciones es mediante reformas tributarias en las zonas de interés, según GSMA. Si el sueldo mínimo es S/ 1,000, el 2% son S/ 20 y se supone que eso debería bastar para pagar la cuota del smartphone y la navegación, lo cual en la actualidad es inviable, porque el plan pospago más básico está en S/ 30 y un equipo de gama de entrada cuesta S/ 370. «La reducción o eliminación de tributos, así como una potencial reducción del IVA [IGV en Perú] a servicios móviles para usuarios vulnerables, es esencial para sumar a más latinoamericanos a los beneficios de internet móvil», sostuvieron.
También recomendaron revisar las tasas u obligaciones tributarias que asumen los operadores, para aligerar sus costos. En este grupo está el aporte a los Fondos de Servicio Universal (FSU), una herramienta de política pública de inclusión altamente elegida en la región, pero escasamente exitosa, según GSMA Intelligense. En el Perú el citado fondo se llama Fitel (Fondo de Inversión en Telecomunicaciones), existe desde 1993, está compuesto por el 1% de la facturación anual de cada operador y es recaudado por Pronatel, entidad que maneja los proyectos orientados a reducir la brecha digital desde 2019.
«Al margen de apartar recursos de los operadores, se estima que más del 40% de los fondos no han sido ejecutados. Además, no existen evaluaciones sólidas sobre cuántas personas adicionales se han conectado a partir de los programas en la mayoría de los países donde están implementados. Por otro lado, la base de contribución de estos fondos continúa siendo exclusivamente telco, cuando, a partir de la expansión de internet, existen hoy muchos otros actores que generan ingresos por la conectividad y se benefician de ella», señalaron.
La economía móvil en América Latina 2024 (pág. 43) | Fuente: GSMA
El debate en torno al “Fair Share”
La articulación público-privada para escalar y potenciar proyectos es clave para lograr resultados sustanciales, sostuvieron los analistas de GSMA. El desarrollo digital exige que unan fuerzas: unos montando infraestructura y los otros dictando políticas públicas que promuevan tales inversiones. En el último año, algunos Gobiernos latinoamericanos han tomado medidas positivas, pero la falta de asignación de espectro sigue siendo un obstáculo para lograr una mayor conectividad en gran parte de la región.
Además, comentaron, es necesario que se trabaje activamente en lograr un uso eficiente, responsable y justo de la infraestructura de telecomunicaciones, también conocida como Fair Share. La noción plantea que todos los participantes del ecosistema digital puedan contribuir con los costos del despliegue de infraestructura digital de manera equitativa y proporcional a los beneficios obtenidos por el uso de las redes. Las plataformas que generan gran cantidad de tráfico, como Meta o Alphabet, pueden ser parte de la solución contribuyendo en el sustento del despliegue de red.
A inicios de año, a través de la GSMA, los operadores de toda la región emitieron una posición de industria en la que solicitaron a los Gobiernos la consideración de estos esquemas. Brasil fue el primero en iniciar el debate con una consulta pública. En Perú Osiptel ha hecho una consulta pública sobre el rol de los operadores que brindan contenido sobre red (OTT), como por ejemplo Netflix. En Colombia ya hay una consulta pública y se tiene el tema en agenda. «Tales debates son cruciales para el crecimiento de internet y el futuro digital de la región», acotaron desde GSMA.
