Manuel Cipriano es un abogado experto en regulación con más de 20 años de experiencia en el sector. Ha sido vicepresidente del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) y asumió de forma temporal (presidente encargado) la dirección del ente regulador en el 2017. Aquí nos brinda su balance sobre los avances y trabas normativas experimentadas durante el primer semestre del 2024.
¿Qué opina sobre la labor del regulador (Osiptel) en esta primera mitad del año?
En el caso de Osiptel, podemos decir que el sector ha tenido como nota más resaltante en el primer semestre del año, el tema del bloqueo telefónico móvil como medida para evitar los robos o sustracciones, lo cual generó muchas críticas y cuestionamientos.
Sin embargo, conforme a los recientes anuncios, se habría llegado a una solución más adecuada, por lo que se suspendió la medida del bloqueo y se comenzará a trabajar en una nueva propuesta normativa más razonable y en la línea de no perjudicar a los usuarios de los servicios, lo cual resulta sumamente positivo.
¿Qué medidas dictadas por el Ejecutivo y el Congreso han sido positivas para el ecosistema?
En mi opinión, no considero acertada la medida dictada por el Gobierno del Decreto Legislativo N° 1338 del 2017 que creó el RENTESEG y ordenaba a las operadoras bloquear los teléfonos cuando los equipos no estuvieran registrados en las listas blancas o estuvieran en las listas negras, para evitar, supuestamente, con los robos, sustracciones y el comercio ilegal de los equipos.
No obstante, me ha parecido muy acertada la medida anunciada el pasado 14 de julio, por parte del Ministerio del Interior (Mininter) y del Osiptel, de suspender el referido bloqueo, junto con el anuncio de que se va a trabajar con un grupo multisectorial una nueva propuesta normativa para optimizar la del 2017. Esperemos que la nueva normativa sea más razonable y evite cualquier riesgo o perjuicio especialmente para los usuarios de los servicios de telecomunicaciones.
Por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), tenemos el Decreto Supremo N° 001-2024-MTC y la Resolución Ministerial N° 033-2024-MTC/01.03 referido al canon por cobertura y que permite utilizar de manera más eficiente este recurso para reducir la brecha digital, así como incentivar la expansión de infraestructura.
«(N)o considero acertada la medida dictada por el Gobierno del Decreto Legislativo N° 1338 del 2017 que creó el RENTESEG y ordenaba a las operadoras bloquear los teléfonos cuando los equipos no estuvieran registrados en las listas blancas o estuvieran en las listas negras, para evitar, supuestamente, con los robos, sustracciones y el comercio ilegal».
Esta política es sumamente importante y se ha convertido en todo un modelo y ejemplo de cómo el trabajo entre el Estado y las empresas privadas puede tener efectos más positivos cuando se hace de manera coordinada y se aprovechan las sinergias de cada uno para resolver el mismo problema, como es llevar las comunicaciones a los lugares más apartados del país.
Por último, respecto al Congreso, debemos criticar la decisión de aprobar un proyecto de ley (PL 2844/2022-CR) referido a obligar a los canales de televisión por cable a incluir en su parrilla a los canales de televisión abierta, al ser ilegal y anti técnico, pues podría terminar desapareciendo el negocio de la televisión por cable en el país al generar mayores costos de infraestructura para los operadores, afectando, incluso, a los mismos usuarios que tendríamos que pagar aún más por dicho servicio.
¿Cómo ve que ha ido la labor ligada a la reducción de la brecha digital en lo que va del año?
Sin duda los recientes anuncios de parte del MTC han sido bastante positivos en el camino para reducir la brecha digital, al focalizarse en localidades muy aisladas y dando mayor libertad para que las empresas operadoras puedan utilizar cualquier tipo de tecnología con el fin de llegar con internet móvil a esas localidades, a través de modelos de red más accesibles y energía eléctrica sustentable.
«(D)ebiera seguirse trabajando en modelos como el de Internet para Todos (IpT), que nos ha demostrado que, a través de una iniciativa del sector privado, en pocos años se ha logrado brindar internet a más de 3,6 millones de personas en el país, sin que el Estado haya tenido que contribuir económicamente«.
Considero que se debe seguir apostando por modelos como el de canon por cobertura, apuntando a otros ingresos que se tienen en el sector como el de la tasa de explotación comercial del servicio a fin de darle un mayor aprovechamiento. Asimismo, la regulación también debería orientarse hacia un esquema de smart regulation, como se viene aplicando en otros países, especialmente en el ámbito sancionador, donde se busca a través de mecanismos de incentivo, el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones en todo el país.
De igual modo, debiera seguirse trabajando en modelos como el de Internet para Todos (IpT), que nos ha demostrado que, a través de una iniciativa del sector privado, en pocos años se ha logrado brindar internet a más de 3,6 millones de personas en el país, sin que el Estado haya tenido que contribuir económicamente. Ese modelo se debería facilitar y apoyar para que más operadores lo desarrollen en todo el país.
¿Qué opina sobre el proceso de restructuración del MTC y su intención de unir los programas de transportes y comunicaciones en uno solo? ¿Favorece o desfavorece al Pronatel?
Sería interesante conocer la base o el sustento de dicha medida, pues si bien el ahorro o la reducción de los gastos por parte del Estado es importante, en este caso hay que analizar si resulta siendo lo más conveniente para el sector, donde se necesita una atención más especializada y rápida por el cambio constante y acelerado de las tecnologías. Asimismo, lo primordial para tener en cuenta es el objetivo de reducir la brecha digital, no el mantener o crear nuevos organismos, salvo que sean sumamente necesarios.
¿Qué debería pasar ahora con Pronatel, la Red Dorsal y las redes regionales?
En este punto considero que el objetivo principal del MTC debería ser el trasladar la operación y mantenimiento de la Red Dorsal a un operador privado, pues esa situación no debería mantenerse por más tiempo. En el caso de las redes regionales deberían entrar a un proceso de evaluación conjunta con la dorsal y proceder a realizar los cambios normativos necesarios para que un privado sea el que se encargue de la gestión y operación de esas redes, dado que ya sabemos que esa red no está siendo óptima en ningún sentido.
En cuanto a Pronatel, que ha asumido algunas funciones del MTC y del Osiptel para atender una situación temporal [se resolvió el contrato con Azteca], debería luego evaluarse la necesidad de su permanencia o que las funciones que ha tomado retornen a las instituciones anteriormente mencionadas.
¿Qué espera se dé en el ámbito legal para lo que resta del año en torno al objetivo de continuar reduciendo la brecha digital?
Sin duda en materia legal se espera la implementación de las medidas regulatorias anunciadas y no perder el enfoque, que es la reducción de la brecha digital. En igual sentido, también deberían dictarse las medidas para realizar a la brevedad el concurso público para licitar las bandas móviles e implementar los servicios de 5G, pues mientras más se demore continuamos rezagándonos en comparación con otros países y teniendo aún inconvenientes en la calidad del servicio, cuyo uso se profundiza por el uso más frecuente de las redes móviles en los múltiples servicios que tenemos hoy en día.
