El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) dispuso en abril de 2024 el inicio de la tercera fase de su plan para reducir el robo y comercialización ilegal de equipos. En esta etapa se incluyó el bloqueo de los dispositivos móviles que no hayan sido previamente registrados en una «lista blanca». Se estableció como plazo para adecuarse a la norma hasta el 22 de julio. A partir de dicha fecha iban a quedar inutilizados.
El domingo 14 de julio el regulador cambio la disposición y dispuso que por ahora se suspendía el bloqueo de celulares que no estén en la «lista blanca». Según comunicaron a la opinión pública, el Ministerio del Interior conformará un grupo de trabajo multisectorial para evaluar una mejor manera de implementar la medida, dado que podía tener un impacto serio en los consumidores.
Hasta la segunda etapa del plan solo se bloqueaban los teléfonos inscritos en la “lista negra”, aquella compuesta por los celulares reportados como robados. En cambio, en la «lista blanca» estarán solo los equipos importados que han sido registrados ante el Osiptel. Los que no hayan sido registrados serán apagados.
La Sociedad de Comercio Exterior del Perú – ComexPerú emitió la semana pasada un comunicado alertando los inconvenientes que podía generar la medida. Teniendo en cuenta que el Osiptel reportó que entre abril y junio había 1,1 millones de equipos no registrados en la «lista blanca», estimaron que se llegarían a bloquear hasta unos ocho millones de dispositivos en un año, afectando de inmediato al 3,2% de la población.
Además, remarcaron desde Comex, el bloqueo de estos móviles podría tener repercusiones económicas. No solo perderán los usuarios por lo menos un día de trabajo por el tiempo que tomará el bloqueo de equipos y el consiguiente tramite de adquirir otro, sino que tendrán que asumir el gasto en un nuevo dispositivo. Los analistas de diversas consultoras citados por el diario Gestión calcularon que el gasto de los usuarios podría ascender a US$75 millones.
Parte del problema es que el usuario ya ha comprado de buena fe un teléfono en una tienda, pero no sabe si ésta ha sido registrada ante el regulador de las telecomunicaciones, que no es supervisor de los comerciantes de equipos, solo de los operadores móviles. Si un teléfono se bloquea por no estar registrado el usuario podrá reclamar al vendedor o al Indecopi, pero igual quedará inutilizado. También se perjudicaría al turista que ingresa un teléfono y le pone un chip local, porque el equipo no estaría registrado.
El domingo 14 de julio el regulador cambio la disposición y dispuso que por ahora se suspendía el bloqueo de celulares que no estén en la «lista blanca».
Otras experiencias no fueron favorables
Según la experiencia internacional de GSMA, asociación global de la industria móvil, está comprobado que este tipo de herramientas no son efectivas para reducir los hurtos y robos de dispositivos. Suman obligaciones y preocupaciones a los usuarios y funcionan como barreras a la adopción de servicios por parte de nuevos consumidores, acotaron.
La medida genera la expectativa de combatir el robo de celulares, añade GSMA, sin embargo, en la práctica, el bloqueo no elimina los incentivos para el robo dado que persiste la posibilidad de desarmar y vender las partes en el mercado negro.
En Colombia, citaron como ejemplo, la «lista blanca» fue eliminada luego de que un análisis de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) concluyera que su implementación no había influido sobre los índices del delito. El estudio demostró que el impacto real no justificaba los costos monetarios y burocráticos de la operación.
Parte del problema es que el usuario ya ha comprado de buena fe un teléfono en una tienda, pero no sabe si ésta ha sido registrada ante el regulador de las telecomunicaciones, que no es supervisor de los comerciantes de equipos, solo de los operadores móviles.
En México, añadieron, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) impidió la implementación de una «lista blanca» por considerar que el bloqueo violaba los derechos del consumidor. Y en Ecuador, durante la pandemia se resolvió detener los bloqueos por considerarlos una barrera para el uso de servicios.
La implementación de una «lista blanca» complica la experiencia del usuario al imponerle trámites presenciales para comprar/vender celulares usados y afectan en mucho mayor proporción a los ciudadanos que viven lejos de centros urbanos, para quienes un bloqueo automático puede significar varios días sin servicio móvil, remarcaron desde GSMA.
Según Osiptel, la medida reduciría en un 30% la compra de celulares robados y el 90% de los usuarios encuestados respaldan esta iniciativa, considerando oportuno establecer este tipo de registro. No obstante, los gremios como Afin, Comex y GSMA pidieron revisar la norma y modificarla, lo cual se confía suceda como fruto de la referida mesa de trabajo recientemente anunciada.
