La Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) favorece el intercambio de conocimiento y de buenas prácticas en toda la región, además de contribuir con estudios y análisis técnicos al diseño de políticas públicas que permitan revertir la brecha de uso y demanda existente en el continente.
El camino, refiere Maryleana Méndez Jiménez, secretaria general de ASIET, es diseñar agendas digitales y ejecutarlas desde el nivel más alto del Gobierno, incluyendo políticas públicas congruentes con los objetivos de expansión de la conectividad.
¿Por qué es tan importante incrementar las labores de alfabetización digital?
Las labores de alfabetización digital son fundamentales porque permiten que las personas, negocios y estados puedan hacer un uso provechoso de las telecomunicaciones y la conectividad. Esto significa que, no solo accedan a conectarse, sino que les sirva para mejorar su calidad de vida, optimizar sus operaciones y mejorar los tiempos de respuesta, entre muchas otras alternativas.
Del mismo modo, la formación de capacidades en materia de alfabetización digital y en materia de tendencias pueden empoderar a los miembros del Estado para que desarrollen normativas más relevantes, efectivas y adaptadas a los desafíos y oportunidades de la era digital.
Estar conectados hoy es un derecho que habilita acceder a mejores posibilidades educativas, de salud, de trabajo y mucho más. Asegurar una digitalización inclusiva es la única forma de promover el cierre de la brecha digital en América Latina.
¿Cuál es la mejor manera de lograr esa conectividad real, en su opinión?
Es esencial promover la incorporación de niñas y jóvenes en las llamadas carreras STEM [carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas], tanto para apoyar su desarrollo personal y profesional, como para mejorar los resultados de los desarrollos tecnológicos y ampliar la diversidad en las empresas del sector.
Según datos de GSMA, 190 millones de personas viven en zonas cubiertas por internet móvil, pero no acceden a Internet. Esto quiere decir que la infraestructura de telecomunicaciones está desarrollándose, pero muchas personas no pueden o eligen no conectarse. Este problema de brecha de uso y demanda debe ser abordado para que las personas puedan ver el valor de la conectividad.
La manera de lograrlo es con agendas digitales ejecutadas desde el nivel más alto del Ejecutivo de acuerdo a políticas públicas congruentes con los objetivos de expansión de la conectividad. La ejecución exitosa de las agendas digitales requiere de la colaboración y diálogo entre el sector público y privado. También se necesita tomar medidas de mejora regulatoria que puedan optimizar normativas obsoletas que fueron dictadas en un entorno digital diferente.
«Estar conectados hoy es un derecho que habilita acceder a mejores posibilidades educativas, de salud, de trabajo y mucho más. Asegurar una digitalización inclusiva es la única forma de promover el cierre de la brecha digital en América Latina».
¿Cómo se resuelve el problema de deficiente infraestructura de cara a la reducción de la brecha digital? ¿Qué avances han visto en el último año?
Si bien ha habido importantes avances en materia de despliegue de infraestructura, en gran parte de los territorios aún persisten zonas o centros poblados que no se han visto beneficiados con el acceso efectivo a la conectividad. Por otro lado, se presentan casos en donde sí existe conectividad, pero los usuarios no encuentran valor o no acceden a ella por cuestiones de asequibilidad.
En ambos casos resulta fundamental la interacción efectiva entre el sector público y privado, con alternativas como la implementación de proyectos con metodologías y regímenes especiales habilitadores sustitutorios o compensatorios de obligaciones de cobertura de espectro radioeléctrico y que faculten a los operadores de telecomunicaciones a desplegar proyectos de infraestructura sostenibles en el tiempo y en beneficio de las zonas rurales más necesitadas. A esto debe acompañarse un uso eficiente de los Fondos de Servicio Universal.
¿Qué buenas prácticas se pueden poner como ejemplo a seguir?
Existen en el Perú proyectos y alternativas que promueven el cierre de la brecha digital, como Internet para todos (IPT), una iniciativa colaborativa que surge en 2019 entre el BID Invest (Corporación Interamericana de Inversiones), CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), Telefónica y Meta. Se trata de una empresa de infraestructura móvil rural, entendiendo que el acceso a Internet es un habilitador para el desarrollo y la transformación de la vida de las personas.
Esta iniciativa ya conectó a más de 3 millones de personas. Dicho esto, debemos saludar las recientes iniciativas emitidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Perú que tienen como objetivo la simplificación de obligaciones para los operadores con la finalidad de que estos puedan desplegar recursos en proyectos de expansión de conectividad en beneficio de todos los peruanos y peruanas.
«Si bien ha habido importantes avances en materia de despliegue de infraestructura, en gran parte de los territorios aún persisten zonas o centros poblados que no se han visto beneficiados con el acceso efectivo a la conectividad».
¿Qué debería hacer el Estado y el sector privado para lograr ambos objetivos – más cobertura y más uso de Internet? ¿Qué no se debería hacer?
La extensión y densidad poblacional son un desafío para lograr los objetivos de extensión de cobertura, particularmente en zonas remotas, rurales e incluso en zonas periféricas de las grandes ciudades. Se requiere un abordaje innovador en materia de incentivos y soluciones para el despliegue. Algunas medidas recomendadas son:
- Revisión integral del marco regulatorio con objeto de desregular y flexibilizar, o eliminar normas obsoletas.
- La política pública digital debe ser un habilitador del despliegue y acceso a la conectividad, no un obstáculo, con incentivos para la adquisición de dispositivos y el acceso a servicios en zona con cobertura, e incentivos al despliegue en zonas alejadas.
- Mejora de las condiciones de acceso y uso del espectro radioeléctrico. Evitar un foco recaudatorio, extensión de las licencias, condiciones de renovación que den certidumbre.
- Establecer metodologías de implementación de proyectos de cierre de brecha que sean transparentes y bajo regímenes especiales para lograr cumplir los objetivos de cierre de brecha.
- Promover el diálogo público-privado de manera constante y temprana.
- Actualización fiscal, resultado de que el sector telecomunicaciones en América Latina tiene un 51% de carga impositiva más que otros sectores de la economía.
- Incentivos al despliegue de infraestructura y protección ante el vandalismo. Es urgente evitar retrasos, reducir los trámites y uniformar criterios de costos para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones en los municipios.
- Mejorar uso de fondos públicos (FSU y fondos desarrollo) con complementariedad de inversión pública.
El cierre de la brecha digital existente requiere que los marcos normativos y fiscales tomen en consideración los nuevos desafíos que enfrenta la industria de telecomunicaciones, tales como bajos ingresos, escasez en la puesta de disposición de espectro a precios asequibles, altas cargas fiscales y el impacto que tienen en el ecosistema nuevos actores con altos tráficos de datos que no contribuyen al desarrollo de infraestructura.
Las políticas públicas tienen el desafío de acompañar los tiempos del mercado y el cambio de hábito de los usuarios, que exige a las empresas ofrecer servicios de telecomunicaciones y ofertas para cubrir las necesidades de los usuarios.
¿Cuáles son o debieran ser las prioridades en términos de políticas para reducir la brecha?
En líneas generales, vemos de mucho valor la mejora regulatoria transversal con incorporación temprana de todos los sectores para alcanzar metas de conectividad y uso productivo de los países más desarrollados y asegurar que la transformación digital sea efectiva e inclusiva. El sector de las telecomunicaciones provee la conectividad que es fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas y es el habilitante de la digitalización y desarrollo de todos los sectores de la economía.
Para los gobiernos y para el sector privado es una prioridad conectar a los desconectados y mejorar la conectividad de los ya conectados, pero ello se logra con la participación activa de todos los actores, un análisis del impacto normativo de cara a eliminar la sobrerregulación (tales como las trabas de los gobiernos locales al despliegue de infraestructura) y así también una revisión del sistema de renovación de concesiones y de los costos de las licencias de espectro.
Con el paso del tiempo se vuelven cada vez más imperante la conectividad para ser competitivos…
Las políticas públicas tienen el desafío de acompañar los tiempos del mercado y el cambio de hábito de los usuarios, que exige a las empresas ofrecer servicios de telecomunicaciones y ofertas para cubrir las necesidades de los usuarios. Aquí es clave entender que la sostenibilidad financiera de la industria telco es central para asegurar la continuidad de los servicios.
Por tal motivo, desde el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanzaron un informe titulado “Brecha de conectividad y necesidades de inversión en América Latina y el Caribe: una perspectiva económico financiera”, que aborda aspectos fundamentales para la toma de decisiones de política pública y regulatoria para el desarrollo de las telecomunicaciones, el impulso de la inversión para el cierre de brechas de conectividad, así como recomendaciones para el mejoramiento de los modelos de inversión y financiamiento de despliegue de redes en América Latina y el Caribe.
En el caso del Perú, para que el país alcance metas de conectividad al nivel de los países más desarrollados, existe un gap de inversión del 13% que la industria debe enfrentar con un bajo margen de EBITDA, según el mencionado estudio.
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