Para Manuel Cipriano, abogado especializado en regulación que asumió la presidencia interina del Osiptel en el 2017, el Congreso ha promulgado varias normas positivas para el sector telecomunicaciones. Sin embargo, lamenta que no se haya resuelto aún la gran problemática que genera la subutilización de la Red Dorsal.
¿Qué opina sobre la labor del Congreso y sus proyectos relativos a las telecomunicaciones y la reducción de la brecha digital en el 2023?
El balance de este 2023 es positivo en la labor del Congreso en telecomunicaciones porque se han emitido normas importantes para reducir la brecha digital.
¿Qué medidas dictadas por el Estado han sido positivas?
Como medidas positivas podemos destacar la Ley N° 31878, Ley que modifica la Constitución Política y declara el acceso al internet libre en todo el país, especialmente en las zonas rurales. Sin duda es un gran avance y plasma una política fundamental en el país incentivando las inversiones en este servicio y manteniendo el respeto a la libertad de expresión por este medio, como una de las garantías de la libertad de todo ciudadano que vivimos en democracia.
De igual modo debemos destacar la Ley N° 31809, Ley para el Fomento de un Perú Conectado, que define importantes objetivos y medidas en la regulación a fin de lograr el desarrollo de redes de nueva generación para comunicaciones fijas y móviles.
También se destaca la Ley N° 31814, que promueve el uso de la Inteligencia Artificial (IA), una medida muy acertada y que reconoce a la IA como una tecnología muy importante en el mundo actual. Por ese motivo debemos saber aprovechar sus ventajas en un marco de respeto a los derechos humanos que podrían verse afectados por el uso indebido que se puede hacer de ella.
¿Y qué medidas consideraría negativas?
En el aspecto negativo, y no me refiero a toda la norma, pero sí a algunos aspectos de la misma, es la referida a la Ley 31839 sobre el registro de terminales móviles, que puede tener una buena intención, pero me parece una constante equivocación el hecho de insistir en controlar las tecnologías, incrementar la carga regulatoria de los operadores móviles y también recargar la agenda del regulador, con el riesgo de distraer la atención de esta entidad de su objetivo fundamental de regular el mercado, para convertirlo en una entidad casi responsable de toda la seguridad ciudadana. Este tema también fue observado en sus recomendaciones por la misma Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD).
Otra medida negativa, aunque no dependió del Congreso, es el Decreto Legislativo N° 1560 sobre la operación de la Red Dorsal que establece un plazo adicional para [el Estado] seguir manteniendo la operación de dicha red, actualmente a cargo de Pronatel. Esto porque lo que debería haberse concretado es transferir dicha operación a una empresa privada que se haga cargo de la misma y no seguir manteniendo una red ineficiente.
«Como medidas positivas podemos destacar la Ley N° 31878, Ley que modifica la Constitución Política y declara el acceso al internet libre en todo el país, especialmente en las zonas rurales».
¿Qué temas pendientes quedaron para este 2024 que se debería aprobar?
Sin duda el tema de la Red Dorsal, que no ha sido solucionado en el 2023, sigue siendo el gran tema pendiente. Esperemos que este año se logre concretar la transferencia de toda esa red a un operador privado que se haga cargo de la misma y que el Estado deje de seguir gastando recursos en su operación y mantenimiento.
También está pendiente la norma que regula la compartición de infraestructura, cuyo proyecto fue publicado el año pasado para recibir comentarios, pero hasta la fecha no se aprueba. La norma es importante para reducir la brecha digital, porque reduce los costos de la ampliación de redes de telecomunicaciones en todo el país y ayuda a mejorar la calidad de los servicios en las áreas donde se presentan estos problemas.
También están pendientes la realización de los concursos públicos de frecuencias para implementar la tecnología 5G en todo el país, que esperamos se concrete este año.
Además, está pendiente la reglamentación de la Ley 31809, que establece que el Osiptel revise el marco regulatorio para simplificar y eliminar las regulaciones y obligaciones que no se adecuen a los principios de eficiencia, efectividad, necesidad y proporcionalidad.
«Esperemos que este año se logre concretar la transferencia de toda esa red a un operador privado que se haga cargo de la misma y que el Estado deje de seguir gastando recursos en su operación y mantenimiento».
¿Qué opina sobre el Decreto Legislativo Nº 1599 para impulsar la innovación tecnológica y reducir la brecha digital publicado en diciembre?
El Decreto Legislativo N° 1599 es un conjunto de medidas bastante acertadas que buscan promover la innovación tecnológica, reducir la brecha digital y el acceso a los servicios pública mediante diversos mecanismos de flexibilización regulatoria. Ahora lo que corresponde es concretar esos objetivos y plasmarlo en reglamentos o normas puntuales que definan todos esos mecanismos de incentivos y que se necesitan para reducir la brecha digital.
Por eso, sería importante que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) trabaje con los operadores y la academia sobre las medidas convenientes para el mercado y los usuarios, mediante una agenda conjunta que permita identificar con precisión aquellas medidas que el mercado de telecomunicaciones y los usuarios requieren para cumplir con los objetivos propuestos.
¿Qué espera este año en material legal para continuar reduciendo la brecha digital?
En materia legal se requiere la implementación y ejecución de las normas antes mencionadas para concretar los objetivos de reducir la brecha digital, como por ejemplo a través de la aplicación directa de la tasa y el aporte al Fondo de inversión en telecomunicaciones (FITEL) con el fin de expandir la infraestructura o la mejora tecnológica.
Además, también son necesarias otras normas como es la compartición de infraestructura activa para los servicios de telecomunicaciones. También es importante la realización de los concursos de frecuencias para implementar la tecnología 5G en los servicios móviles en todo el país, eliminar las regulaciones obsoletas y reducir la carga regulatoria que aún se mantienen.
Sepa más: Manuel Cipriano es un abogado con más de 20 años de experiencia en regulación de telecomunicaciones. Ha sido gerente general de Autorizaciones en Telecomunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y vicepresidente de Osiptel. Asumió de forma temporal (presidente encargado) la dirección del ente regulador en el 2017.
