Cada cierto número de años salta a la primera plana de los diarios un escándalo ligado a malas prácticas en empresas del ecosistema digital. Más de una multinacional se ha visto envuelta en un caso que ha conllevado pago de multas y despidos de personal debido a faltas éticas, como sobornar a funcionarios púbicos. A estas empresas, el desviarse de la práctica honesta les cuesta caro, pues acaban presentando desde caídas en el valor de sus acciones bursátiles hasta pérdidas de nuevos negocios.
Sucede en todas las latitudes. Sin ir muy lejos geográficamente, podemos recordar cómo, poco después de que en 2012 Estados Unidos sancionara a Walmart México por el pago de sobornos a empleados municipales para acelerar el trámite de permisos en las construcciones de tiendas. O también como HP se viera envuelto en otro caso por el uso de un intermediario en México para pagar y ganar la buena pro en una millonaria licitación del 2008 y 2009. En 2014, la Justicia estadounidense condenaría a la matriz el pago de US$108 millones en multas por ser culpable de soborno en Rusia, Polonia y México.
Otro caso muy sonado fue el de IBM en Argentina. La filial local de la empresa sobornó a funcionarios del Banco de la Nación Argentina con unos US$ 21 millones, para un proyecto que buscaba informatizar la entidad bancaria por US$ 250 millones en 1993. La causa se inició en 1994 pero, hasta 2016 el juicio no se había iniciado. Al final, a todos los condenados se los inhabilitó para ejercer cargos públicos de por vida y la Comisión del Mercado de Valores (SEC) le impuso una multa en el 2013. Ya entonces IBM enfrentaba otra investigación desde marzo de 2011 por acusaciones de sobornos a funcionarios en China y Corea del Sur y acordó pagar una multa de US$10 millones.
Un nuevo caso: SAP
Según informó la agencia Europa Press, este mes la Comisión del Mercado de Valores (SEC) de Estados Unidos concluyó que SAP violó la legislación de prevención de prácticas corruptas en el extranjero. SAP había empleado intermediarios y consultores de terceros desde diciembre de 2014 hasta enero de 2022 para pagar sobornos a funcionarios gubernamentales de siete países con el fin de obtener negocios en el sector público.
La tecnológica alemana pagará más de US$ 218 millones a las autoridades de Estados Unidos para cerrar la investigación por sobornos a funcionarios de Sudáfrica, Indonesia, Kenia, Tanzania, Azerbaiyán, Malawi y Ghana. La multa es de US$ 118,8 millones (108,3 millones de euros) y un decomiso de US$ 103 millones, de los que destinarán US$ 85 millones para el pago de una restitución a la SEC, que realizaba sus propias pesquisas.
SAP habría consentido en cesar y desistir de su comportamiento, además de pagar una indemnización más intereses. SAP violó la legislación de prevención de prácticas corruptas en el extranjero al emplear a intermediarios y consultores de terceros para pagar sobornos a funcionarios gubernamentales con el fin de obtener negocios con clientes del sector público en los países mencionados. Además, SAP registró de manera “inexacta” los sobornos como gastos empresariales legítimos en sus balances y no implementó suficientes controles contables internos en sus filiales y los que ellas subcontrataban.
SAP violó la legislación de prevención de prácticas corruptas en el extranjero al emplear a intermediarios y consultores de terceros para pagar sobornos a funcionarios gubernamentales con el fin de obtener negocios con clientes del sector público (en los países afectados).
“Nuestra orden responsabiliza a SAP por una mala conducta, que abarcó siete jurisdicciones y persistió durante varios años (…) Además, es un recordatorio de la necesidad de que las empresas globales estén en sintonía tanto con los riesgos de sus negocios como con la necesidad de mantener controles adecuados a sus subsidiarias”, enfatizó Charles E. Cain, jefe de la Unidad FCPA de la División de Cumplimiento de la SEC al emitir su mandato la semana pasada.
Riesgos heredados
Cada vez más empresas adoptan directrices éticas acordes con sus valores y en sintonía con el ejercicio ético como parte de su responsabilidad social, midiendo su cumplimiento. Para hacer esto viable, no sólo dependen de establecer estrictos protocolos en el ámbito interno, como el enfatizado por Cain, sino de trabajar de la mano con proveedores y socios comerciales que también den garantías de hacer lo propio desde su operación.
En la actualidad, donde estos criterios de transparencia son implementados de manera transversal a la gestión empresarial, considerar certificaciones como el ISO 37001 y un historial libre de casos de corrupción como características claves de un proveedor a la hora de decidir sobre el establecimiento de relaciones con éste, termina por volverse una necesidad. El costo de obviarlo, a nivel reputacional y económico, más aún si tiene acceso a información sensible de la empresa, es demasiado alto como para posponerlo.
