En el conversatorio “Desafíos regulatorios en tecnología: Aplicativos digitales de movilidad”, organizado por Síntesis Consultoría, se analizaron las propuestas que buscan regular las plataformas de movilidad o compañías de intermediación digital.
En la actualidad, el uso de aplicativos como Rappi, PedidosYa, Uber o Cabify se ha vuelto parte de la vida diaria de las personas y han surgido varias voces buscando su regulación, porque no se trata de una actividad menor o que pase desapercibida. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE) el impacto económico directo e indirecto en 2022 fue de más de S/5,5 mil millones, el equivalente al 0,59% del PIB.
La explosión de estos nuevos métodos de transporte se ha traducido en una discusión regulatoria. Algunos quieren imponer los mismos principios de ley bajo los que opera el taxi tradicional, mientras otros apuntan buscan protegerlas e impulsar su uso, porque ofrecen experiencias de transporte más confiables y eficientes.
Las plataformas de intermediación de movilidad entrarían a un nuevo régimen regulatorio según el Proyecto de Ley 842/2021-CR. Para analizar esta propuesta y la necesidad o no de una nueva regulación, Síntesis Consultoría realizó el conversatorio “Desafíos regulatorios en tecnología: Aplicativos digitales de movilidad”. Acudieron representantes del Estado, organizaciones ciudadanas y de las compañías de intermediación digital.
Jaime Dupuy, gerente de Asuntos Legales y Regulatorios de Comex Perú, destacó en el evento que las empresas de intermediación digital no son de transporte y no deben tener la misma regulación que los taxis tradicionales. Además, remarcó que la supuesta percepción de inseguridad ligada a este servicio no es tal ya que poseen múltiples innovaciones y entregan herramientas de trazabilidad, haciendo que las plataformas sean consideradas como más seguras.
“Los operadores de plataformas digitales pueden convertirse en aliados de los gobiernos debido a los datos que manejan (calles, recorridos, entre otros). Con ello, es posible implementar políticas más eficientes de transporte en favor de la ciudadanía. Se trata de buscar un balance con la operatividad de las plataformas digitales, pues genera un bienestar económico a la ciudadanía”, dijo.
Estas plataformas no solo mejoran la calidad del viaje, sino que brindan mayor seguridad a los pasajeros, añadió Mariana Alegre, directora ejecutiva de la ONG “Lima Cómo Vamos”. A su entender, “una regulación puede complejizar el acceso a un servicio de esta naturaleza, afectando principalmente a mujeres desprotegidas quienes son las que usan mayormente este tipo de transporte”, indicó.
En un reciente estudio que han elaborado, agregó, se resalta la seguridad como uno de los aspectos más valorados por los usuarios al elegir estas plataformas de intermediación con un 20,9% frente a un 6,2% atribuido al taxi tradicional. En el caso de los buses y combis, el informe señala que la ciudadanía solo le otorga un 4,1%.
“(S)e debe evitar la sobre regulación y, a su vez, delimitar las competencias de las autoridades involucradas en el marco regulatorio: MTC, ATU, Secretaría de Gobierno en Transformación Digital de la PCM y los Municipios”.
– Jaime Dupuy, gerente de Asuntos Legales y Regulatorios de Comex Perú
Los panelistas coincidieron con ella en que la presencia de las plataformas de intermediación aporta numerosos beneficios a la movilidad urbana, pero advirtieron que existen retos para repensar en mejoras de nuestro sistema de transporte. Las aplicaciones colaboran en la reducción de la congestión vehicular al realizar recorridos personalizados y optimizados; permiten una trazabilidad del recorrido y ofrecen la posibilidad de compartirlo, pero no deben tener carta blanca para absolutamente todo.
Ofelia Soriano, directora de Políticas y Normas en Transporte Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, explicó que la autoridad ve en las plataformas de movilidad un modelo de tres agentes, que incluye al conductor, al pasajero y el agente intermediario que es la plataforma digital que cumple la función de conectar o intermediar al pasajero. Se necesita incorporar a las empresas de intermediación digital dentro de un marco regulatorio, remarcó.
Jaime Dupuy advirtió que se debe evitar la sobre regulación y, a su vez, delimitar las competencias de las autoridades involucradas en el marco regulatorio: MTC, ATU, Secretaría de Gobierno en Transformación Digital de la PCM y los Municipios. De esta manera se evitarán “regulaciones ineficientes” como las dadas en los municipios de Miraflores y Surco, y el fallido intento de la Municipalidad de San Borja, dijo.
